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“Democracia o corporación judicial” decía el cartel que el miércoles de esta semana servía de fondo al acto que el colectivo Justicia Legítima organizó frente a los Tribunales. Uno de sus referentes, el fiscal Jorge Auat, flamante titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, sintetizó a su turno en el escenario algo de lo que quedó flotando después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. “No hemos venido a quejarnos de ese fallo, eso es un episodio anecdótico”, dijo. “Estamos planteando un cambio de paradigma, un cambio cultural para los tiempos que vienen”, agregó y, como varios otros de los expositores –abogados, funcionarios y empleados judiciales, miembros de organismos de derechos humanos, víctimas de casos que no se resolvieron–, invirtió los términos en los que está planteado el actual Poder Judicial: la convicción expresada es que ese Poder no puede ser el territorio liberado que les quedó de saldo a los poderes corporativos, sino el dador del servicio de justicia de una sociedad que busca la equidad en todas sus facetas: precisamente, esa equidad se opone a una sociedad de elite, pero también a una sociedad populista en el sentido en el que habitualmente se habla de populismo –la alienación de los sectores populares a través de un consumismo prefabricado para esa obnubilación acrítica–, la redistribución de la riqueza sólo es posible cuando va de la mano de la redistribución del poder. “Democracia o corporaciones” no es un eslogan, sino un dilema al que se enfrentan las democracias del mundo, arrasadas por la labilidad de la política, que se entregó a “lo inevitable” de la lógica neoliberal. Para esa lógica, ni la investidura presidencial merece el respeto que emana de la voluntad popular. Lo expresó claramente Héctor Magnetto cuando le dijo a Carlos Menem que el de presidente se trataba de un “puesto menor” comparado al suyo.

En ese cambio de paradigma y en lo que le toca al Poder Judicial, las ideas que brotan de Justicia Legítima ofrecen un primer escenario que fue también vehemente reivindicado por Auat en ese acto: no es la respuesta, no es una ley en particular, no es lo ya formulado lo que se iba a defender y se defenderá, sino la discusión. Nos volveríamos de pronto un país mucho más civilizado y confortable si todos los sectores se avinieran a admitir que hay discusiones que ya son inevitables, y si se prepararan para darlas. No es la respuesta lo importante ahora, sino las preguntas que se abren colectivamente, en un momento en el que se corrió la escenografía y lo que parecía natural, por cotidiano, aparece desnudo en su construcción política y social.

El tema parece ser a qué distancia nos paramos de los hechos, y dónde los inscribimos, si en la agenda mediática de un día o una semana, si en una campaña electoral, si en una pulseada doméstica, o en la historia. Cuando hablamos de cambios de paradigmas, de profundos sacudones culturales, no estamos hablando, efectivamente, de algo que puedan imponer o borrar ni siete, ni setenta veces siete personas, aunque se hayan reservado para ellas los lugares privilegiados de enunciación. Un cambio de paradigma no es discursivo. Hay un discurso, muchos discursos que lo contienen, pero su epicentro no está en el lenguaje, sino en las estructuras. El fallo adverso de la Corte Suprema puede ser anecdótico, desde ese punto de vista, porque suspende, deja sin efecto lo decidido por el Poder Legislativo, con fundamentos que, para no explayarme, sintetizaré como “caretas”. Pero un tribunal, incluso el máximo, no tiene entre sus atribuciones ni sus posibilidades la de frenar la discusión sobre el Poder Judicial, ni impedir la voluntad y las convicciones de muchos de sus miembros y de la ciudadanía a la que ese poder del Estado debe servir. Esa discusión democrática es lo opuesto a un cónclave: es necesariamente abierta, está sobre la mesa, les concierne a los abogados y a los jueces, pero sobre todo a quienes demandan justicia. Esa conciencia que late debajo de palabras que parecían de piedra y ahora mutan es lo indetenible. La Justicia no puede ser un secreto, ni un don ni un azar ni una gentileza.

Hace décadas que recurrentemente en marchas populares aparecen las pancartas pidiendo “justicia”. Los reclamos se le hacen generalmente al poder político, poco menos que defenestrado en los fundamentos del fallo de la Corte, como si sus propios miembros no hubiesen sido propuestos por el poder político y como si alguno de ellos viera hoy impedimentos para fallar según su leal saber y entender, que mal que les pese incluye su respectiva ideología. La gente seguirá pidiendo “justicia”, pero lo indetenible es que cada vez más esa gente será consciente de qué es lo que pide y a quién se lo debe pedir. El Poder Judicial ya no es hermético. De sus grietas salen muchas explicaciones sobre el mal funcionamiento –por ineptitud a veces, por corrupción otras tantas y por perpetuación de clase en la mayoría– de lo que a todas luces no es un servicio, sino un engranaje burocrático que se encubrió a sí mismo durante los últimos treinta y cinco años.

“Como el agua nos vamos a ir metiendo”, dijo sobre los miles de disidentes con la acepción corporativa de la Justicia la presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori. A eso sí se parecen los cambios de paradigma: a un goteo, a algo acuoso que se filtra, que avanza, que se cuela, que llena lo vacío. A algo que sucede sin que se lo planifique, pero que cuando ocurre resulta inevitable. Si el fallo de la Corte puede tomarse como algo anecdótico, no es desde la coyuntura y la emergencia, sino desde la perspectiva histórica que cada día se nos manifiesta en toda su potencia, y nos reafirma que lo que importa es el rumbo, porque de la velocidad se ocupa el viento de las generaciones.