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Siempre visité a los presos políticos. Alguna vez pensé en una época en que esas visitas se iban a hacer innecesarias porque imperaría un sistema de libertades, derechos y convivencias. Hace dos días fui otra vez a la cárcel de Devoto. Cuando entro en ella me da tristeza, melancolía y rabia. La entrada por donde arriban los parientes de los presos, toda llena de basura y tristeza. Me imagino los versos apenados que hubiera escrito Raúl González Tuñón. Mujeres y chicos mal vestidos y con arrugas u ojos con desdicha. ¡Documentos! Cacheos, y las miradas menospreciativas de los que tienen –al parecer– la ventaja de poseer uniforme. Y las mujeres con paquetes de alimentos. Son las verdaderas víctimas de la sociedad, de esa sociedad que no deja nunca de ser autoritaria. Recuerdo cuando fui, en tiempos de Alfonsín, a visitar a los eternos presos políticos, con distintos rostros. Nunca se dice, pero el gobierno radical mantuvo presos a quienes habían sido condenados por la justicia de los desaparecedores uniformados. Una vez los fui a visitar a esa cárcel con la actriz noruega Liv Ullmann. Cuando trajeron a los presos, la bella Liv les dio a cada uno un beso en la mejilla. Varios años después encontré en la calle a uno de esos presos políticos, quien desde lejos me señalaba su mejilla con el dedo índice a medida que se acercaba. Cuando ya estuvo frente a mí le pregunté: ¿por qué esa seña? Y él, radiante, me contestó: el beso de Liv Ullmann.
El sueño del preso.
Como digo, hace dos días fui a la cárcel de Villa Devoto. A visitar a los presos políticos de la Legislatura. Es hasta morrocotudo decir que son presos por el Código de Convivencia. ¿Presos por convivencia? Sí. Son vendedores ambulantes, travestis y meretrices. Están presos desde julio, acusados de cargos que los pueden llevar a sufrir catorce años de prisión. Nada menos que de “coacción agravada, privación de la libertad, daños calificados, resistencia a la autoridad”. Sí, catorce años. Todos los acusados son de pobreza extrema. Por supuesto.
Son presos políticos para cualquier conocedor de la sociedad argentina. Una sociedad que no hizo nada por ellos. Al contrario: les encajó de pronto el nuevo código de convivencia y ahora el código contravencional. A vendedores de garrapiñadas, panchos, pochoclo, helados. Esos son “los verdaderos culpables de que ande mal el país”. Por eso palos, cárcel, que desaparezcan de las calles porteñas. Uno de ellos, un muchacho santiagueño, me relata: “Tenía un pequeño stand cerca de la Plaza de Mayo, vendía juguetitos y cositas para los turistas; semanalmente venía la policía que me exigía veinte pesos, y después vino la orden de radiarnos; fui a protestar a la Legislatura. Nos cagaron a palos, nos llevaron a la comisaría y de ahí a Devoto. Mi mujer se tuvo que volver a Santiago con mis dos hijitos, a vivir allá con la madre. Estoy preso desde julio aquí, peor que un perro de albañal, y desde hace nueve meses no veo ni a mis hijos ni a mi mujer”. Convivencia. Rechaza él que hubiera tirado piedras. O roto puertas. Fueron los policías de civil que provocaron todo. Entre ellos estaba el gordo Laneri, que también fue el provocador de los líos de la fábrica Brukman.
Los testigos de la acusación son todos policías. El juicio lo inició el titular de la Legislatura, Santiago de Estrada, que como antecedente democrático tiene haber sido embajador de la dictadura de Videla en el Vaticano. Engendros argentinos. Pero eso sí, a los vendedores ambulantes hay que meterlos catorce años en la cárcel de la ignominia. El gran encuentro policial contra la pobreza porteña terminó con la pobreza para siempre. No hay más pobres en nuestras calles. Gracias al subinspector Ariel Alberto Romano de la comisaría 49, quien dirigió el operativo, ya se acabó la lepra en la ciudad. Esos son los métodos. Uno de los presos, que era “transformista”, me dice con tristeza: “Yo quisiera tramitar asilo político en otro país siempre que sobreviva a la violencia, a las cucarachas, a las ratas y al basural aquí en la planta 1 de la U2, la cárcel de Devoto”.
