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El jueves 20, el ministro de Defensa, José Pampuro, visitaba los talleres de la Brigada Aérea I, en El Palomar, donde tiene la central operativa la red de control del espacio aéreo por radar, que permitirá saber en tiempo real si un avión que vuela en los cielos del país tiene o no su matrícula en regla. En ese momento sonó su teléfono. Era el presidente. Pampuro se preocupó. Cuando Néstor Kirchner llama después de las diez de la noche, algo pasa.
–Pepe, andate ya mismo al regimiento Patricios –le ordenó.
–¿Qué pasa en Patricios?
–Hay unos muchachos que se juntaron para comer y charlar. Fijate en qué andan.
Como el Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Roberto Bendini, comía con un enviado del Ejército de Francia y no era oportuno interrumpirlo, Pampuro se hizo acompañar por el subjefe, Mario Chretien, y por el Comandante del Cuerpo I, general Carlos Antonio Esteves. Llegaron a Patricios a las diez y media de la noche. La playa de estacionamiento lucía abigarrada de vehículos. Al entrar al casino de oficiales vieron las mesas tendidas y todos los comensales vestidos de civil. La única excepción era
Chretien, quien ante la sorpresa general introdujo a su acompañante: “Señores, el ministro de Defensa”. El silencio era insoportable.
Biblias y calefones
Pampuro tomó la palabra. Dijo que con los dos generales estaba haciendo una recorrida de las unidades, que habían estado antes en el vecino regimiento de Granaderos a Caballo y que al pasar habían visto los autos estacionados y entraron para enterarse de qué actividad se trataba. Los recién llegados se repartieron la tarea de identificar a los asistentes.
Sólo detectaron a un general en actividad, Francisco José Goris, un protegido del ex jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni, quien durante el gobierno de la Alianza usó el ascenso de Goris para postergar al actual jefe Bendini. Un traficante de armas intentó escabullirse de la vista. Como dueño de casa oficiaba el general Ernesto Juan Bossi, quien convoca desde la mutual militar. Es el más persistente ideólogo de la recuperación de funciones policiales para las Fuerzas Armadas. También participaron el ex Jefe de Estado Mayor Conjunto Juan Carlos Mugnolo, el ex subjefe del Estado Mayor del Ejército con Brinzoni, Eusebio Jurczyszyn, investigado en Córdoba por espionaje a los tribunales federales, y el general Hernán Olmos, otro de los purgados en 2003 de la cúpula de Brinzoni.
Entre los civiles se destacaban la eminencia gris oscuro del radicalismo, Enrique Nosiglia, y el pelo engominado y la barba roja de Vicente Gonzalo Masot. Nosiglia y Jaunarena fueron los impulsores de las leyes de punto final y de obediencia debida, a cuya nulidad declarada por la justicia y el Congreso no se resignan porque compromete la evaluación histórica de sus actos. Masot fue en la década de 1970 un destacado militante de la Falange Restauradora Nacionalista que inspiraba el profesor Jordán Bruno Genta. Veinte años después debió renunciar como viceministro de Defensa de Carlos Menem por defender en público la aplicación de torturas a detenidos. Entre los empresarios llamaba la atención la presencia de Miguel Angel Iribarne (socio de Aldo Ducler en Mercado Abierto, sociedad investigada por lavado de dinero); del ejecutivo del banco chino de Hong Kong y Shangai (HSBC), Emilio José Cárdenas (el autor de la precisa definición del gobierno menemista como una cleptocracia, designado de inmediato embajador ante las Naciones Unidas) y de otro hombre de principios, el banquero Jorge Brito, a quien Kirchner señaló primero como financista de la campaña de Menem y luego como modelo de burgués nacional, expresiones sólo en apariencia contradictorias.
