El juez federal Claudio Bonadio concedió ayer la excarcelación a los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, luego de resolver la suspensión por un mes del juicio de extradición de ambos a Estados Unidos, donde la Justicia los investiga en el marco de una megacausa por corrupción en la FIFA.

Con esta decisión, padre e hijo dejarán de estar bajo arresto domiciliario hasta que se resuelva el juicio de extradición, aunque no podrán alejarse a más de 60 kilómetros del juzgado con sede en el barrio porteño de Retiro y tampoco ausentarse más de 24 horas de su domicilio sin avisar al tribunal.

En tanto, se les mantuvo la prohibición de salir del país, por lo que ambos deberán presentarse todos los viernes en Comodoro Py 2002, según informaron fuentes judiciales a Télam. Bonadio dio plazo de un mes a la Justicia estadounidense para aportar datos concretos sobre qué delitos habrían cometido los empresarios y, en caso de no recibir respuesta, resolverá con lo que hay actualmente en la causa.

El magistrado tuvo en cuenta que el empresario Alejandro Burzaco, el otro argentino imputado en la causa, se entregó en Estados Unidos y allí se le concedió la libertad durante el proceso, al igual que el resto de los acusados de distintas nacionalidades.

“Teniendo también en cuenta el cumplimiento satisfactorio que tanto Hugo como Mariano Jinkis vienen observando de las condiciones impuestas en estas incidencias, resulta viable reconsiderar la forma en que aguardaran el resultado de este proceso”, explicó el juez en su resolución.

“Es del todo razonable y eficaz para el fin procurado adoptar medidas similares a las implementadas por el propio Estado interesado. Carecería de fundamento y razonabilidad ir más allá que las propias autoridades judiciales de los EE.UU. en cuanto a la restricción de la libertad personal del requerido, cuando no sólo la investigación y los cargos, sino también las condiciones impuestas a los acusados, son similares y equiparables”, concluyó.

Hugo y Mariano Jinkis, junto con Burzaco, son los tres argentinos imputados en el escándalo de corrupción más grande en la historia de la FIFA por el pago de sobornos para la asignación de los Mundiales 2018 y 2022, la adjudicación discrecional de los derechos de televisación de competencias oficiales y evasión impositiva.