DEPORTES › LA FALSIFICACION Y LA REVENTA DE LOCALIDADES EN EL OJO DE LA TORMENTA
Salida al negocio de las entradas
Dos jueces investigan los posibles delitos por los hechos sucedidos en el último superclásico, que generaron las sospechas de que en Boca funciona una asociación ilícita que integrarían algunos dirigentes, empleados y barrabravas, en un negocio donde hasta la Comisaría 24 podría estar implicada.
Por Gustavo Veiga
Las plumas y el maíz arrojados en la cancha de Boca hace una semana no alcanzan a disimular la dimensión de la estafa. La oposición a Mauricio Macri, un presidente en apuros, estima que la reventa y falsificación de entradas, bien puede representar para el club un perjuicio millonario. Y el cálculo no parece descabellado, a juzgar por lo que escucharon decirle al vicepresidente, Pedro Pompilio, en el Comité de Seguridad: “Hubo miles de entradas falsificadas”. Asimismo, Javier Castrilli comentó que “no fue casualidad que el Ministerio Público haya estado a las once de la mañana” en la Bombonera. Se refería a la fiscal a la que se le prohibió la entrada casi cuatro horas antes del clásico. Hoy, no sólo el juez Mariano Bergés investiga una gama muy amplia de posibles delitos. Su colega Juan José Mahdjoubian debe hacer otro tanto porque recibió una querella por presunción de estafa, mientras una unidad móvil de fiscales impulsa una denuncia por obstrucción a la Justicia. Las sospechas de que en el propio club funciona una asociación ilícita que integrarían algunos dirigentes, empleados y barrabravas han generado un clima malsano donde cada uno quiere salvar su pellejo. Pero se antoja difícil que no haya gente involucrada en un negocio turbio donde hasta la Comisaría 24º podría estar implicada.
Durante los días posteriores al partido con River arreciaron versiones sobre distintos casos de damnificados por la falsificación o reventa de localidades. El presidente de un club de Primera División se asombró cuando pidió diez plateas para un grupo de amigos y se las cobraron el doble del valor original. “En la entrada figuraba que un porcentaje del precio iba para una fundación”, contó un testigo del episodio. Otros compradores de boletos se toparon con una desagradable sorpresa cuando quisieron ocupar sus asientos. Ya tenían dueño. Incluso, hasta familiares y amigos de los jugadores de Boca encontraron sus respectivos lugares invadidos. Habían recibido entradas de protocolo “mellizas” en los sectores “C” y “D”.
¿Qué había ocurrido? Todo indica que el problema sobrevino cuando el club determinó vender una cantidad no precisada de boletos que se imprimen en su área de computación, cuando ya había anunciado que no abriría sus boleterías. Boca es una de las tres instituciones del fútbol argentino que aún mantiene el sistema de entradas magnéticas –las otras son River y Vélez– del que desconfían hasta en la propia AFA. Desde este año, en los partidos que disputa la Selección nacional por las Eliminatorias se volvieron a utilizar las viejas localidades de papel con triple mecanismo de seguridad (ver aparte).
La situación es compleja porque el entramado de revendedores y falsificadores superaría a los conocidos “arbolitos” que se mueven ante las narices de la policía en las inmediaciones de una cancha. En un local comercial de avenida Montes de Oca al 700 se negociaron entradas de protocolo durante los últimos años. Un vecino del lugar confió que el filón ahora está en otra parte. El turismo que visita la Argentina, siempre ávido de espectáculos estimulantes como un Boca-River, habría pagado esta vez hasta 1500 euros o dólares por una entrada. El ex vicepresidente Roberto Digón maneja éste y otros datos sugestivos. Por eso presentó una denuncia en el juzgado Nº 29 del doctor Mahdjoubian, patrocinado por los abogados Daniel Gil Domínguez y Oscar Rabinovich. La carátula dice “Presunción de estafa”.
En el Museo de la Pasión Boquense que funciona en el estadio se sintieron aludidos por declaraciones de Digón. Y publicaron una solicitada en el diario La Nación que, entre otros puntos, sostiene: “El museo compra los abonos a plateas al mismo precio al que son adquiridos por cualquier empresa y, por un convenio suscripto, comparte con el club las utilidades generadas por toda la operatoria relacionada con el turismo”. Además, agrega que “es absolutamente falso que el museo reciba o haya recibido entradas de las denominadas de protocolo”.
Los tickets que expende Boca poseen un código de identificación que sería cambiado todas las semanas para evitar las falsificaciones que en esta oportunidad no pudieron impedirse. Los vouchers con entradas que salieron del sector a cargo de Guillermo Gresia –un ex secretario de prensa del club– son algunas de las pruebas que la Justicia ya recibió o está a punto de recibir. Esos talonarios estarían firmados por el gerente general del club, Guillermo Ibarra, y uno de los tantos asistentes del ingeniero presidente, su vocero Jorge Alves. El primero tuvo un cargo muy alto en el Correo Argentino donde había trabajado para Franco Macri, el padre de Mauricio.
