A través de un acuerdo entre el Estado y Air Comet-Interinvest se oficializó la voluntad de modificar la composición accionaria de Aerolíneas Argentinas, incrementando la participación estatal en detrimento de la privada. Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, el Estado tendrá “como mínimo un 20 por ciento”, lo que sugiere que la reestatización parcial será más ambiciosa de lo que se planteó públicamente hasta el momento. Los trabajadores, en tanto, podrían incrementar su paquete hasta un “máximo del 10 por ciento”. Pero hasta el momento se omitieron precisiones sobre aspectos fundamentales como cuánto valen las porciones accionarias en juego, cuál será el mecanismo para capitalizarlas y de qué modo alcanza a Austral. El convenio firmado con los españoles supone también que el Ministerio de Planificación apurará las medidas prometidas para mejorar la situación del mercado aerocomercial.

Como todos los pasos de esta transformación societaria, este convenio resulta poco claro en relación con cuestiones clave que ninguna de las partes se aviene a precisar. Según la comunicación difundida ayer formalmente por la secretaría a cargo de Ricardo Jaime, el Estado ratifica en principio la opción que ya había tomado de subir del actual 5 al 20 por ciento su participación en la privatizada y eleva la apuesta precisando que lo que hasta ahora era un techo se transformó en un piso. Lo que aún no se define es si lo hará capitalizando acreencias o poniendo dinero fresco, más allá del que ya aporta para subvencionar el combustible o mediante créditos del Banco Nación que sostienen la operatividad de la empresa, en situación financiera crítica.

Tras el acuerdo de Madrid, los accionistas hispanos ya habían admitido que el sector público recuperase parte de lo que había perdido tras sucesivas licuaciones, resultado de aumentos de capital que los accionistas privados hicieron utilizando mecanismos luego objetados por los abogados estatales. Así es como se subió del 1,34 por ciento al 5,00. En ese caso, sin contrapartida económica conocida.

El mismo retroceso sufrió el Programa de Propiedad Participada, hoy reducido a cerca del uno por ciento. Según el convenio firmado ayer, los trabajadores de Aerolíneas podrían alcanzar un máximo del 10 por ciento por un mecanismo que tampoco se da a conocer. Por ley el PPP era intangible. Sin embargo, la gestión española lo fue minimizando y hoy la opción política es tratar de restituirlo a su tamaño original.

La idea manejada hasta ahora por Marsans y por el potencial socio argentino, Juan Carlos López Mena, es que el sector privado tenga un 70 por ciento de Interinvest. Pero esta formación jurídica no es sólo dueña de Aerolíneas, sino también de otras empresas que conforman el grupo, Austral entre ellas. Aunque integrada al grupo, esta última línea hoy tiene una conformación diferente, ya que en ella tienen participación los trabajadores pero no el Estado.

La idea de Marsans es ceder parte de Interinvest, la formación jurídica que surgió para que operadores extranjeros pudieran hacerse cargo de la línea de bandera cuando la ley impedía esa extranjerización. Pero los españoles dicen públicamente en su país que aspiran a tener el control del paquete privado, lo mismo que afirma el principal interesado. De no resolverse esa controversia, el ingreso de López Mena queda en suspenso.

Otra cuestión ineludible para formalizar el nuevo esquema es definir cuánto vale Aerolíneas. Cuando se anunció el acuerdo con López Mena, se precisó que se contrataría a un grupo de consultoras, Price Waterhouse entre ellas, para fijar una cotización a la compañía. Como seguramente no será el valor libro sino el del negocio, éste depende en parte de las perspectivas que defina el conjunto de las medidas oficiales prometidas. Entre ellas, la de subsidiar un paquete de vuelos no rentables, más allá de los patagónicos; la de promover la sanción de una ley de desgravación y ponerle un límite al precio de la nafta aérea, algo que debe surgir de un acuerdo con las petroleras, fundamentalmente con Repsol, la principal proveedora. “Los accionistas y el Estado argentino se comprometen a propiciar las acciones e instrumentación necesaria para mejorar la viabilidad económica de la actividad aerocomercial”, reza el texto del comunicado oficial, sin ninguna otra precisión.