Andrés Escobar fue asesinado tras marcar un gol en contra ante EE.UU.

En medio de la guerra, Colombia tuvo tiempo y decisión para ocuparse de una más pequeña, una guerrita que se le metió en las canchas. Por eso, a la paz más importante postergada en lo formal por un plebiscito, sumó la búsqueda de otra. Una paz mucho más módica pero también convertida en política de Estado. La inauguró en 2014 y se llama: Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Sebastián Alvarez, un joven hincha de Atlético Medellín, de su barra Los del Sur, retrató con sabiduría por qué hacía falta un proyecto a diez años para intentar que se solucione el problema: “Acá la violencia sobra”, cuenta en un documental.

El asesinato de ocho hinchas en el primer semestre de 2013 pareció colmar el vaso. También una estadística adicional que arrancaba en 2011 y terminaba dos años después: se había intentado ingresar a los partidos con 28 mil armas blancas y tres de fuego. Estas últimas parecen pocas si se comparan con las que acostumbramos a contar en el fútbol de acá.

Se dirá igual: los colombianos tienen al menos un plan. Un plan a diez años para erradicar la violencia en los estadios. No se fijaron una meta ambiciosa, impracticable. Pero esperan conseguir para 2024 un escenario completamente distinto al actual. No parten de centenares de muertes en el fútbol como en la Argentina o están muy lejos de sufrir una marabunta de hooligans que, cuando sale de Inglaterra, arrasa con lo que encuentra a su paso. Partieron de un contexto político-social mucho peor: una guerra civil que lleva más de 50 años. En Colombia se tomaron el tema en serio y hasta encargaron una encuesta previa, de resultado previsible. Durante la elaboración del Plan Decenal se contrató al Centro Nacional de Consultoría, que reveló: para el 94 por ciento de los ciudadanos el fútbol es importante o muy importante. También lo consideran una herramienta para la transformación.

En una extensa e interesante nota del sitio Ola Política titulada El Fútbol: la llave de la convivencia y el posconflicto, se describe cómo utilizarlo de motor para un cambio. En Medellín, al menos, le atribuyen una experiencia positiva a Jürgen Griesbeck. Un alemán que se educó en esa ciudad y creó junto al profesor antioqueño Alejandro Arenas las bases de un fútbol en paz. Organizaba partidos entre pandillas pero con la condición de que jugaran mujeres. La integración que consiguió fue notable. Su ONG, Street Football World, armó en Río de Janeiro el campeonato de fútbol callejero durante el último Mundial.

Colombia empezó a buscar la paz en el fútbol veinte años antes del lanzamiento del Plan Decenal. El 2 de julio de 1994 el chofer de un par de hermanos vinculados con la mafia de las apuestas asesinó de seis tiros al defensor de la selección Andrés Escobar. Su pecado había sido convertir un gol en contra en el Mundial de Estados Unidos contra el equipo local. El crimen del “caballero del fútbol” –lo apodaban así– conmocionó al país. Pero no alcanzó como punto de partida para modificar una realidad compleja enmarcada en un escenario de violencia cotidiana y extrema. Ocho meses antes, el 2 de diciembre de 1993, había muerto Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín.

Hay un documental del 2010 que se llama Los dos Escobar. Ayuda a explicar la dosis de violencia que el narcotráfico le impregnó al fútbol y cómo se lo apropiaron los barones de la droga. En ese trabajo de los hermanos Jeff y Michael Zimbalist, el primo del Escobar malo, Jaime Gaviria, explica: “Las muertes de Pablo y de Andrés marcan el fin de la mejor época del fútbol colombiano”. Dicho así, podría entenderse que esa etapa marcó el apogeo de aquel equipo integrado por el Pibe Valderrama, Rincón y Asprilla. Pero además, el aparente final de un deporte financiado con dineros del narco.

Con ese escenario de fondo se lanzó hace dos años el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Lo presentó el Ministerio del Interior y sigue desarrollándose hasta hoy en distintos lugares del país. En aquel momento se informó que el gobierno de Juan Manuel Santos invertiría 3600 millones de pesos. Otros 500 aportarían organizaciones privadas que adhirieron al plan.

Hay una Comisión Nacional de Fútbol que integran la Federación nacional, la Dimayor (División Mayor del Fútbol colombiano), Coldeportes (es el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre), la Policía Nacional, los ministerios del Interior y Educación, la Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles, medios de comunicación y las barras bravas, porque en Colombia a los grupos organizados del fútbol los llaman igual que en la Argentina.

El proyecto a diez años se articula con torneos de fútbol por la paz. Felipe Trujillo, coordinador de políticas públicas del Plan, dijo que esta última idea se tomó de la FIFA y “servirá para capacitar a los miembros de las barras bravas como gestores de paz en los escenarios”. La Defensoría del Pueblo tiene asignada como tarea la creación de una Defensoría del Hincha. Desde la Dimayor se les brindarán talleres a los planteles profesionales sobre el tema de la responsabilidad social. Hay fundaciones como Colombianitos y Tiempo de Juego que forman parte de la Red Fútbol en Paz con mucho predicamento entre los jóvenes.

Así avanza en la pacificación de su fútbol un país devastado por la guerra, aun con sus contradicciones: un club como el Envigado sospechado de financiar a los paramilitares. La empresa de bebidas Postobón –sponsor del torneo de Primera División hasta el 2014– acusada de aportar fondos a la campaña por el no a la paz entre el gobierno y las FARC. O su competidora Bavaria, el actual patrocinador, que destina mucho dinero a foros por la paz y fue denunciada en 2007 por el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso de financiar a grupos de extrema derecha.

“¿Dónde está la responsabilidad social de los dueños del millonario negocio del fútbol? ¿Qué es lo que están poniendo para solucionar este problema?”, se pregunta Adriana Castillo, de la fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, que lleva ese nombre por una víctima de la violencia en el fútbol colombiano. Todavía no queda muy claro qué aporta el poder económico. Pero sí que desde distintos sectores se intenta un cambio de paradigma. Lo demuestra una publicación de Coldeportes titulada Barras construyendo país. En ella se explica: “Como toda problemática multicausal, la violencia en el fútbol debe ser tratada con una lógica sumatoria de esfuerzos que trascienda el uso de la fuerza por quien considera tiene el derecho a hacer uso de ella, aunque sea la fuerza estatal. Es una apuesta que demanda una voluntad, apertura y compromiso para entender a cada una de las partes involucradas”.

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