El fiscal federal Carlos Stornelli decidió impulsar la acción en la denuncia por traición a la patria presentada por el abogado Juan Gabriel Labaké contra los dirigentes de la DAIA y la AMIA. En lugar de desestimar la denuncia por inexistencia de delito –y por lo burda–, Stornelli le dijo al juez Julián Ercolini que había que avanzar para ver si de verdad los dirigentes de AMIA y DAIA son traidores a la patria, algo que alienta las posturas de los sectores más antisemitas. Dos días más tarde, Labaké amplió su denuncia y acusó a Jorge Elbaum, ex director ejecutivo de DAIA, y a varios diputados y periodistas –entre ellos el que suscribe esta nota– por calumnias e injurias. Ya en noviembre de 2004, Labaké había denunciado por el mismo delito a Cristina Fernández de Kirchner. En la disputa política existente en la Justicia, Stornelli jugó para la interna y buscó diferenciarse de Javier De Luca, el fiscal que de verdad estudió la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta y el canciller y la desestimó por inexistencia de delito. Stornelli, en cambio, alineado con los fiscales de la marcha del 18F, permitió abrir el camino de un delito tan grave y delicado como es el de traición a la patria y, según se ha titulado en otros casos, imputó a los dirigentes de la comunidad judía.

Juan Gabriel Labaké es defensor de uno de los sospechados en la causa del atentado, Alberto Kanoore Edul, y en septiembre de 2004 se presentó como abogado de Kanoore Edul diciendo que “los hechos concretos obligan objetivamente a dirigir la investigación hacia una posible pista israelí (del atentado)”. En muchísimas oportunidades hizo referencia a que el ataque contra la mutual judía fue cometida por judíos, más precisamente por enviados del servicio secreto de Israel. A esto se agregan algunos de los tradicionales argumentos antisemitas: “Hay una fuerza de dominación mundial que está en manos de dos grandes familias que manejan el 62 por ciento de la Reserva Federal. Una de las dos familias es judía sionista”.

También recurre al archiconocido argumento de que “pretenden desestabilizarnos para que nuestra Patagonia sea más vulnerable”.

El origen de la denuncia de Labaké, sostenida ahora por Stornelli, es una columna de Elbaum en Página/12. El ex director de la DAIA relató la presión sobre los dirigentes de la comunidad judía a raíz del Memorándum de Entendimiento: hubo llamados de periodistas, escritores, de la derecha republicana e israelí y una enorme presión de Nisman. Elbaum sostiene que el fallecido Nisman tenía estrecha relación con fundaciones financiadas por los fondos buitre. Pese a que Labaké sólo aportó la nota firmada por Elbaum, Stornelli dijo que hay que abrir la investigación por traición a la patria.

Enterado de la denuncia de Labaké, Elbaum salió a la cancha: “Labaké es un fascista, un nazi y es mi enemigo. No voy a permitir que use mis notas. Nunca dije que hubo una ruta del dinero entre los fondos buitre y la DAIA”. Esto motivó la segunda andanada del abogado, con una denuncia por calumnias e injurias contra Elbaum y este periodista, así como –nuevamente– los dirigentes comunitarios, los diputados más vinculados con Nisman, como Patricia Bullrich o Laura Alonso y el periodista Marcelo Longobardi.

Lo que correspondía era desestimar la denuncia porque polemizar sobre el memorándum no implica ningún delito y menos uno de semejante gravedad como el de traición a la patria. Sin embargo, Stornelli decidió jugar la interna judicial y política que vienen llevando adelante los fiscales del 18F. Quien fuera jefe de seguridad de Boca priorizó diferenciarse de De Luca e impulsó la acción para investigar sin acusar específicamente de ningún delito. Es que hacerlo por traición a la patria era demasiado fuerte, lo exponía demasiado.

Ya el camarista Jorge Luis Ballestero señaló en su fallo de desestimación de la denuncia de Nisman lo que implica abrir investigaciones saliendo de pesca: “Es la presencia de una evidencia la que debe motivar la promoción de una investigación penal, y no a la inversa, porque los estrados penales no son las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película. Si se investigara por las dudas, a fin de localizar algún elemento sospechoso, se produciría una subversión del orden lógico de toda encuesta. Las garantías constitucionales no admiten salir de excursión de pesca con la esperanza de que en algún momento brote alguna mácula que permita sospechar la comisión de un ilícito”. Stornelli salió de pesca y nada menos que dejando flotar la duda sobre los prejuicios antisemitas que implican la traición a la patria.

El próximo paso lo tendrá que dar el juez Ercolini, seguramente la semana próxima. Deberá decidir si efectivamente hay delito y alguna evidencia en la acusación ahora sustentada por Stornelli.

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