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La dictadura militar 1976-1983 ejerció un plan sistemático de control de la cultura y de desaparición y quema de libros, a través de un poderoso mecanismo de inteligencia. Sobre esta hipótesis, Hernán Invernizzi y Judith Gociol dieron forma a Un golpe a los libros, una investigación que acaba de ser publicada por Eudeba. El libro –que fue presentado el lunes en la sala D del C.C. San Martín, ante un auditorio colmado– describe, en su primera parte, el mecanismo que el Estado terrorista montó para prohibir a autores y libros. En las páginas siguientes los autores describen casos concretos, como la suerte que corrieron La Biblia Latinoamericana, Ediciones de la Flor, Eudeba, Enciclopedia Barsa y escritores como Mario Vargas Llosa, Morris West, Enrique Pavón Pereyra y José Murillo, entre muchos otros.
Un golpe a los libros es el fruto de la confluencia de dos programas sobre la cultura y los libros durante la dictadura. El primero de ellos comenzó en 2000, “Represión y Cultura 1976-1983”, impulsado por Diana Maffia, defensora del Pueblo Adjunta en Derechos Humanos de la Ciudad. Este programa abarca un amplio espectro de investigación no sólo sobre los libros sino también sobre el cine, revistas, diarios, radio, TV, museos, etc. El trabajo se basa en la recolección de documentos. El segundo programa –en el que participó Gociol–, “Un golpe a los libros” nació el año pasado bajo la órbita de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura que preside Manuela Fingueret, en el marco del vigésimo quinto aniversario del golpe. Como las temáticas eran parecidas, las responsables de cada dependencia se pusieron de acuerdo para realizar un trabajo en común que desembocó en la elaboración del libro.
“Hicimos una exposición de facsímiles y de libros. En ella figuraba un libro escrito por Bidart Campos que mencionaba las prohibiciones que se debían hacer. Tomamos como base este libro que fue de un gran impacto e hicimos una exposición. Luego realizamos una segunda en el C. C. Recoleta y fue entonces que nos enteramos de que la Defensoría del Pueblo estaba haciendo algo parecido, no con libros sino con documentos”, explica Fingueret. “A mí me parece destacable que se puedan transversalizar actividades y que se pueda trabajar en común porque defender los derechos humanos es una obligación de todos los funcionarios”, agrega Maffia.
Muchos de los documentos que dan cuerpo a la edición fueron encontrados por un empleado del Ministerio del Interior en el Banco Nacional de Desarrollo (Banade) que pasó a manos de esa cartera durante la gestión de Carlos Menem. “Los encontró un empleado durante la gestión de Storani. Fue a barrer un espacio y se topó con una parva de documentos de la dictadura”, relata Invernizzi. Los documentos contenían palabras como “secreto”, “destruir después de leer” o “estrictamente confidencial y secreto”. “Hicimos una investigación sistemática de ese archivo. Lo inventariamos, hicimos una base de datos que hoy tiene unas 6000 entradas”.
“Hicimos una lectura crítica de los documentos. Es decir, cada palabra, cada línea, cada idea, tuvimos que verificar si ocurrió, si se llevó a la práctica, si las personas que firmaban los documentos existían, si cumplían esos cargos. Después seguimos buscando por nuestra cuenta, y reconstruimos la infraestructura de control cultural a partir del análisis de estos documentos comparados con leyes de ministerios, decretos, memorándum”, acota Invernizzi. Gociol comenta que fueron completando los casos “en los que se veía un recorrido de los documentos. Es decir: que entró a una oficina, pasó por otra, fue a Legales. Y tratamos de completar para dejar lo más cerrados que podíamos esos casos, agregándoles el testimonio del autor, del editor o algún documento anexo”.
Los autores no pueden estimar la cantidad de libros censurados. “Habría que pensar en toneladas. Sí hicimos la cuenta de lo que se quemó, por ejemplo, en Sarandí: más de 5000 kilos sólo en una quemazón. Pero también hubo ocultamiento de ejemplares. Hay libros desaparecidos. Habíaejemplares que se sacaban de las bibliotecas y no solamente se quitaba el libro sino también su ficha técnica”, describe Invernizzi. Guciol agrega lo que pasaba con las bibliotecas: “Encontramos unas carpetas que decían `sacado de circulación 1976’. Hubo una orden de retirar material dada por el que entonces era jefe de bibliotecas. Se requisaron las veinte bibliotecas municipales que existían, y sacaron todos los libros que tenían que ver con el peronismo. Después encontramos un listado con los títulos que fueron retirados y con las devoluciones que, en democracia, hizo cada biblioteca. En el medio se perdieron cientos de ejemplares”.
–El Nunca Más no solo fue testimonial sino que sirvió de documento probatorio para los procesos de los dictadores. ¿Qué expectativas tienen respecto de la función social que pueda tener su publicación?
H. I.: –La idea“Nunca más de los libros” es una expresión de deseos. No se puede comparar porque este libro no tiene esa envergadura. Aclarado eso, pensamos que algunos casos podrían ser judicializables. Otros casos podrían ser motivo de condena ética o deslegitimación de algunas miradas acerca de lo que pasó con la cultura. Hay que entenderlo como un libro de historia en que los testimonios son parte de la investigación. Un libro que combina pruebas, documentos originales firmados con sell11os, con fuentes documentales de distintas especies y testimonios.