Leí la nota publicada en Página/12 el miércoles 30 de enero, titulada “Una confesión complica a Uribe”. El texto señala que “durante años las ONG y las organizaciones de derechos humanos denunciaron solas el terrorismo de Estado que el presidente Uribe instaló con su política de seguridad democrática”.

El gobierno de Colombia considera inadmisible que se califique como terrorismo de Estado una política que durante los últimos cinco años ha mostrado avances tan significativos en la protección de los derechos a la vida y la integridad física de los ciudadanos. El descenso en los índices de homicidio, masacres y secuestro extorsivo es una prueba indiscutible de la plena vigencia y legitimidad de un sistema democrático basado en la seguridad como garante de derechos.

Hoy, la oposición y la población más vulnerable tienen mejores garantías para ejercer su actividad. Así lo atestiguan su participación en las elecciones y en los debates públicos, y la reducción de atentados contra sindicalistas, maestros e indígenas, entre otros. Falta camino por recorrer. Una nación democrática no puede descansar mientras se atente contra la vida o la libertad de las personas. Y existe toda la determinación institucional para lograrlo.

Los casos aislados de miembros de la fuerza pública comprometidos en la comisión de delitos son investigados por la Justicia y el gobierno es el primer interesado en que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Creemos en la necesidad de recuperar la seguridad para todos, sin distinción y de manera transparente. Ello sólo será posible con el pleno respeto por los derechos humanos y el apoyo de la ciudadanía.

Considero oportuno informar que el Ministerio de Defensa, con el apoyo de organismos de Naciones Unidas, lanzó hace poco una ambiciosa política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario como parte del compromiso de la fuerza pública de enfrentar las amenazas terroristas con pleno respeto por los derechos humanos y el DIH.

Jaime Bermúdez Merizalde

Embajador