Junto a nacionalistas como Gustavo Breide Obeid asistían ex funcionarios menemistas de Defensa, como Jorge Domínguez y Juan Ferreyra Pihno; el peronista bonaerense Manuel Urriza; el ex secretario del sindicato del Seguro y del Registro Nacional de Armas, José Genaro Báez (responsable de la introducción en la escena política en 1975 del joven arribista Carlos Rückauf); almirantes retirados en disgusto con decisiones de conducciones anteriores, como Horacio Fisher, el cuñadísimo Basilio Pertiné, y Carlos Alberto Frasch; generales que se fueron a su casa por propiciar la salida de tropas a la calle en los meses calientes de 2002, como el ex jefe de paracaidistas Emilio Nazar; inveterados conspiradores como el almirante Miguel Troitiño, el general Carlos Matalón y el brigadier Luis Villar (fundadores del pintoresco partido militar Nueva Opción Republicana, NOR, Troitiño fue arrestado varias veces por impugnar en tono poco castrense las extradiciones solicitadas por el juez Garzón y otras decisiones judiciales); el coronel Gustavo Gorriz, edecán de Menem y operador de Brinzoni para la fallida Mesa de la Reconciliación; el Capitán de Navío Nolte Polledo, quien fue secretario de los últimos Jefes de Estado Mayor de su arma durante la dictadura militar y dijo que se habían sacado listas y documentación a Suiza; el coronel Alberto Jorge Crinigan, quien debió pasar por los tribunales en la causa del Batallón de inteligencia 601 y acusó de traidor al ex Jefe de Estado Mayor Martín Balza; el capitán de navío Jorge Perren, el temible Puma de la ESMA; el capitán de navío Norberto Varela, despedido como interventor de la policía municipal de Buenos Aires, acusado por presunta privación ilegítima de la libertad de un empleado de la comuna, y definidor de la Conadep como “un grupo faccioso”; el brigadier Francisco Serrat, en cuya dependencia se realizaron tareas de espionaje sobre organizaciones políticas; el ex jefe de inteligencia del Ejército, Jorge Pedro Miná, acusado por violación a la ley de Defensa en la investigación del asesinato del último conscripto; el ex jefe de escuchas de la SIDE, Julio C. Sarmiento; el ex jefe de Gendarmería Hugo Miranda y el coronel Rubén Víctor Visuara, ex jefe operativo de la banda de Aníbal Gordon y del centro clandestino de detención Automotores Orletti.
También estaban algunos colaboradores de Jaunarena en el nuevo grupo Seguridad en Democracia (Send) que se acaba de crear: el ex director del Estado Mayor del Ejército con Brinzoni, general (OD) Alfredo Lafuente, el contraalmirante Uberti y su ex jefe de gabinete, el periodista Raúl García. Sapo de otro pozo, el diputado kirchnerista cordobés Eduardo Di Cola, interventor en el Correo Argentino, comenzaba a preguntarse qué hace en este lugar un hombre como yo. Con el pretexto del locro y la empanada lo había invitado su amigo el coronel Ochoa, de Río Cuarto como él.
Descubiertos con las cucharas en el plato, los asistentes justificaron que se habían reunido allí para celebrar el Día de la Patria. No atinaron a explicar por qué lo hacían el 20 de mayo. Tampoco dijeron cuál había sido la razón de los encuentros similares que mantuvieron en los últimos meses (el anterior en Granaderos) a los que asistieron dos generales que no estaban el jueves: Ricardo Brinzoni y Daniel Reimundes. Pampuro y Chretien se sentaron a la mesa de Jaunarena y Nosiglia. El operador radical intentó otra disculpa:
–Ojo que no estamos conspirando.
–Eso que decís me garantiza que sí –le respondió Pampuro con sonriente conurbanidad.
Sólo se escuchaba el ruido de los cubiertos, que apuraron lo que quedaba de los platos y después tasa tasa, cada uno a su casa. A las once de la noche no quedaba nadie. Qué noche de perros.
