–Usted ha dedicado una parte importante de sus últimos 20 años a buscar los caminos que llevaran a la justicia en materia de derechos humanos. ¿Cuáles fueron en esta lucha los fundamentales escollos?

–Yo diría que en nuestra lucha por la justicia teníamos tres obstáculos muy duros. Los gobiernos de derecha, el fantasma militar y, finalmente, las normas que debían, en el caso, reglar la actuación de la justicia. A partir del 1° de marzo de 2005, dos de esos obstáculos fueron removidos. Hoy tenemos un gobierno de izquierda y la subordinación militar es total. Se puede entrar a los cuarteles, lo cual significa que es posible realizar las investigaciones sobre desaparecidos que la ley de caducidad prevé en su artículo 4.

–Sólo faltaría una norma clara que permitiera actuar a la Justicia.

–La ley de caducidad determina que es el presidente de la República quien decide, en cada caso, si corresponde o no que la persona acusada sea sometida a la justicia. Nosotros pensamos que al tener un presidente de izquierda, que no estaba dispuesto a subvertir la ley y dejar libres a los culpables, todo empezaría a funcionar.

–Esto no fue así.

–Hubo jueces y fiscales que no lo entendieron así. Y por una u otra razón el pronunciamiento del presidente no resultó definitivo.

–En definitiva, el presidente dice “debe ser sometido a la Justicia” y el juez o el fiscal dice: “No corresponde que se lo someta”.

–Estos jueces o fiscales que dijeron “No corresponde”, trabaron el desarrollo de la Justicia en estos años en que creíamos que se resolverían muchas cosas en materia de delitos contra los Derechos Humanos.

–Ahí surgió la convicción de que la ley de caducidad no era apta para resolver los problemas que planteaban los delitos contra los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura.

–Claro, eso nos llevó a la búsqueda de una solución legal que permitiera actuar a la Justicia, para que ésta pueda encontrar en cada caso las pruebas correspondientes. Para esto, fiscales y jueces deberán ir a fondo en la búsqueda de la verdad.

–¿Por qué piensa que Uruguay quedó tan atrás respecto de Argentina en el establecimiento de disposiciones que hagan obligatorio el castigo de los culpables?

–Yo creo que el triunfo de la impunidad decidido por un plebiscito paralizó toda búsqueda. Pero además, se decía “En Uruguay no hubo desaparecidos”, “En Uruguay no se cometieron delitos con niños”. Era grande el desconocimiento de los hechos.

–Sin embargo, la ley de caducidad, si bien impedía el castigo de determinados hechos, no impedía, sino que preveía la investigación.

–Sí, ¿pero querían investigar los cuatro gobiernos de derecha que tuvo Uruguay en estos 20 años?

–¿Cómo evalúa la Comisión para la Paz creada por el último de estos presidentes, Jorge Batlle?

–Fue una buena iniciativa, un paso importante que Batlle debió complementar con otros, como la entrada a los cuarteles. Pero la entrada a los cuarteles recién se produjo con el gobierno del Frente.

–¿Por qué cree que Batlle se negó a entrar a los cuarteles? ¿Tal vez los militares podían transformarse nuevamente en una amenaza?

–No, no lo creo.

–¿De qué manera presionaron, entonces, para que Batlle se detuviera?

–De ninguna. No creo que haya habido presiones. Es evidente que cuando el poder político –a partir del 1º de marzo de 2005– fue claro y dio las órdenes precisas, actuaron en consecuencia.

–¿Estas y otras cosas no podrían hacer pensar que los gobiernos tradicionales se sintieron, en algunos sentidos, vinculados con la dictadura?

–Yo no podría afirmar eso.

–O, sin llegar a tanto, ¿no podía haber ocurrido que frente a la disyuntiva entre la dictadura y la izquierda prefirieron mantenerse afuera? ¿No exponer ante la visión pública conductas censurables de los militares?

–Yo creo que, simplemente, no sentían ni sienten el tema de los derechos humanos con la pasión que lo siente el resto de la sociedad. A pesar de que también hay sectores, en los partidos tradicionales, que frente a la presente actuación del gobierno de izquierda, experimentan cierto alivio y se consideran representados por lo que se está haciendo.

–Vimos la conducta del Poder Ejecutivo en estos años. ¿Qué diría usted sobre los otros dos poderes?

–El Poder Legislativo, como el Ejecutivo, siempre estuvieron en consonancia con las mayorías que tuvieron. A los gobiernos de derecha correspondieron Parlamentos de derecha. En cuanto al Poder Judicial, que no depende de las mayorías, diría que hoy tiene una actitud en consonancia con el momento político que vivimos. Así creo que la justicia, dentro del derecho y la ley, se abrirá camino.

–Está pensando en el futuro, porque en el pasado cercano no fue esa la actitud de la Suprema Corte. Esta siempre se negó a extraditar gente que se pedía de la Argentina, lo cual no tenía ningún justificativo legal. Consideró como “cosa juzgada” situaciones que no habían sido realmente juzgadas, lo cual le permitía abstenerse de juzgar. La Suprema Corte no se lució mucho en estos veinte años.

