Los legisladores del Grupo A rindieron examen ante los dirigentes de la Mesa de Enlace. El tema excluyente fueron las facultades delegadas que vencen el próximo 24 de agosto, y en particular las retenciones agropecuarias. La postura de parte del conglomerado opositor, con el sustento teórico del abogado Daniel Sabsay, es que de no prorrogarse las facultades delegadas, unas 1900 resoluciones del Ejecutivo dejarán de tener efecto. De esta manera, el Congreso debería abocarse no sólo a sancionar un nuevo régimen de retenciones, sino que debería legislar sobre todo el Código Aduanero, entre otros temas. El oficialismo rechaza esta postura. “Lo que puede caer es la facultad para delegar y nunca lo ya actuado. Tenemos la convicción de que es así. De todas maneras, el intérprete final será la Justicia”, retrucó ante Página/12 Luis Cigogna (FpV).

De hecho, el diputado radical Ricardo Buryaile señaló que por más que venzan las facultades delegadas, las retenciones no desaparecerán. “El Estado va a seguir recaudando. Lo que no podrá hacer la Presidenta es subir o bajar las alícuotas”, reconoció el presidente de la Comisión de Agricultura y representante de CRA en el Parlamento.

El próximo 24 de agosto será el Día D. Según la interpretación de quien fuera el referente en temas de Justicia de la Coalición Cívica, lo que estará en juego, más allá de un nuevo sistema de retenciones, es si todo lo legislado desde 1994 hasta el momento a partir de facultades delegadas queda vigente o no. Esto abarca, además del Código Aduanero, los impuestos internos, la ampliación del presupuesto, la financiación de obras, la ley de abastecimiento y la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos, entre otras normativas.

El Poder Ejecutivo envió a la Comisión Bicameral encargada de realizar el digesto de todas las normativas una lista con 365 leyes consideradas relevantes para su gestión. Por su parte, el grupo de juristas de la Bicameral elaboró un compendio de aproximadamente 270 normas. Sin embargo, para la oposición sólo deberían prorrogarse –como mucho– 40 leyes. A partir de este escenario, un sector de la oposición repitió ayer su hipótesis de máxima.

“Si el próximo 24 de agosto no se sanciona un proyecto sustitutivo, el Poder Legislativo retomará las facultades delegadas y caducará toda la delegación, que es un verdadero pergeño jurídico. Una decisión en contrario es inconstitucional”, señaló Sabsay durante su exposición en la Rural. Y agregó que si los legisladores no actúan según su interpretación, estarían incumpliendo el artículo 29 de la Constitución Nacional: es decir que les cabría una pena por “traidores a la patria”. Pero esta es una postura extrema. Ni el oficialismo ni un amplio sector de la oposición –legisladores radicales, en reserva, admitían que la interpretación de Sabsay y Carrió “es absurda”– comparten esa posición.

Las leyes que están bajo estudio son de dos tipos: las delegadas en el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, ejercidas por la Presidencia de la Nación y el jefe de Gabinete, y otras que son subdelegadas. Estas son aplicadas por diferentes organismos públicos, como la AFIP, la Oncca, el Ministerio de Economía, etc. La distinción no es menor y sirve para entender la complejidad del tema, que excede el tema de las retenciones. Cuando el año pasado se prorrogó la delegación de facultades, se incluyó un artículo donde se obligó al Ejecutivo a enviar a la Bicameral todas las iniciativas comprendidas en las facultades subdelegadas.

La consecuencia fue que este año ya ingresó al Congreso una serie de DNU sobre temas arancelarios del Mercosur, los cuales deberán ser investigados y revisados por los legisladores. De primar la lógica del Grupo A, el Congreso debería transformarse en una oficina más de la Aduana, por la cantidad de resoluciones y disposiciones arancelarias que debería revisar.

“No cae el Código Aduanero ni nada que haya sido creado por una facultad delegada. Hace unos meses, el Ejecutivo había preacordado prorrogar una serie de normas, como las retenciones, con una banda posible de alícuotas. Eso había sido aceptado por la oposición. Pero ahora parece que van por todo. Entonces nosotros vamos a defender las 365 leyes que son necesarias para el funcionamiento del Estado”, aseveró a este diario una alta fuente del FpV.