El 1º de diciembre de 1963, hablando ante los miembros de la Unión Internacional de la Prensa Católica (UCIP), el papa Pío XII afirmó que “la opinión pública corre con independencia del camino que sigan las leyes y las instituciones” y agregó que “hay que liberarse de la esclavitud de presiones sociológicas y afirmar la libertad de juicio”. La encíclica Communio et Progressio (1971) del papa Pablo VI señala también que “la libertad de expresar la propia opinión es factor y elemento necesario en la formación de la opinión pública”. Añade el documento pontificio que “la libertad, por la que cada uno puede expresar sus sentimientos y opiniones, es necesaria para la formación recta y exacta de la opinión pública”. El mismo texto sostiene que “conviene pues, con el Concilio Vaticano II, defender la necesidad de la libertad de expresión, tanto para los individuos como para la colectividad, dentro de los límites de la honestidad y del bien común”. ¿Por qué? Porque “es necesaria la libre confrontación de opiniones. Es necesario que se conceda a todos los miembros de la sociedad la posibilidad de acceso a las fuentes y a los canales de información, así como la posibilidad de exponer libremente su pensamiento. La libertad de opinión y el derecho de informarse y de informar son inseparables”. Y reafirma el papa Pablo VI en su encíclica sobre la comunicación que “el derecho a la información no es sólo un derecho individual, sino una verdadera exigencia del bien común”. ¿Expresar opiniones discrepantes con lo que sostienen algunos miembros de la jerarquía eclesiástica es mérito suficiente para calificar a Página/12 como “un matutino de definida militancia anticatólica” que guarda “el secreto interés de destruir la misma institución eclesial”? Seguramente no opinan así los muchos católicos y católicas que cotidianamente escriben en el diario expresando distintas posiciones, diferentes entre sí y muchas veces lejanas también a lo que sostienen otros periodistas y columnistas de este medio. Lo es, sin embargo, para el arzobispo emérito de Corrientes, Domingo Castagna, que prefirió descalificar por la vía de la adjetivación la información y las opiniones vertidas en Página/12 a propósito de la condena al sacerdote Von Wernich. Pero quizá sirva también a la reflexión de todos recordar lo dicho por Germán Rey Rincón, investigador de la comunicación, periodista y reconocido católico, en un seminario sobre “La Iglesia en la opinión pública de nuestros países”, celebrado en Santafé de Bogotá (Colombia) y organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) el año anterior. En ese ámbito el docente colombiano sostuvo que “en el pasado la opinión pública estaba dominada por las instituciones políticas y la Iglesia Católica. Colombia, era, como muchos otros países de América latina, una sociedad con fuerte influencia de los gobernantes, los políticos y la Iglesia. Era el país del ‘Sagrado Corazón’. Con frecuencia el poder se mimetizaba con las disposiciones de la Iglesia y el Estado tenía una evidente orientación religiosa, que se concretaba en asuntos como las relaciones entre la Iglesia y el Estado (por ejemplo a través de los acuerdos concordatarios), la promoción de partidos políticos orientados por el pensamiento social de la Iglesia (por ejemplo, el Partido Conservador), la incidencia de la Iglesia en la educación, además de sus planteamientos sobre temas como el control de natalidad, el matrimonio civil, el divorcio o inclusive el voto. La modernidad trajo un replanteamiento a fondo de esta situación. Es más, como lo señaló Norbert Lechner, la diferencia entre lo premoderno y la modernidad está precisamente en que lo primero era un orden determinado por lo religioso, mientras que la segunda es un orden construido por los propios hombres, para buscar colectivamente la convivencia. No se produjo entonces ningún desbarajuste de los valores, sino un replanteamiento de ellos que buscaba afianzar las ideas de autonomía y de libertad, de civilidad y ordenamiento construido, de regulaciones sociales y decisiones compartidas”. Más allá de la referencia a Colombia, las diferencias con nuestro país son apenas circunstanciales. Germán Rey ha sido ombudsman del diario El Tiempo (Bogotá), directivo del diario El Espectador (Bogotá), directivo del Instituto de Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, maestro consejero de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, participa de la International Study Commission on Media, Religion and Culture y actualmente es asesor del propio Consejo Episcopal Latinoamericano en materia de comunicación. En el mismo seminario el teólogo venezolano y sacerdote jesuita Jesús María Aguirre sostuvo que “la Iglesia tiene que asumir que su opinión, aun con su peso histórico y prestigio de experta en humanidad, debe participar en la esfera pública como una institución de la sociedad civil con talante democrático, sin exigir privilegios y tratamiento excepcional y además asumiendo el debate y las críticas públicas”.