–Nosotros aspiramos a que cuando los casos lleguen a la Suprema Corte, ésta actúe de otra manera. Lo que ha expresado la Corte en varias circunstancias es que como los fiscales no quieren acusar, y el sistema uruguayo de justicia depende de la acusación fiscal, ella no podrá actuar. Yo tengo la esperanza de que esta situación cambie. En estos meses están pasando cosas que dan fundamento a esta esperanza. Aunque debo concordar con que algunos de los últimos fallos no fueron lo que esperábamos. Más, hemos dicho que quien se siente fiscal y quien se siente juez tiene que tener en su fuero íntimo un don de justicia, y el que no lo tiene que se dedique a otra cosa. En cuanto a las extradiciones, vamos a ver qué pasa ahora con el caso Berríos. Es un caso que está fuera de la ley de caducidad, pero donde hubo chicanas de todo tipo.

–Usted me decía que de parte de las Fuerzas Armadas no hubo amenazas de ningún tipo. Lo que sí hubo fue falta de información o retención de información.

–Sí, pero éste es un proceso que ha ido mejorando. Pensemos en los últimos informes de la Fuerza Aérea sobre un segundo vuelo desde Argentina a Uruguay, con uruguayos que luego de ser trasladados desaparecen. Y pensemos en las excavaciones que se hicieron en los cuarteles 13 y 14. Esto es importante y se hizo sin oposición. Una cosa es decir “en tal lugar hay restos” y otra permitir las excavaciones que lleven a la comprobación de que varias personas habían sido enterradas. Se encontró un esqueleto en la chacra de Pando y otro en el batallón número 13, además de algunos huesos. La aparición concreta de restos es algo muy importante.

–Sí, muy importante. La mujer que reconoció por los dientes que el esqueleto de Pando pertenecía a su marido emocionó a todo el mundo. Sus lágrimas y sus palabras: “Finalmente podré dormir tranquila”.

–Claro, esos huesos mostraron que cuando se denunciaban desapariciones no se estaba mintiendo. Encontrar restos fue fundamental. No sólo para la sociedad civil. También para los soldados y oficiales más jóvenes. Porque la versión oficial de los militares era otra. Y todavía, en algunas cosas, sigue siendo otra. Todavía se glorifica la actitud del Ejército durante la dictadura.

–¿Hablan de los dos demonios?

–Ni siquiera de los dos demonios. La dictadura se estableció para salvar a la patria, dicen más o menos. Cuando sabemos bien que en el año ’72 la guerrilla estaba totalmente desarticulada. En el momento en que se decretó la dictadura había, sí, un movimiento sindical, estudiantil y político de envergadura, guerrilla no. Ellos embistieron contra todo. Contra los líderes políticos en el destierro y en la cárcel.

–¿Por qué piensa que en el año ’85 Sanguinetti metió en la ley de impunidad delitos que eran económicos?

–Esta es una buena pregunta para el doctor Sanguinetti.

–La ley de caducidad excluye expresamente los delitos económicos.

–Sí, pero en el último directorio del Banco Hipotecario un militar había realizado maniobras irregulares. Un juez iba a pedir su procesamiento cuando su decisión fracasó porque, según el presidente Sanguinetti, el militar estaba “protegido” por la ley de caducidad.

–¿Usted tiene idea sobre desaparecidos argentinos en suelo uruguayo?

–Sí, hubo desaparecidos y hubo traslados notorios a la Argentina. El Plan Cóndor funcionaba bien.

–La ley de impunidad aprobada por el plebiscito de 1989 no dio el resultado esperado. Aquellos delitos contra los derechos humanos que podían ser castigados no lo fueron, por las razones que usted expresó. Con el gobierno del Frente dos escollos fueron removidos.

–Sí, ya no hay gobierno de derecha ni hay intranquilidad militar.

–Tenemos entonces el tercer escollo, que es de carácter jurídico. Para salvarlo hay tres propuestas. Aprobar en el Parlamento una norma interpretativa de la ley de caducidad, derogarla o, por último, lo que usted propone, que es diferente de todo esto.

–Yo propongo la anulación de la ley de caducidad. Este, creo, es el camino más difícil, pero es el que según mi opinión opone menos barreras, si se lo acompaña con una suerte de respaldo popular que, en algún sentido, permita sortear el obstáculo que representa para muchos el hecho de que la ley haya sido ratificada por un plebiscito.

–Aquel plebiscito de 1989 le dio a la ley mayor peso político, pero no jurídico.

–Yo comparto esa opinión, pero hay otros que creen que el plebiscito da a la ley el carácter de especial. De cualquier manera, creo que la lucha contra la impunidad debe estar apoyada por una movilización fuerte de la sociedad. De este modo no habrá equívocos sobre un hecho importante: que la sociedad uruguaya quiere la justicia. Es bueno que la gente se implique en esto. Que pida, que exija la anulación de una ley que en definitiva ha impedido el ejercicio de la justicia.