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El Poder es el enemigo número uno del Derecho. Propiedad significa Poder. Más Poder, menos Derecho. Poder es violencia latente. El filósofo alemán Alexander Demandt lo explica con un ejemplo histórico. Dice que en el siglo XVI a.C., durante la guerra del Peloponeso, apareció Alcibíades con la poderosa flota de Atenas frente a la pequeña isla de Melos. Melos era una ciudad dependiente de Esparta, pero siempre había conservado una estricta neutralidad. Los guerreros atenienses exigieron a los habitantes de Melos entrar a su favor en la guerra contra Esparta. Los habitantes de Melos se negaron. El enfrentamiento que se originó lo ha descrito Tucídides en su “Diálogo de Melos”. Es la primera discusión fundamental en la literatura europea acerca de la relación entre Poder y Derecho. Los atenienses representaron el punto de vista del Poder con argumentos de la razón de Estado. Sería ventajoso para ellos mismos tener a los habitantes de Melos como aliados federales y ventajoso también para los habitantes de Melos aceptar esta situación, porque de otra manera serían destruidos. En cambio, los de Melos les reprochaban a los atenienses actuar como jueces de su propia conducta. Y que sería indigno para los atenienses destruir una débil ciudad. Si Melos aceptaba el dictado de Atenas, sería indigno de sacrificar así su autodeterminación.
Pero –prosigue Demandt– el Derecho sólo vale entre iguales. Entre no iguales reina el Derecho del más fuerte. Los habitantes de Melos fueron derrotados y eliminados.
El Poder, en la Historia, eliminó el Derecho cuando lo creyó conveniente. Hitler adujo razones de Estado para atacar Polonia y para su criminal política racista. Bush adujo razones de Estado, de la seguridad de su país, al atacar a Irak. Nuestros liberales positivistas del tiempo de Roca adujeron razones de seguridad para su Campaña del Desierto, mataron a sus poblaciones originales o las esclavizaron y se quedaron para siempre con las tierras. Propiedad como resultado final de la Violencia. Los panegiristas de Roca señalan que este militar trajo el progreso. El progreso de quién, cabe preguntar. ¿Para el estanciero Martínez de Hoz, que recibió 2.500.000 de hectáreas, y para el propio Roca, que como botín de guerra recibió la estancia “La Larga”? ¿O para los pampas y ranqueles que fueron enviados como esclavos a Martín García, o a cosechar el azúcar a Tucumán, y a sus mujeres como sirvientes de las familias de militares o del barrio Norte y a los niños indios como mandaderos? Pero no nos quedemos en la Historia, volvamos al presente.
Salta. Ha llegado a Buenos Aires una delegación de familiares de los muertos de las represiones últimas. Rostros bien de la tierra, tristeza infinita. Además de la muerte de sus seres queridos, la injusticia y, si insisten, el palo policial o de los gendarmes. El Poder absoluto sobre todo Derecho. Vienen aquí porque allá son todos sordos, empezando por la Justicia. Un viaje de centenares de kilómetros para que la opinión de la República se forme un concepto de la verdadera situación.
