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En materia de derechos civiles, acabamos de vivir una victoria legislativa enorme. La sociedad argentina, digo con el plural, o sea la democracia y la posibilidad de una convivencia más equitativa. La nueva ley de matrimonio igualitario es eso: una formidable conquista legislativa.

Personalmente, hoy no le aconsejaría a nadie que se case, quede claro, pues es una institución en mi opinión obsoleta y retrógrada, pero si hay matrimonio en las leyes argentinas, entonces que lo haya para todos y todas, es decir igualitario y a otra cosa. Y quien tenga ganas, que vaya y se case.

Pienso que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país ha pensado algo así: que está bien que los derechos civiles alcancen a todos y todas por igual, sin discriminaciones.

Aunque es cierto que todavía falta abatir montones de otras formas de discriminación, porque si hay algo que sobra en este país son las rémoras del pasado. Pero en ese camino estamos, y se puede ser optimistas. Y aunque llevará tiempo, hacia allá vamos.

Sin embargo, era obvio, sabido e inevitable que de todos modos iba a haber resistencias, antes, durante y después de la sanción legislativa. Así pasó a lo largo de nuestra historia con cada ley de este tipo, la última vez en 1987, con la ley de divorcio.

Ahora se sabía que iba a haber sectores troglodíticos que no iban a admitir los cambios sin resistencias, del mismo modo que era previsible que muchas buenas personas honestamente tuvieran dudas. Y eso también está bien: en democracia hay que distinguir a unos de otros y comprenderlos a todos, haciendo docencia pacientemente. La democracia es –nunca sobra repetirlo– una construcción muy lenta y requiere muchísima paciencia.

Por ejemplo ahora, cuando aparecen algunos supuestos “objetores de conciencia”, verbigracia unos pocos jueces ultramontanos que todos sabíamos que debía haber –y por suerte empiezan a dar la cara– y que en varias provincias se manifiestan en contra de la nueva ley y dicen, soberbios y desafiantes, que no la van a aplicar.

La pregunta parecería ser, entonces, qué hacer con ellos/ellas. Y la respuesta en democracia no puede ser otra que dejarlos que objeten. Ni reprimirlos ni polemizar. Hay que desdramatizar este asunto.

En todo caso, si estos jueces sienten que sus convicciones religiosas están en colisión con lo que manda la ley –y más allá de que hasta ahora no se conoce que objetaran torturas, genocidios ni demás barbaridades de la dictadura e incluso de estos tiempos, por aquello de las rémoras–, pues ahora tendrán que resolver sus contradicciones como puedan pero sin despegarse del mandato legal. Esto es, que si no aceptan casar a personas de un mismo sexo se les deberán aplicar las sanciones previstas por las leyes para los jueces que no cumplen con su deber. Tan sencillo como eso. Y punto.

Y en cuanto a aquellos ciudadanos y ciudadanas que se presenten en los registros civiles con voluntad de casarse y se encuentren con estos “objetores” tan selectivos, pues podrán cambiar de jueces o de juzgados, luego de hacer la denuncia por discriminación e incumplimiento de los deberes de esos funcionarios públicos.

No es tan grave, y además es un hecho que nadie quiere ser casado por un juez necio, estúpido o discriminador, que viene a ser más o menos lo mismo.

Por lo tanto, ¿para qué convertir esto ahora en una batalla innecesaria, si la ley ya fue sancionada y está en vigencia? No hace falta librar ninguna batalla ideológica fundamental, y menos con fanáticos soberbios. La inteligencia debe estar siempre de nuestro lado. El fundamentalismo ya sabemos dónde está.