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El 22 de enero de 2006, Evo Morales se constituyó en el primer presidente indígena de Bolivia. Años después, la instauración de un Estado Plurinacional, con la nueva Constitución sancionada en 2009, fortaleció los niveles de democratización y participación de la ciudadanía. El reconocimiento del pluralismo atravesó los ámbitos jurídico, lingüístico, económico y político. Sin embargo, la relación Estado-ciudadanía no quedó librada de contradicciones. Reivindicando la consolidación de una democracia representativa, participativa y comunitaria, el politólogo boliviano Fernando Mayorga dialogó con Página/12 sobre los dilemas que arrastra la construcción del modelo estatal boliviano y la tensión existente entre nacionalismo e indigenismo en el marco de este proceso.

–¿Qué rasgos caracterizan el proyecto político que se abrió con el gobierno de Evo Morales? ¿Qué lo diferencia de los anteriores?

–Es un proyecto político que se despliega desde el año 2005, y particularmente desde el 2009, cuando se aplica la nueva Constitución. Es un proyecto político que está tendido en una contradicción entre nacionalismo e indigenismo. En el 2009, la Constitución instauró el Estado Plurinacional, reconociendo a diversas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En términos discursivos, se construyó un nuevo sujeto portador de derechos colectivos. Es una palabra bien complicada.

–¿Por qué?

–Son catro términos para designar a un sujeto en el reconocimiento del pluralismo en diversos órdenes. Pluralismo jurídico, pluralismo lingüístico, pluralismo económico y pluralismo político.

–¿En qué se expresan?

–El pluralismo jurídico se expresa en el reconocimiento de dos jurisdicciones, una ordinaria y otra indígena, con el mismo rango. Las prácticas, procedimientos y costumbres de las comunidades indígenas son formalizados como mecanismos de resolución de conflictos. El pluralismo económico se expresa en el reconocimiento de cuatro formas de propiedad: privada, pública, cooperativa y comunitaria.

–¿En qué se diferencia la comunitaria de la cooperativa?

–En que la cooperativa no tiene base territorial indígena, tiene lugar en el nivel urbano. Existe particularmente en el sector de la minería, donde los ex trabajadores mineros que fueron despedidos en el período de la caída de precios de los minerales o con las políticas de privatización, se asociaron para la explotación minera y formaron cooperativas en condiciones paupérrimas, de supervivencia. En Bolivia, hay 400 mil de esas cooperativas. Esto significa el reconocimiento a un sector que fue muy importante en las movilizaciones sociales y políticas que llevaron a Evo Morales al poder. En cambio, la comunitaria es más rural y campesina. Es una economía basada en la reciprocidad, en la circulación de ayuda comunitaria para la producción agrícola más que en la producción dirigida al mercado, y tiene fuertes rasgos culturales tradicionales.

–¿Cuáles son esos rasgos?

–La producción comunitaria está ligada a una forma de organización del poder interno con rotación, la toma de decisiones se da mediante asamblea. Eso que siempre fue parte de la economía boliviana ahora está formalizado. El tema es que con esta revolución democrática todo ese mundo indígena ahora pasa a formar parte del orden constitucional del país, en términos reales y legales. El problema lingüístico se expresa en el reconocimiento de más de tres decenas de lenguas nativas que ahora son idiomas oficiales, junto con el español. No solamente el quechua y el aymara, que corresponden a los grandes conglomerados indígenas, sino también otras treinta lenguas de tierras bajas. El pluralismo cultural supone un reconocimiento de las culturas originarias en todas sus facetas, de manera que se pueda expresar la bandera indígena tanto en tierras bajas como en las que no lo son, que está incorporada como símbolo oficial.

–¿Y el pluralismo político en qué se expresa, concretamente?

–El pluralismo político tiene una expresión particular. A diferencia de Ecuador y Venezuela, que han incorporado en sus constituciones a instituciones de la democracia representativa para ampliar la democracia participativa, en Bolivia, además de incorporar esas formas de democracia participativa –como el referéndum– se ha incorporado también la asamblea, el cabildo y la consulta previa.

–¿Qué características tienen esas instituciones? ¿En qué se diferencian de la democracia participativa?

–Además de la democracia representativa y participativa, también se reconoce la democracia comunitaria. A esa combinación de las tres la denominamos “modelo de democracia intercultural”. En tanto que modelo de democracia, el correlato del Estado plurinacional es la democracia intercultural. Consiste en que el cinco por ciento de los diputados es indígena. De hecho, la discusión es si ello debería incrementarse a quince o a treinta y seis.

–¿Quiénes están dando esa discusión?

–Los indígenas. Se ha hecho el nuevo censo de población y vivienda el año pasado y sobre ese mapa demográfico se va a discutir esa proporción. Es un tema de decisiones políticas. El punto es que tú tienes un porcentaje de diputados que son elegidos por su pertenencia identitaria. Punto. Lo importante es que se hace eso sin provocar una situación de dualismo representativo. Bolivia tiene el Parlamento bicameral, en diputados tenemos este porcentaje de indígenas, hay nueve gobiernos departamentales, en las asambleas departamentales hay cuotas étnicas que pueden ser de cinco, diez o quince por ciento. En algunos casos, elegidos por usos y costumbres. Tú tienes representación vía identidad étnica en el Parlamento, en Diputados y en las Asambleas departamentales. En todo. A nivel municipal, se da desde mucho antes, desde 1995. Además, hay tres niveles de gobierno subnacional: el departamento, el municipio y la autonomía indígena. De los 367 municipios, en quince se votó en referéndum su transformación en autonomía indígena: ganaron 11.

