Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se dispone a aprobar hoy un dictamen para modificar la ley de Ministerio Público Fiscal y poner un límite de cinco años al mandato del Procurador o Procuradora General. La propuesta es producto de las negociaciones entre Cambiemos y el Frente Renovador y, como es evidente, apunta a desplazar a la actual titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, quien asumió su cargo con un mandato vitalicio pero –según una interpretación retroactiva, que la oposición cuestiona– podría verlo terminado en agosto del año próximo. Un rasgo llamativo del proyecto es que obligaría a que buena parte de las decisiones del Procurador y su Consejo General, incluso las designaciones de los titulares de las procuradurías especializadas, pasen por la evaluación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, pese a que es un órgano que tiene autonomía según la Constitución. Otra de las novedades polémicas es que pone un requisito de cinco años de antigüedad como fiscal para ser designado titular de una Procuraduría o Unidad especializada, lo que daría una excusa para remover a fiscales que fueron designados por Gils Carbó sin importar su idoneidad.

Según este diseño, podría imponerse un modelo de Ministerio Público con un fuerte control externo, político, y pensado para que lo dominen los fiscales que están en sus cargos desde mucho antes que Gils Carbó en la Procuración y que tienen buena sintonía con las fuerzas políticas mayoritarias. La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto ya la semana que viene. Para su aprobación se necesitan la mitad más uno de los votos. Cambiemos tiene 92, el massismo 35, y sumarán más aliados todavía. Por lo pronto, hoy el plenario de comisiones reunirá a las de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

La duración del mandato del Procurador/a era hasta ahora el punto donde se depositaban las mayores expectativas, pero el proyecto de dictamen del oficialismo tiene más aristas controvertidas. La mayor parte de las organizaciones del ámbito del derecho coinciden en que el cargo de jefe de los fiscales no debe durar para siempre. El problema es cómo se implementa y con qué intencionalidad. El borrador que circulaba hasta ayer establece la duración de cinco años pero no especifica si su aplicación es retroactiva. El Gobierno piensa que esa definición se judicializará, quedará librada a los tribunales, y con ella la suerte de Gils Carbó (que cumpliría cinco años en agosto de 2017). El proyecto dice también que el nombramiento del Procurador/a será a propuesta del Poder Ejecutivo, al igual que la renovación del mandato por cinco años más. La remoción ya no sería por juicio político sino por acusación de Diputados, con mayoría simple de los presentes, de oficio o por la petición de cualquier interesado, lo que no excluye al Ejecutivo. El Senado resuelve con dos tercios de los presentes.

Cambiemos desistió de la idea de poner cuatro subprocuradores debajo del o la titular de la Procuración, pero diseñó un Consejo General que tendrá alto poder de injerencia en asuntos importantes, como la política criminal y las designaciones, y propondrá un esquema con fiscalización de la Comisión Bicameral, recién creada, que preside la massista Graciela Camaño.

El Consejo estaría conformado por el Procurador y seis fiscales, tres de ellos generales, que se sortean (hoy se los elige por voto directo de los fiscales). Pero el requisito es que tengan más de cinco años de antigüedad en el cargo. Ellos se ocuparán de las designaciones de los titulares de procuradurías y unidades especializadas, a propuesta del Procurador, y con aprobación de la Bicameral. También estarán a cargo de los concursos para fiscales. Convocarán al jurado y la prueba será solo oral. Ya no será el Procurador/a quien proponga una terna al Poder Ejecutivo, sino el Consejo General. El jurado, ahora integrado por el Procurador, tres fiscales y un jurista invitado, pasará a estar compuesto por un fiscal, un jurista y un funcionario del Ministerio de Justicia.

Las procuradurías actuales se mantienen (Crímenes contra la Humanidad, Investigaciones Administrativas, Trata y Explotación de Personas, Violencia Institucional, Narcocriminalidad y Ciberdelincuencia) aunque la de lavado se divide (Delitos Económicos y Lavado) y se agrega una de Terrorismo. Queda eliminada la de Defensa de la Constitución, que no está operativa por falta de plata.

Nadie que no tenga cinco años de fiscal, o fiscal general según el cargo, puede estar al frente de una Procuraduría. La sospecha de la oposición es que el objetivo es desplazar a los titulares actuales, nombrados por Gils Carbó, ya que son pocos los que cumplen ese requisito. No hay, sin embargo, ningún criterio de evaluación de idoneidad o experiencia. Lo mismo se aplicará a las unidades y direcciones especializadas.

Una cláusula indica que los fiscales que fueron trasladados fuera de la jurisdicción para la que recibieron acuerdo (varios a cargo de Procuradurías) tendrán 48 horas para volver a su cargo de origen una vez promulgada la ley.

Ayer a la noche ya había organismos, como Abuelas de Plaza de Mayo, evaluando pedir la revisión de algunos puntos del proyecto, como los requisitos de antigüedad para las procuradurías.