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La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay solicitó a la Justicia civil el embargo de los bienes de la empresa Datisa, que es investigada por el presunto pago de sobornos en el fútbol internacional. El semanario Búsqueda de Montevideo afirma que la medida cautelar apunta a “preservar los créditos fiscales que tiene el Estado” contra la firma formada por empresarios argentinos y brasileños y que tenía sus oficinas en Montevideo.

Datisa debe elevadas sumas al Estado uruguayo por diversos impuestos. Ese pago “está en riesgo”, estiman fuentes de la DGI, y por eso el pedido a la Justicia para el embargo de bienes, a los efectos de intentar asegurarse el cobro.

Las cuentas de Datisa están bloqueadas en el marco de la investigación que impulsa la Justicia de Estados Unidos y que abarca a ex altos dirigentes de la FIFA y de la Conmebol.

Datisa es una firma surgida de la unión entre las empresas de marketing deportivo Traffic, Full Play y Torneos. La Justicia la acusa de pagar 100 millones de dólares en sobornos a dirigentes de la Conmebol para hacerse con los derechos de televisación de las Copas América de 2015, 2019 y 2023, además de con la Copa América Centenario de 2016, cuya disputa está en duda.

A raíz de la investigación están detenidos los empresarios Alejandro Burzaco, ex CEO y accionista menor de Torneos, y Hugo y Mariano Jinkis, titulares de Full Play, que ayer fueron trasladados a viviendas de San Isidro y Campana, respectivamente, donde cumplirán prisión domiciliaria. El brasileño Jose Hawilla, dueño de Traffic, es un arrepentido que colaboró en la investigación del FBI. Los empresarios forman parte del grupo de 14 imputados por la Justicia norteamericana, entre quienes están dos ex vicepresidentes de FIFA, el uruguayo Eugenio Figueredo y el triniteño Jeffrey Webb.

Se supo ayer en Montevideo que en el marco de una investigación anterior contra Figueredo, que se inició en el 2013, la Justicia uruguaya embargó los bienes inmobiliarios del ex dirigente. “Figueredo tiene cuatro propiedades en Punta del Este y cinco en Montevideo, además de un departamento” en una zona residencial de la capital uruguaya, informó el diario El Observador. Quien fuera presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) entre 1997 y 2006 y titular de la Conmebol entre 2013 y 2014 también tiene acciones en dos sociedades anónimas que desarrollan proyectos inmobiliarios.

Mientras tanto, en Asunción, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, firmó la ley que levanta la inmunidad a la sede de la Conmebol. Desde 1997, la sede de la entidad gozaba de inviolabilidad por ley como si se tratara de una embajada, por lo que no podía ser registrada por las autoridades ni aunque lo dictara un juez. El escándalo en la FIFA llevó a las autoridades paraguayas a pedir la revocación de la ley, que para que se hiciera efectiva sólo necesitaba la firma de Cartes.

Los últimos dos presidentes de la Conmebol figuran en la lista de investigados por la Justicia estadounidense: Eugenio Figueredo (2013-2014) fue detenido en Zurich; el paraguayo Nicolás Leoz (1986-2013) está bajo arresto domiciliario en Asunción. La sede de la Conmebol se inauguró en 1998 en un predio de unas 40 hectáreas en las cercanías del aeropuerto de Asunción.