–¿Dónde reside la dimensión nacionalista en este nuevo esquema de la democracia boliviana?

–Está en este retorno del Estado como protagonista, que se nutre de una experiencia nacionalista que viene de la revolución de los años ’50. En Bolivia, la ideología más poderosa es el nacionalismo revolucionario surgido de la revolución de 1952. Es tan poderosa que de allí nació el campesinado y el sindicalismo campesino, donde se inserta Evo Morales. En esta figura de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tú tienes la combinación de tres movimientos.

–¿Cuáles?

–El movimiento indígena de tierras altas del Altiplano, relacionado con el imperio incaico y el tiahuanacota. Los indígenas de tierras bajas, los de la Amazonia que son nómadas, cazadores y recolectores en su gran mayoría, se llaman a sí mismos “pueblos indígenas”. Son campesinos propietarios privados con acceso a la tierra desde el ’52, cuando tuvo lugar la revolución agraria. Una vez que se empieza a implementar la Constitución política, que reconoce derechos colectivos, empiezan a aparecer las tensiones, las contradicciones.

–En el marco de esta ampliación de la democracia en Bolivia, producto de reivindicaciones sociales que consolidaron el triunfo de Evo Morales, ¿cómo ve hoy la relación entre Evo y esos sectores?

–En el caso “Tipnis” (la marcha indígena contra la construcción de una carretera) aparece una contradicción entre un objetivo estatal de integración territorial –y, por tanto, de ejercicio de soberanía estatal– y un derecho colectivo de los pueblos indígenas que dicen: “respeten nuestro territorio”. O ¿quién decide sobre el uso del territorio? Ahí el MAS opta por la vertiente nacionalista: privilegia lo estatal respecto del derecho colectivo indígena.

–¿Por qué?

–Por una cuestión muy simple: en ese proyecto político prevalece una lógica de construcción estatal. En Bolivia tienes el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, que incluye el autogobierno, y derechos que se ejercen territorialmente. Con el siguiente panorama: la mayoría de la población es campesina indígena, con casi dos tercios del territorio bajo demanda de conversión en territorio indígena, dado que un tercio de los municipios tiene mayoría indígena y, además, las tierras comunitarias de origen donde son privilegiados los indígenas. Si haces prevalecer esos derechos colectivos sobre sus territorios, estaríamos en una situación de soberanía estatal que no tendría potestad ni autoridad sobre dos tercios del territorio boliviano. Entonces, prevalece la razón de Estado, la idea de nación. Allí es donde se producen estas contradicciones. El movimiento indígena promueve la Asamblea Constituyente, un nuevo orden constitucional, logra que se reconozcan los derechos colectivos, amplía la ciudadanía con sistemas de derechos, están en el centro de todo el ordenamiento jurídico boliviano. Sin embargo, entran en contradicción. Una tendencia común a cualquier Estado que busca la unificación.

–En su libro Dilemas, usted habla de los “dilemas” que enfrenta hoy el gobierno de Evo. ¿Podría nombrar los más importantes?

–El dilema general que cruza el discurso político del MAS se relaciona con la orientación del propio proceso de construcción del modelo estatal, se da entre nacionalismo e indigenismo. Cuánto de nacionalismo –es decir, cuánto de Estado– y cuánto de indigenismo –de la vigencia de los derechos colectivos–, que ha sido parte medular de la nueva Constitución y son la razón de ser del Estado. Esto tiene varias consecuencias.

–¿Como cuáles?

–Por empezar, sobre la organización vertical del Estado, toda vez que la Constitución reconoce un Estado descentralizado políticamente a través de gobiernos subnacionales que tienen autonomía y asambleas legislativas de la misma categoría. El Estado boliviano reconoce autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional y autonomía indígena. El dilema reside en que el diseño de descentralización para la gestión está concentrado.

–¿En qué sentido?

–En el sentido de que refuerza el centralismo gubernamental, porque el MAS concentra el poder político e impide que se vaya implementando el régimen de autonomías más rápidamente. El presidente Evo Morales ha definido una estrategia del modelo de desarrollo que es muy sugerente: la Agenda Patriótica del Bicentenario plantea trece metas de desarrollo. Las tres primeras son las más importantes, porque se relacionan con rezagos históricos y estructurales de la sociedad boliviana: eliminación de la pobreza absoluta, acceso universal a servicios básicos y seguridad alimentaria. Allí hay un dilema para el proyecto, porque un sector del gobierno ha propiciado un discurso muy centrado en la descolonización, asumiendo que las distintas formas de Estado antes del 2009 correspondían al Estado colonial. Sobre ello, el discurso del MAS en la Asamblea Constituyente se basó en la idea de una refundación de Bolivia. Cuando Evo Morales dice “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, está afirmando la necesidad de una mirada de continuidad histórica, es decir, se pone una meta que se cumpliría en 2025 para recordar el nacimiento de la república. Eso significa una modificación en la visión respecto del intento de revisión histórica que negaba el pasado como negativo, como manifestación del colonialismo interno.

