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La centralidad de las barras bravas en el fútbol doméstico es la centralidad del poder. Se les dio de comer durante décadas, vieron crecer sus negocios y ahora se hacen un banquete. Les sobran contactos políticos en el gobierno nacional y la oposición, recursos económicos y además, les sobran estrategias de comunicación. Son los actores legitimados de una de nuestras tantas violencias que ejercen con la venia de funcionarios, jueces, dirigentes futbolísticos, sus policías asociados y la de muchos hinchas con los que comparten una tribuna en busca de protección. De ahí proviene su legitimación, su condición de auténtico poder mafioso.

Explicado el contexto –porque sin contexto es difícil descifrar lo demás– la polémica por el retorno a las canchas de los jefes de la Doce, Rafael Di Zeo y Mauro Martín, en un sentido los victimiza. Aducen que no tienen cuentas pendientes con la Justicia y que podrían ver sin objeciones legales los dos clásicos con River en la Bombonera desde la popular. Irán al segundo, por la Copa. Todo está acordado con el club previo al levantamiento del derecho de admisión.

Las voces incriminatorias, con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, como tenor, sintetizaron la conducta de Boca en tres palabras: “Es una joda”. Son ésas las palabras con que podrían identificarse los hinchas-socios que pagan la cuota del club y no pueden ingresar a la Bombonera. O los socios adherentes que aun abonándola integran una lista de espera que, en el mejor de los casos, les permitirá ver un partido en 2016 o 2020.

La situación parece casi imposible de modificar. Lejísimos estamos de erradicar la violencia, como hicieron con los hooligans hace tres décadas en Inglaterra. Ejemplo en este rubro, aunque todo lo contrario en otros casos, como en su política exterior de rapiña.

Pero si no quisiéramos tomar el caso inglés como modelo, más cerca en el tiempo, hoy y ahora, Grecia decidió aplicar una política para frenar a sus ultras xenófobos por hechos violentos. Y busca neutralizar también a sus cómplices en el poder empresario o del fútbol. El gobierno de Syriza está tratando de hacerlo solo y contra la maquinaria jurídica de la FIFA y la UEFA, que amenazó sancionar a la federación griega y a sus clubes por entrometerse en sus asuntos. El primer ministro, Alexis Tsipras, mandó un proyecto de ley al Congreso con penas durísimas. Pero además suspendió la Liga local por tiempo indefinido en febrero pasado. O sea, se metió con el negocio del fútbol.

En la Argentina nunca llegamos tan lejos y eso que sufrimos casi 300 muertes. El poder barra brava sigue intacto. Hasta el presidente de Boca, Daniel Angelici, declaró que quiere blanquearlo. Hay una iniciativa legislativa del ex diputado bonaerense Martín Insaurralde que espera hace un año su tratamiento en el Congreso. En rigor, era una propuesta de Daniel Scioli. La diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, primero la cuestionó por discriminatoria, pero ahora el proyecto se modificaría para tener rápido trámite parlamentario. Creer que alcanzará con sólo eso es voluntarismo político. Tener voluntad política para combatir el problema es una cosa muy distinta.

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