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Julio Grondona se reunió con el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, para acordar medidas tendientes a terminar con la violencia en el fútbol. Scioli adelantó la “firme decisión” del Gobierno de terminar con la violencia en el fútbol y se mostró satisfecho por el consenso alcanzado.
En la reunión se llegó a un acuerdo para enviar el próximo lunes, para su rápido tratamiento, un proyecto de ley que modifica sustancialmente la Ley de seguridad en espectáculos deportivos.
Entre los puntos salientes, tipifica como delito a figuras que en la ley actual son consideradas contravencionales y aumenta de manera sustancial las penas. Otra de las medidas acordadas es una reorganización de los dispositivos de seguridad en los estadios que disminuirá su costo en un 20 por ciento.
Los cambios propuestos a la Ley actual son los siguientes:
- Se agregan los hechos cometidos en el trayecto cubierto por los aficionados al momento de dirigirse o retirarse del evento, extendiendo la aplicación de la ley a los episodios de violencia “en camino”.
- Se eleva a delito la introducción, guarda, o portación de armas blancas o elementos punzantes, con penas de 6 meses a 3 años de prisión.
- Se eleva a delito la portación de pirotecnia, explosiva o emanante de fuegos luminosos incorporando penas de 1 mes a 1 año.
- Se eleva a delito la acción de arrojar líquidos, papeles encendidos, objetos o sustancias que pudieren causar daños o molestias a terceros incorporando penas de 1 mes a 1 año.
- Se eleva a delito la incitación a la violencia por parte de organizadores, dirigentes o deportistas, con penas de 1 mes a un año.
- Se crea la figura del homicidio por “odio deportivo” siéndole aplicable la pena de prisión perpetua.
- Expresamente se incorpora como medio de promoción de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en la ley, la provisión de medios de transporte, la entrega de dádivas o de entradas.
- Incorpora el derecho de admisión a favor de las entidades deportivas.
- Establece como órgano de aplicación a la Secretaría de Seguridad de la Presidencia de la Nación, concediéndole la facultad de dictar normas en materia de seguridad y establecer clausuras.