–¿Por qué se da este cambio idiosincrático?

–Porque se aferra cada vez más al nacionalismo revolucionario para definir la reorientación del modelo estatal. El nacionalismo revolucionario implica no solamente una visión del Estado o un tipo de interpelación al pueblo, sino además una interpretación del proceso histórico. Entonces se recupera una idea basada en la dicotomía Nación y anti-nación.

–Cuando mencionó la Agenda Patriótica, usted aludió a una revisión histórica.

–Claro, al definirla como prioridad de su gestión y poner como horizonte el 2025, está recuperando la idea de continuidad histórica que antes no tenía. Para cumplir esas metas, el MAS debe propiciar el fortalecimiento de las autonomías, sobre todo las departamentales, que tienen las atribuciones y están habilitadas para cumplir esas tareas. El gobierno central no puede hacer esas tareas. Es una idea centralista que debe convivir con una agenda patriótica que exige fortalecimiento de la descentralización política. Ese nivel subnacional departamental es donde el MAS tiene menor fuerza; en algunas regiones ha perdido las elecciones. Allí observo otro dilema, ya que propiciaría espacios favorables a la oposición, lo que tendría una consecuencia en el proceso político boliviano.

–¿Cuál cree que es la concepción de pluralismo que tiene el MAS?

–Para el MAS, el pluralismo que reconoce la Constitución se da en términos de manifestación de la diversidad étnico-cultural. La Constitución reconoce pluralismo jurídico, económico, lingüístico, cultural y político. Los cuatro primeros están clarísimos, además se traduce en instituciones. En cuanto al pluralismo político, ellos consideran que se expresa en lo que se denomina “democracia intercultural”: la convivencia de instituciones de la democracia representativa, de la democracia participativa y de la democracia comunitaria. En Bolivia hay una tensión entre el grado de ampliación de la democracia con concentración de poder.

–¿En qué se traduce esa tensión?

–Buena parte del derrumbe de los sistemas de partidos en Bolivia, Venezuela y Ecuador tuvo que ver con la pérdida de legitimidad. Vinieron nuevos liderazgos. En Bolivia se trató de un nuevo liderazgo y nueva fuerza política, con la incorporación de nuevos actores y nuevas demandas en la política. Hay una profunda renovación que amplía la legitimidad. Eso va acompañado por una concentración del voto que permite que el proceso decisional esté en manos del MAS. En esta fase de la construcción del Estado plurinacional estamos bajo esa figura: el MAS controla las dos cámaras, tiene el control en siete de nueve gobernaciones y el 85 por ciento de los municipios.

–En el marco de esta concentración del poder, usted mencionó cambios en las pautas de participación, una ampliación de la participación de, por caso, las mujeres.

–Se concentra el poder en el MAS, que es el partido hegemónico. Ahora, dentro del MAS como partido de gobierno hay una renovación de las elites políticas en Bolivia, donde sobresale la presencia del campesinado indígena y las mujeres, muy claramente. En los dos casos, hay reglas que promueven e incentivan eso. En el caso de las mujeres, se ha pasado de la igualdad a la equidad de oportunidades. Actualmente, hay mujeres que son presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores, se ha llegado a tener la mitad de ministras mujeres, algunas de ellas, también campesinas e indígenas. La presencia campesina es muy evidente en las esferas gubernamentales y en los espacios de representación. Esos son los actores que más visiblemente han ingresado en la política y, además, lo hicieron como actores decisivos.

–¿Con qué instrumentos cuenta hoy el Estado para regular el mercado, otra dimensión también en tensión?

–La capacidad regulatoria del Estado es muy débil. Lo que tiene, sin embargo, es un manejo adecuado de la estabilidad macroeconómica, relacionado con la generación de excedente económico por la exportación de hidrocarburos y minerales. Eso sostiene la economía boliviana y le da al gobierno de Evo Morales la capacidad de disponer de recursos para ejecutar políticas redistributivas. Hay problemas con la atracción de mayor inversión, no tanto por la política, como era antes, sino por la propia debilidad y falencias del Estado boliviano. En algunos casos le fue imposible regular el mercado. Un ejemplo ilustrativo fue el intento de elevar el precio de la gasolina, en diciembre de 2010. Ese intento de regular el mercado para eliminar una subvención derivó en una protesta popular que incluyó a los aliados del gobierno. Por lo tanto, esa medida no fue posible hasta la fecha. Además del gasolinazo, se dio el movimiento indígena con la famosa carretera del Tipnis, ocurrió con el sector de salud ante la pretensión del gobierno de ampliar la labor de los médicos de 6 a 8 horas. Todos esos episodios implicaron la apertura de espacios de negociación o búsqueda de soluciones de otra índole.