Desde México hasta la Argentina, para no ir más lejos y para quedarnos en casa como se dice, algunos problemas sociales se reiteran con una regularidad y exactitud digna de las leyes de la naturaleza. Ni la rotación de la Tierra parece competir en reiteración con algunas reacciones sociales. Este es el caso de los supuestos o reales delitos atribuidos a los menores de edad.

Algunos países, particularmente de Centroamérica, nos tienen acostumbrados a ocupar este podio en forma permanente. El Salvador, Honduras y Guatemala resultan en forma abrumadora los casos más conspicuos. El caso de las maras ha adquirido ribetes políticos del tal magnitud que lo ha elevado a la categoría de asuntos internacionales. Tanto es así que la cuestión motivó una reunión, con su consiguiente declaración, de los propios presidentes de Centroamérica. Más aún, probablemente pocos se acuerden hoy de que el mismísimo Donald Rumsfeld, delirante arquitecto del pantano iraquí, en la cúspide de su poder se ocupó específicamente del tema en una de sus giras propagandísticas por la región.

Resulta claro, aunque no sea evidente, que ese podio se repite cuando del descalabro de las políticas sociales y especialmente del sistema educativo se trata. En los tres países arriba mencionados, alrededor del 70 por ciento de los adolescentes se encuentran fuera de las redes del sistema educativo. Vistas las cosas desde esta perspectiva, para cualquier observador riguroso el verdadero misterio radica paradójicamente en el interrogante de cómo y por qué estos problemas no tienen una dimensión aún mayor.

En estos últimos quince años, uno a uno los países de la región han debatido y aprobado leyes de responsabilidad penal juvenil que han respondido con mayor o menor felicidad técnico-jurídica al desafío de articular severidad con justicia. En otras palabras, a la instauración de una política criminal que permita escapar del falso dilema entre mano dura y mano blanda, para instaurar el racional principio de la mano justa. Una mano justa que no consiste ni debe consistir en alguna vaga abstracción filosófica y sí en la creación de verdaderos sistemas de justicia, que permitan distinguir las violaciones a la ley penal de problemas sociales que en el pasado contribuyeron, a través de la criminalización de la pobreza, a la consolidación del estado de cosas que hoy estamos enfrentando.

Aprobadas las reformas en el plano normativo, algunos por ignorancia y otros por mala fe se ocuparon de denunciar la persistencia de los fenómenos que estas leyes pretendían combatir. Reacciones como éstas constituyen en el mejor de los casos una falacia normativa, que consiste en atribuir efectos mágicos a la ley. Una ley de esta naturaleza no puede “resolver” los problemas que enuncia, su propósito es el de administrar en forma transparente, democrática y racional conflictos cuya dimensión guarda una relación de directa proporcionalidad con la presencia o ausencia de políticas sociales preventivas. Sobran evidencias para demostrar que no es al calor de hechos graves que conmueven a la opinión pública, ni mucho menos durante el fragor de los procesos electorales, que estos temas deben ser discutidos.

En nada contribuye a la paz social y a la consolidación de la democracia que frente a cada hecho grave se pretenda matar al mensajero de las malas noticias sin afectar las causas que las provocan. Más allá de la capitalización política personal de la desgracia ajena, con la que a veces lucran los que conciben a la política como una forma de espectáculo, ninguna reacción intempestiva e irracional ha producido resultados concretos en el aumento de los niveles de la seguridad ciudadana.

Articular el sacrosanto derecho de la sociedad a su seguridad colectiva con el sacrosanto derecho de cada individuo al respeto de sus garantías individuales constituye el mejor de los termómetros para medir el funcionamiento de la democracia.

Pero no es sólo por ellos, los adolescentes infractores, que necesitamos ofrecer respuestas serias y no fuegos pirotécnicos. Ninguna sociedad digna se construye sobre la furia y la irracionalidad.

* Abogado, catedrático de la Universidad de Buenos Aires.