Un poco de historia
Es tan claro que el doctor Bergés no cejará en la búsqueda del prófugo Rafael Di Zeo –a quien un funcionario de la Seguridad Deportiva ya compara con Bin Laden por su capacidad para mantenerse fugitivo– como que su lista de posibles imputados no se agota en un puñado de barrabravas. Se sabe que la reventa de entradas es un negocio tan añejo como aceitado en manos de estos personajes y bastaría mencionar algunos ejemplos para corroborarlo.
La recaudación de una barra brava como la de Boca, en los tiempos que la lideraba el fallecido José Barritta hace diez años, podía ascender a 80.000 pesos mensuales (con el uno a uno). De esa suma, 36.000 provenían de la reventa de entradas, o sea, casi la mitad. Otros rubros eran el “peaje” cobrado a los negocios adyacentes a la Bombonera, el apoyo brindado a ciertos dirigentes políticos y hasta las rifas vendidas a simpatizantes notables.
En el 2000, durante la sucesión de Barritta y cuando todavía estaba en disputa el liderazgo de la barra, Juan Alejo, alias el “Tucumano”, fue detenido en un partido con la Universidad Católica de Chile cuando tenía en su poder una entrada de protocolo que decía “Cortesía de Boca”. Más próxima en el tiempo fue la comprobación de un periodista de Clarín enviado a la ciudad de Rafaela cuando el equipo de Carlos Bianchi ganó allí durante este campeonato. La barra brava hizo el viaje para ver el partido y cumplir también con el viejo ritual: la reventa de entradas que ni siquiera paga al precio que las abona el público.
Pero la barra no es la única que tiene luz verde en la Bombonera. Según el ex vicepresidente Digón, es habitual que “la 24º reciba ti- ckets”. Si Bergés considerara que existen zonas liberadas en la Boca cuando se juega un partido, necesariamente debería acentuar la pesquisa sobre la policía. O acaso, ¿cómo fue posible que circularán tantas entradas falsas el domingo pasado ante semejante operativo? ¿Cómo ingresaron sin entrada ni carnet de socio tantos barrabravas? ¿Por qué determinaron Rafael Di Zeo y Santiago Lancry –ahora detenido– quién entraba y quién no a ver el partido? ¿Cuántas veces se había repetido ese procedimiento antes?
¿A qué juegan?
Si las preguntas no obtienen respuesta, se impone un análisis de las responsabilidades que les cabe a funcionarios, dirigentes y policías en toda esta historia. Y eso incluye también a los responsables de hacer que funcione la Justicia. Oficialistas y opositores en Boca coincidieron por primera vez en una cosa: que se consumó una gran estafa con las entradas del clásico. Los adversarios de Macri utilizan la misma información que difunde el presidente para sacar conclusiones. Y estiman que si River llevó a la Bombonera 10.823 personas y había 24.318 socios, con el agregado de alrededor de 10.000 abonados a palcos y plateas, se redondean unos 45.000 espectadores.
En el Prosef consideran que en la cancha había unas 60.000 personas porque estaban obstruidas las salidas para el público y ocupadas las escaleras. Si esto fuera así, queda un vacío de 15.000 asistentes al partido que no eran socios, abonados, ni hinchas visitantes. Una porción importante de esa masa anónima es la que ingresó al estadio con entradas revendidas, falsificadas, duplicadas o hasta triplicadas. ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Más...?
Un dato que debería tomarse en cuenta desde el Estado es la incidencia que tendría en este tipo de conductas dolosas la aplicación del decreto 1466/97 del Poder Ejecutivo que, en su artículo 18º, obligó a los clubes con estadios cuya capacidad superara los 25 mil espectadores a colocar el sistema de entradas magnéticas. Y que en su momento habían incorporado a sus respectivas canchas Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Vélez, Huracán y Rosario Central, entre otros equipos. La empresa que se quedó con este negocio en 1997 era Supreme Ticket, una subsidiaria del grupo Clarín y Torneos y Competencias (TyC) que luego lo abandonó por deficitario pese a que tenía un contrato firmado hasta 2007. Se estima que sus pérdidas ascendieron a 30 millones de pesos.
Como consecuencia de esta retirada, Boca –y también River y Vélez– se quedó con los molinetes y la potestad de imprimir sus propias entradas (las plateas, sobre todo), lo que ha generado cierto descontrol. Un descontrol que ni siquiera la AFA parece decidida a contener, preocupada como está en que nunca se la considere como organizadora de los espectáculos deportivos que se programan entre sus clubes afiliados. La prueba de la ineficacia es un expediente abierto en el Tribunal de Disciplina por la denuncia de sus inspectores asignados a la Bombonera el domingo 16 y que, más temprano que tarde, terminará archivado.