Agua bendita
No es un hecho aislado. Hace tres semanas, el ex jefe de la delegación de la dictadura militar en la Corte Suprema de Justicia, Pedro J. Frías, inició una escalada sobre el gobierno que la Iglesia se propone culminar en setiembre. Hombre de consulta de la Iglesia, Frías dijo que “desde el Gobierno se prefiere la memoria. Bien por la memoria, pero no por el rencor que quiere testimoniar. Necesitamos la reconciliación, que es el producto social del perdón. Una sociedad reconciliada no vive en el pasado”. En una objeción directa al gobierno dijo que la fragmentación dificulta la gobernabilidad y “se recurre al populismo. Con él se asocian el clientelismo, tan vinculado con la asistencia social, y la transversalidad, para crear poder personal”.
La semana pasada, al concluir las deliberaciones de la Asamblea Plenaria que reúne a un centenar de obispos en San Miguel, el documento “Necesitamos ser Nación”, consideró fundamental “hacer posible la reconciliación en nuestra sociedad, herida por la división y el desencuentro. A los argentinos el pasado nos sigue pesando demasiado. Si lo asumimos desde la reconciliación, en lugar de ser causa de divisiones se transformará en escuela que nos enseñe todo lo que debemos hacer para integrarnos y crecer en comunión”.
Más explícito fue el vicepresidente segundo del Episcopado, el obispo de Corrientes Domingo Castagna, quien dijo que “Kirchner está lejos de perdonar y de tener una predisposición a ser perdonado”. Castagna tiene a su cargo la organización del Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará en setiembre en su provincia. Ante el diario La Nación reveló que entonces la Iglesia volverá a presionar al gobierno bajo el lema “Eucaristía: reconciliación y solidaridad”. Según Castagna si la voluntad de reconciliación no nace de los dirigentes políticos, la Iglesia buscará que surja como reclamo del pueblo. “Falta reconciliación y ése es un objetivo popular”, dijo Castagna, contrariando todo lo que se conoce sobre la opinión pública, que en porcentajes superiores al 70 por ciento se pronuncia cada vez que es consultada en favor del castigo para los crímenes de la dictadura militar. En un típico eufemismo para santificar un proyecto político, Castagna dijo que confiaba en que “la gracia de Cristo produzca la reacción en el pueblo en favor de la reconciliación”. Para el obispo de Corrientes, el presidente tiene una “actitud de no perdonar ni reconocer la necesidad de ser perdonado”, que “atenta contra la verdadera reconciliación”, porque “todos estamos necesitados de perdón y no debemos tener la actitud maniquea de dividir la sociedad entre puros e impuros”. Este relativismo moral, en el que dan lo mismo justos que pecadores, provocó la reacción de Kirchner.
El presidente dijo que “no se puede construir una sociedad sin justicia, sin verdad y con impunidad. Llegamos a esta situación porque todo se podía perdonar. No importaba lo que había hecho cada uno; en nombre de la reconciliación perdonábamos cualquier cosa”. El Episcopado replicó que “en las enseñanzas de la Iglesia el perdón no es un manto con el que se oculta el pasado, sino una respuesta de grandeza ante el arrepentimiento”. Añadió que cuando la Iglesia “habla de reconciliación entre los argentinos lo hace siempre en un contexto de respeto a la Justicia”. En una rectificación a La Nación que el diario publicó sin comentarios, la Comisión Ejecutiva dijo que Castagna no se refirió al Presidente y que su frase real fue que “todos los argentinos debemos adoptar la actitud de perdonar y pedir perdón para llegar a una verdadera reconciliación”. Según la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que integran los obispos Eduardo Mirás, Jorge Bergoglio y Domingo Castagna, el presidente no comprende lo que significa la reconciliación para la Iglesia. Por el contrario, sus concisas y respetuosas palabras indican que lo comprende muy bien.
