El jefe de la Policía de Río Negro, comisario Jorge Villanova, estuvo el 17 de junio pasado, al mediodía, en la sede de la Comisaría 28ª de Bariloche, en la zona del Alto, horas después del asesinato del joven Diego Bonnefoi, de 15 años, y cuando estaban comenzando las movilizaciones populares que luego fueron reprimidas en forma violenta por la policía, lo que provocó dos nuevas muertes, las de Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29). El dato es importante, en el marco de la investigación de las muertes de Carrasco y Cárdenas, porque los abogados de las familias solicitaron al juez de la causa, Martín Lozada, que investigue “a la cadena de mandos” ya que “las responsabilidades no pueden terminar en los jefes de la Unidad Regional III (ya separados de sus cargos) sino que deben seguir hacia el jefe de policía y los responsables políticos”. Todo indica que Villanova será llamado a prestar declaración, al igual que el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y el secretario de Seguridad y ex jefe de la fuerza, Víctor Cufré, quienes también estuvieron en Bariloche el 17 de junio, aunque no se sabe si en la misma Comisaría 28ª. En el libro de novedades de la seccional quedó asentada la visita de Villanova.

Hasta ahora, los únicos sancionados por el gobierno provincial fueron el entonces titular de la 28ª, Jorge Carrizo, y los jefes de la Regional III, Argentino Hermosa y Fidel Veroiza. Sobre la posibilidad de que Villanova haya sido el que dio la orden de reprimir, Hermosa declaró ante la prensa que “en estos casos, las responsabilidades son compartidas entre los mandos superiores y los mandos medios”. Además, Hermosa afirmó que el día de los hechos estuvo “acompañado permanentemente por mi jefe de policía”, en un gesto que pareció de reconocimiento, pero que puede perjudicar a Villanova, si el ex jefe de la Regional III repite sus dichos cuando declare ante el juez Lozada. El 17 de junio, en Bariloche, estuvieron Villanova, Larreguy y Cufré, quienes acompañaban al gobernador Miguel Saiz durante una visita a la cercana ciudad de El Bolsón.

Otro punto importante tiene que ver con el reconocimiento, por parte de las autoridades policiales, de que hubo el 17 de junio un importante acopio de municiones, como los proyectiles PG (propósitos generales), de plomo, que fueron retirados por un agente policial, de apellido Aballay, de las oficinas de la empresa Prosegur en Bariloche. Fueron tres cajas y media de cartuchos, según reconoció el área de Control de Gestión Interna de la policía, en un informe entregado a la Justicia. Los proyectiles habrían sido distribuidos entre al menos seis de los agentes que participaron en la represión. Por este tema tendrá que ir a prestar declaración testimonial el agente Aballay.

Además, en el parte diario del grupo antimotines BORA, con sede en Bariloche, quedó asentado que el día 17, antes del comienzo de la represión, unos agentes rompieron el candado de un placard para sacar de allí cajas con municiones. No se sabe si eran del tipo PG, de plomo, o si eran las AT (Antitumulto), de goma. De todos modos, en forma paralela a la investigación por las muertes de Carrasco y Cárdenas, el juez Lozada investiga una denuncia presentada por al menos ocho personas que resultaron heridas, en algunos casos de cierta gravedad, por el accionar represivo. Las dos causas podrían unificarse porque los dos muertos y los ocho heridos fueron el resultado del accionar policial en el barrio Boris Furman, donde viven los Bonnefoi y donde estaba la Comisaría 28ª.

En los operativos del día 17 participaron policías de las comisarías 2ª, 8ª y 27ª, de Melipal, del grupo BORA, de la Unidad Penitenciaria 3 y de la Brigada de Investigaciones. Hubo un grupo de seis u ocho hombres de la Brigada, vestidos de civil y con los rostros cubiertos con pasamontañas, que llevaban Itakas similares a las que dispararon los perdigones de plomo que produjeron las dos muertes.

También se confirmó, como había adelantado este diario, que se pedirá una pericia de sonido y análisis de ecos de los disparos al Grupo de Física Forense del Centro Atómico de Bariloche. El trabajo se hará sobre filmaciones y fotos obtenidas durante la represión. Se busca determinar de qué grupos de policías partieron los disparos que mataron a Carrasco y Cárdenas.

En una conferencia de prensa ofrecida ayer, Rubén Marigo, de la APDH de Bariloche y uno de los abogados querellantes, dijo que “resulta llamativo que hayan pedido municiones a Prosegur e incluso a Prefectura”. También señaló que “es extraño que (en la causa) hayan dicho que no se lleva un inventario de las municiones almacenadas. Sin ese dato –precisó Marigo– es imposible saber cuántas municiones y de qué tipo se usaron durante la represión de los días 17 y 18” de junio. Marigo le dijo a Página/12 que le están pidiendo al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Víctor Sodero Nievas, que le permita al juez Lozada quedarse “únicamente con esta causa, por 30 o 40 días, hasta terminar con las actuaciones, porque eso nos permitiría reunir pruebas necesarias para llegar al esclarecimiento de los hechos”.

Los querellantes están pidiendo la versión taquigráfica de lo que dijo el ministro Larreguy, en Viedma, durante la interpelación realizada el 8 de junio pasado. El funcionario incurrió en graves contradicciones: “No hubo represión –dijo–, fue prevención”. Hasta aseguró que “no se usaron proyectiles de plomo”, lo que fue desvirtuado por el propio gobierno de Río Negro algunas semanas después. Por esta razón, la APDH de Bariloche y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le pidieron al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, que convoque “con carácter de urgencia a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior”.

El motivo invocado es “la falta de respuesta política” del gobierno de Río Negro, a quien el Consejo debería exigirle “que informe sobre las medidas tomadas para el esclarecimiento y la sanción de los homicidios” de Bonnefoi, Carrasco y Cárdenas.