Cuando la democracia volvió a Uruguay en 1985, la mayoría del pueblo uruguayo creía que si bien se podía acusar a la dictadura de crueles torturas, no se la podía acusar de desapariciones de personas ni de maniobras con niños. El presidente elegido para esa primera etapa, Julio María Sanguinetti, afirmó en esos momentos:

“Cuando se puso en discusión qué hacer con los delitos cometidos contra los Derechos Humanos durante la dictadura, se decidió que el pueblo era quien debía, a través de un plebiscito, expresar qué quería. El pueblo uruguayo fue entonces a las urnas, donde ratificó en 1989 la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es decir votó su renuncia a juzgar”.

Dos hechos desvalorizaron este pronunciamiento. El pueblo que fue a las urnas desconocía la mayor parte de los delitos cometidos. “En Uruguay no hubo desaparecidos”, se decía. El otro hecho que distorsionaba el fundamento del voto era la amenaza militar. Los militares se habían retirado a los cuarteles, pero desde allí agitaban sus amenazas. “Cuidado, nos fuimos, pero estamos aquí, podemos volver.”

Estos 20 años de democracia han demostrado que el pueblo quiere rever aquella historia y castigar a los culpables. Es adalid de esta posición el senador Rafael Michelini, hijo de Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires. Entrevistado por Página/12, explica cómo y por qué quiere rever los hechos del pasado y que los culpables sean sometidos a la Justicia.