Cuentos chinos
Castagna es un viejo conocido de las víctimas del terrorismo de Estado. En enero de 1978, cuando aparecieron varios cuerpos mutilados en las playas de Santa Teresita, una delegación de Madres de Plaza de Mayo acudió a la Curia de Buenos Aires. “Allí nos atendió monseñor Castagna. Muy cordialmente nos dijo que no nos preocupáramos porque esos cadáveres eran de chinos borrachos que se peleaban y se caían de los barcos, y no de desaparecidos”, recuerda Nora Cortiñas. En 1980 cuando se otorgó el premio Nobel de la paz a Adolfo Pérez Esquivel, fundador del Servicio de Paz y Justicia, la Iglesia aclaró que esa organización que el gobierno consideraba subversiva no tenía nada que ver con la Comisión Argentina de Justicia y Paz, que dependía de la Conferencia Episcopal “y cuyo asesor eclesiástico es monseñor Domingo Castagna”. En 1982, luego del colapso de la dictadura en la guerra de las Malvinas, la Iglesia estableció un denominado Servicio de Reconciliación, que consistió en una intermediación entre el último dictador Benito Bignone y los partidos políticos. Uno de los asistentes a esos encuentros, el político democristiano y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, Augusto Conte, narró que se trataba de un trueque, de cronograma electoral por impunidad, que debía culminar el 19 de diciembre de ese año con una gran misa de la reconciliación. Esto se frustró porque los partidos no aceptaron las condiciones que la dictadura ya no estaba en condiciones de imponer. Uno de los obispos encargados de ese servicio de reconciliación era el tenaz Castagna.
En 1995, al iniciarse los juicios por la verdad, un grupo de cinco obispos, entre ellos Castagna, hizo saber su oposición. “¿Para qué debemos conocer toda la verdad? ¿Para volver a enfrentarnos o para reconciliarnos?”, preguntaron. Desde entonces, en forma periódica, la Iglesia vuelve a tender su mano en rescate de los procesados por violaciones a los derechos humanos. Para la Iglesia, la reconciliación es un sacramento. Se trata de la reconciliación con Dios, de quien los hombres se alejaron por el pecado original. El sacrificio de Jesús permitió la reconciliación con Dios, de quien los hombres pueden llamarse hijos gracias al Hijo, y desde entonces hermanos entre sí. Por cierto, el sentido político de la reconciliación es otro y la Iglesia juega sobre la confusión entre el lenguaje común y la jerga teológica.
La Casación
La escalada que impulsan la Iglesia, sectores de las Fuerzas Armadas, alfonsinistas, menemistas y nacionalistas, debe culminar con una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que se propone declarar la validez de las leyes de punto final y de obediencia debida. El caso elegido para ello es el del Capitán de Navío Raúl Enrique Scheller, alias Pingüino o Mariano, uno de los torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada. La sala militar de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Amelia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo de De Durañona y Vedia, se apoderó per saltum de la causa ESMA. El 1º de setiembre pasado, luego de la ley de nulidad, la Cámara Federal dispuso el sorteo de las causas que habían sido paralizadas por la ley de obediencia debida. La causa ESMA correspondió al juzgado federal 12. El 16 de setiembre, el juez federal Sergio Torres dispuso el arresto de quince retirados, entre ellos Scheller, Jorge Acosta y Alfredo Astiz. Todos presentaron recursos de apelación, nulidad e inconstitucionalidad. La Cámara Federal entendió que el sorteo del juzgado constituía un acto de superintendencia, para el mejor ordenamiento del trabajo de los tribunales dependientes de ella, pero no era un acto jurisdiccional que pudiera ser apelado. Todas las cuestiones debían plantearse ante el juzgado de Torres. Scheller desistió de los recursos de nulidad e inconstitucionalidad y recurrió en forma directa e irregular a la Casación. La causa se tramita por el Código Procesal reformado en 1991, que no contempla el per saltum ante la Casación. Si se tramitara por el Código antiguo, ese tribunal tampoco podría intervenir, ya que recién fue creado con aquella reforma.