Es una historia de la negación. Hay jóvenes obreros muertos a balazos por las tropas de represión de siempre y una Justicia que no encuentra culpables. Hay muertos, pero somos todos inocentes. Claro, las víctimas son siempre los de abajo. ¿Por razones de Estado? Y estos familiares vienen hasta Buenos Aires porque no se rinden, sólo piden Justicia. Vienen para que la Procuración de la Nación agilice la investigación de las causas de homicidios, torturas y vejaciones producidas en las represiones policiales y las fuerzas de seguridad en la localidad de General Mosconi, Salta. Para que se individualice a los autores materiales e ideológicos de los delitos cometidos y a los partícipes y encubridores tanto del Estado nacional como de la provincia y los responsables de las empresas petroleras. Son parcos al hablar, manos laboriosas y tal vez la primera vez que bajan a Buenos Aires: Primitiva Ruiz, Jesús Barrios (mujer pese al nombre), Urbano Santillán, Pepino Fernández (representante gremial) y la abogada Mara Puntano, quien siempre está en primera fila en la defensa de los derechos humanos de los salteños de abajo. Todo comenzó, claro está, con Menem y la aplicación de sus políticas estatales neoperonistas, o mejor dicho, neoliberales. Privatización de YPF; lo que trajo como consecuencia una altísima tasa de desocupación, sumándose la falta de pago de las indemnizaciones a los ex trabajadores, la depredación del medio ambiente por las petroleras multinacionales, la contaminación de las aguas por los residuos tóxicos a cielo abierto y la aparición de enfermedades de todo tipo en la población. Contra eso, el arma de los trabajadores: la protesta en las calles. Y crearon la Unión de Trabajadores Desocupados. La respuesta fueron las represiones más cruentas de la República durante la democracia antes de los crímenes de Santillán y Kosteki. En mayo del 2000 la represión policial dejó un saldo de decenas de detenidos, hombres, mujeres y niños –criollos y aborígenes, todos– torturados y vejados y la muerte de los jóvenes Alejandro Gimes y Orlando Justiniano, de 19 y 20 años de edad. Los dos fueron fusilados por personal policial mientras alzaban leña para prender fogatas en la ruta. Los cuerpos de los jóvenes abatidos fueron llevados a la provincia de Jujuy y arrojados en la ruta. Entonces, la Justicia salteña se declaró incompetente y la jujeña ordenó el archivo. Por su parte, la policía mató de un balazo en la cara a Aníbal Verón, en una manifestación de obreros cesantes de una empresa de un pariente del gobernador Romero. Seis meses después fueron asesinados por francotiradores de la Gendarmería Carlos Santillán, de 27 años, y Oscar Barrios, de 17 años. El gendarme estaba apostado en los tanques de petróleo de la empresa Refinor, y de allí le disparó. El mismo día fue asesinado Oscar Barrios, que formaba parte de una procesión para pedir por el cese de la represión. En ambos muertos, las balas usadas fueron las de cono truncado, prohibidas internacionalmente para “disuadir” a la población civil. El mismo día fue baleado también Ramón Dorado, de 17 años, que participaba de otra procesión, por gendarmes desde los altos de la empresa Refinor. Una bala le impactó en la columna vertebral y el adolescente quedó con paraplejia espástica. Amén de otros heridos.
Todo fue declarado ante la Justicia Federal. Pasaron años y ninguna respuesta, el silencio. Jamás fue detenido ninguno de los autores uniformados ni reparados los daños materiales y morales.
Creemos que no sólo deben actuar ya las autoridades nacionales, sino también la Justicia. Los intelectuales peronistas tendrían que salir a denunciar este estado de cosas en una provincia gobernada por el peronista Romero. Se trata de víctimas del pueblo.
Pero volvamos al Sur. Ha llegado a nuestro país un joven mapuche: Pascual Pichún Collonao, de 23 años. Ha cruzado la cordillera para pedir refugio en la Argentina. Este hecho nos debe enorgullecer. Porque viene aquí a buscar Libertad y Justicia, ya que en Chile se le aplicó la llamada “Ley 18314, sobre conductas terroristas”, nada menos que del tiempo de Pinochet. El joven, si fuese un terrorista, no se hubiera presentado ante las autoridades argentinas del Cepare, que trata el problema de los refugiados políticos. La acusación es típica: se opuso con su padre y su hermano contra empresas forestales que destruyen la ecología de la zona de Temuco. Por supuesto, como se hace siempre desde el Poder, se inventan delitos, y se los condenó a ocho años de prisión. Pascual no lo ha aceptado y desde aquí va a luchar por la libertad de sus familiares y el respeto al paisaje que los mapuches siempre han defendido. Parece mentira que el llamado gobierno “socialista” de Lagos se base en leyes del más cruel de los dictadores que sufrió su país. Es que, como siempre, parece que uno de los socios de las industrias que se están aprovechando de la naturaleza es miembro de ese gobierno. Los organismos de Derechos Humanos van a defender a Pascual como si fuera –y lo es– un luchador de la tierra americana. Y el llamado va también a quien va a ser la primera presidenta de Chile, para que declare como primera medida la total amnistía de la familia Pichún. Así se traerá verdadera democracia: limitar el Poder para dar más Derecho a las pobladores. Y no dejar una vez más que el Poder se convierta en eterna Violencia latente.