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Varios meses después de haberlo anunciado la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich logró poner en escena su “protocolo anti piquetes” para desalojar manifestantes en la autopista que une Buenos Aires con la ciudad de La Plata. Hubo carros hidrantes, balas de goma y piqueteros golpeados. Demostración de fuerza para meter miedo y dejar en claro qué puede suceder, de aquí en adelante, ante circunstancias similares. Más que como una noticia el hecho fue celebrado como un triunfo por algunos medios y periodistas acostumbrados a hacer de coro al oficialismo. Los mismos medios y periodistas que, casi al unísono, vienen anunciando en los últimos días la existencia de un presunto plan al que titulan de “subversivo” mezclando legítimos actos de protesta con denuncias de amenazas e intimidaciones.

Nada de lo anterior puede leerse al margen del perfil ideológico del gobierno nacional que intenta instalar en la ciudadanía la sensación del caos, concebida como una estrategia más de gestión del macrismo.

No hay que desconocer entonces que desde el propio Gobierno se viene alimentando la idea de un clima de violencia revestido de denuncias por amenazas telefónicas a funcionarios a las que se sumó un “ataque” al mismo Presidente en Mar del Plata, hecho que no estuvo nunca probado y que fue desmentido incluso por el Jefe de la Policía bonaerense. Desde la usina de ideas que alimenta el relato oficialista se pretende sumar esta situación también a la “pesada herencia”, haciendo responsable de ello en primer lugar, a la ex presidenta Cristina Fernández y señalando que existen “declaraciones destituyentes” de ex funcionarios y simpatizantes del gobierno anterior.

Un paréntesis para dar lugar a una digresión. Resulta por lo menos curioso –cuando no irritante– que quienes ahora califican de “destituyentes” las manifestaciones opositoras, sean los mismos que hicieron uso de la libertad de expresión para calumniar, mentir y agraviar a quien hasta el 10 de diciembre ejercía la misma magistratura que hoy dicen que hay que respetar.

Volviendo. Está claro que desalentar (si es necesario reprimiendo) la protesta callejera y la movilización social es parte fundamental del plan trazado por el gobierno de Mauricio Macri con el fin de dar garantías para el accionar con beneficio de los grupos económicos elegidos como aliados. En ese rumbo ahora están encaminados los esfuerzos para crear “sensación” de violencia social, poner en alerta sobre el riesgo que ello implica y justificar la represión. El Gobierno pretende que cualquier crítica sea leída al margen de los datos económicos y sociales que realmente le dan vida: desocupación, caída del nivel de vida, aumento de tarifas, inflación. Por el contrario el relato apunta a “un plan de desestabilización promovido por los k” que mete en la misma bolsa a la protesta social, inseguridad delincuencial, amenazas telefónicas incomprobables, hechos vinculados con las internas políticas, policiales y de los servicios de seguridad, para mencionar tan solo algunos de los motivos reales. Poco importa el origen o las causas: lo importante es reunir todo bajo el mismo paquete con la idea, por un lado, de justificar la represión (contra los jubilados o contra desocupados), y por otro, mostrar un Gobierno fuerte que ejerce su autoridad y su poder de fuego, capaz de garantizar a aquellos que están convocando a invertir que está en capacidad de velar por sus intereses.

La otra parte de la misma operación consiste en profundizar la línea argumentativa iniciada en su momento por el ministro Alfonso Prat Gay cuando afirmó que “cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar empleos a cambio de salarios”. El Ministro de Hacienda muestra el lado áspero. Macri usa su tono coloquial de “chico bueno” para pedirle a los trabajadores que “no pongan palos en la rueda”, algo que podría traducirse como “sean buenitos, no hagan lío y acepten lo que les toca ahora porque antes estuvieron mal acostumbrados”. En su argumentación el Presidente sostiene que “no se trata de un cambio económico, sino de un cambio cultural, de volver a las fuentes, a un compromiso con la calidad, la verdad y el esfuerzo”. Y para satisfacción de su tribuna Macri alude, sin ningún dato que lo sostenga, al “ausentismo” y a la “costumbre” de “inventar juicios” como modalidades de “poner palos en la rueda”. Sus intérpretes hablarán de la importancia del regreso “a la normalidad” sin aclarar que la normalidad a la que se refieren es la de ricos cada vez más ricos y pobres que seguirán siendo pobres.

Para garantizar también esa “normalidad” es necesario que la mayoría de los dirigentes sindicales eviten la confrontación y sean “convencidos” (no importa la forma ni el método) por el Gobierno para “dejar abierto el diálogo”, “dar tiempo” y eviten protestas que se consideran excesivas o fuera de lugar. Por si los argumentos y las presiones a los trabajadores y sus dirigentes no fueran suficientes, hoy el Gobierno cuenta a su favor con la desmovilización que genera el alto índice de desocupación y el consecuente temor a la pérdida del empleo que también obra para evitar reclamos salariales.

Quienes no se encuadren en ese escenario y se lancen a las calles serán “desadaptados” o directamente “destituyentes” que merecen ser reprimidos para bien de todos.

Mientras tanto el Presidente tampoco deja de presionar al fuero laboral exigiéndole que cambie su tradición de fallos favorables a los trabajadores. Algo que también podría leerse como una demanda a la justicia laboral para actúe como aliado incondicional del Gobierno de la misma manera que lo están haciendo ahora otros estamentos del Poder Judicial.

Pasó la etapa de la seducción y los buenos modales. El “cambio cultural” pero sobre todo el modelo económico está exigiendo otra cosa. Y el Gobierno de la Alianza Cambiemos ya comenzó a transitar la estrategia del miedo.