Scheller y sus abogados de confianza, Alfredo Solari y Juan Pablo Vigliero, reclaman por la presunta violación a la garantía de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Suponen para ello que la causa estaba concluida y que Scheller puede invocar la cosa juzgada. Hace dos semanas la Cámara de Casación le concedió el recurso. Torres deberá desprenderse de las actuaciones y enviarlas a aquel tribunal que ahora se pronunciará sobre el fondo del planteo del Pingüino. Esos mismos jueces paralizaron hace cuatro años los juicios por la verdad en Bahía Blanca, al secuestrar el expediente para decidir la apelación de un coronel del Ejército. En un texto de obvia pluma alfonsinista (en ese momento el ministro de Justicia era Ricardo Gil Lavedra) la Casación prohibió que los militares declararan como testigos. A raíz de eso, el CELS promovió la nulidad de las leyes de impunidad, para que pudieran declarar como imputados.
Al mismo tiempo la Iglesia emprendía una nueva ofensiva reconciliatoria entre víctimas y verdugos, con su documento “La reconciliación de los bautizados” y una ceremonia pública espectacular en Córdoba, donde se colocó en un mismo plano “la violencia guerrillera y la represión ilegítima” y el enviado papal Rosalío Castillo Lara equiparó la justicia con “una venganza disfrazada”, conceptos que retomó ahora Frías en su declaración. Esto es en términos históricos y filosóficos un dislate, ya que la justicia surgió como una alternativa superadora a la venganza. En la Grecia arcaica descrita por Homero no hay juez ni verdad ni sentencia, sólo lucha. La única forma de determinar quién ha violado el derecho del otro es el combate entre dos guerreros. Según Michel Foucault, el proceso por el cual “el pueblo se apoderó del derecho de juzgar, de decir la verdad” es una de las grandes conquistas del derecho ateniense, que impuso una verdad sin poder sobre un poder sin verdad. En la misma época, las multas comenzaron a sustituir en Roma a las mutilaciones del ojo por ojo y el diente por diente de los códigos mosaicos, babilónicos y germánicos.
Pero la caída del imperio romano retrotrajo las cosas a su estado anterior, de modo que este tránsito de la venganza a la justicia debió repetirse en la Edad Media. Recién en el siglo XII aparece la sentencia, que Foucault describe como “la enunciación por un tercero de lo siguiente: cierta persona que ha dicho la verdad, tiene razón; otra, que ha dicho una mentira, no tiene razón”. Nada más alejado del relativismo moral que promueve el Episcopado argentino.
Sin necesidad de remontarse tan lejos, la mera observación contemporánea afirma la enorme trascendencia que tuvo en la Argentina el restablecimiento de las normas jurídicas para dirimir las contiendas entre bandos políticos. La condena a las Juntas Militares en 1985 fue el cierre civilizado de un ciclo de tres décadas de violencia y represalias, que se había abierto con el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955 y que incluyó el secuestro y asesinato de Aramburu en 1970, la masacre de Trelew en 1972, los atentados personales de la guerrilla, los crímenes de la Triple A y la gigantesca fábrica represiva montada por las Fuerzas Armadas a partir del golpe de 1976. Que no haya habido un sólo acto de venganza por parte de los familiares de las víctimas, habla de la capacidad regeneradora de la convivencia que tuvo aun la escasa medida de justicia que el país conoció entonces. Las leyes y decretos de impunidad del quinquenio 1986-1990 anularon las condenas pronunciadas e interrumpieron los procesos posteriores que estaban en curso, con lo cual se inició la crisis de credibilidad que minó las instituciones.
“No existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia” dicen los “Principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad” de las Naciones. El perdón es un “acto privado” y supone, “en tanto factor de reconciliación, que la víctima conozca al autor de las violaciones cometidas contra ella y el opresor esté en condiciones de manifestar su arrepentimiento; en efecto, para que el perdón sea concedido es necesario que sea solicitado”. No parece que la Iglesia esté trabajando en esa dirección, cuando el obispo castrense Antonio Baseotto encabeza un contraacto frente a la ESMA, convocado por Troitiño, donde lejos de pedir perdón se reivindicó lo actuado. El operativo culminará en setiembre. Kirchner será invitado a hablar en el Congreso Eucarístico de Corrientes, como han hecho otros presidentes en décadas anteriores, lo cual en este caso será una emboscada. A castagnazos.