Los detenidos a los cuales no se les tiene en cuenta que salieron ese día a defender desesperadamente su “fuente de trabajo” en una sociedad egoísta y pérfida, me dejan ver con sus relatos directos y desesperados que si tenemos todavía algo de los principios cristianos enseñados por Jesús y un resto de Etica, debemos defenderlos. Todos los organismos de Derechos Humanos deben asistirlos. No abandonarlos. Hacer la contrainvestigación. Los políticos responsables no nos pueden contestar “está en manos de la justicia”. ¿Cuál justicia, esa que deja libres a todos los grandes torturadores y aprovechados y mete presos a los más humildes, a los sin trabajo? Un tema para Dostoievski. Salgo y camino por esas calles de Dios, de detrás de los muros de la cárcel sale un alarido. Alguien que ha perdido la compostura.
Pero si pudiera también iría a visitar a los presos de Caleta Olivia. Presos políticos. Los detuvieron por pedir trabajo. Están presos desde el 3 de septiembre, es decir hace nada menos que siete meses. Una ignominia. Una vergüenza argentina. Son seis, tres hombres y tres mujeres. Son padres de 23 hijos menores. Están presos por reclamar puestos de trabajo a las petroleras que actúan en Santa Cruz. Lo repetimos: en Santa Cruz. ¿O acaso, señor juez, hay otra acusación contra ellos? No. Esa es la única, claro, adornada con otras palabras. Fueron los voceros de los trabajadores que acamparon frente a la municipalidad y luego ocuparon la planta de Termap. El poder reconoció la razón obrera y así se consiguieron 400 puestos de trabajo y el acta-acuerdo fue firmada por los empresarios, el intendente de Caleta Olivia y cuatro obreros de los seis que están presos. Una vez terminado el conflicto, las empresas se vengaron. Los hicieron meter presos con las palabras de siempre: “privación ilegítima de la libertad, usurpación, daño, entorpecimiento de la actividad económica, impedimento de funciones públicas”, que llevan a la pena de 16 años de cárcel, repetimos. Yo le preguntaría al señor juez y al señor gobernador si no saben que el movimiento obrero argentino, a principios del siglo pasado, logró las sagradas ocho horas de trabajo saliendo a la calle y luchando a cara descubierta. Los obreros de Caleta Olivia lucharon también por algo sagrado: poder trabajar.
Uno de los presos se llama Mauricio Perancho. Tiene 32 años y siete hijos. Habla poco, pero cuando dice, dice: “Acá mandan las petroleras. La culpa es del gobierno porque nosotros firmamos un acta donde ellos se comprometían a dar puestos de trabajo y no cumplieron”. La iglesia le preguntó si sus hijos necesitaban algo, y él respondió: “Lo único que necesitan es a su padre en libertad”.
Una frase para los que nos gobiernan. Todo esto sólo puede tener futuro si se comienza con una ley de amnistía para los presos políticos. Recomenzar y dar de nuevo. Un verdadero código de convivencia. Y no lo que acaba de ocurrir en Salta, donde el gobernador Romero atacó a palos y balazos de goma nada menos que a los docentes, que salieron a reclamar por sus derechos. Ganan un sueldo de hambre. La injusticia recorre el suelo argentino. A los docentes se los persigue a palos, como si ellos no fueran los que abren el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Negamos el porvenir argentino. Espero que los intelectuales peronistas reprueben con toda energía este proceder del peronista Romero.
Yo he visto las lágrimas desesperadas de los docentes salteños.
En la Agenda Argentina de la Etica están como citas indiscutibles la libertad a los presos políticos y el respeto que merecen nuestros docentes.