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El ssecretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O’Neill, apoyó la idea de instaurar un sistema parecido al de la bancarrota de empresas en su país para ayudar a los países en cesación de pago a salir de sus crisis. En una entrevista publicada por la revista BusinessWeek, O’Neill explicó que esta solución debe ir acompañada también por una renegociación de las cláusulas en los contratos de deuda, como la de establecer límites en los préstamos que puede entregar el Fondo Monetario Internacional. El secretario del Tesoro apoyó así por primera vez la idea del FMI de establecer mecanismos parecidos a los que regulan a las empresas estadounidenses que se acogen al llamado “capítulo 11” para prevenir futuras crisis, aunque según los expertos la solución no sería aplicable, a esta altura, al caso argentino.
Las empresas que se acogen a esta ley de bancarrota cuentan con un período en el que se congelan sus deudas y en el que deben presentar y poner en funcionamiento un plan de reestructuración de la compañía, algo parecido a lo que ocurriría con los países que no puedan pagar su deuda, según la propuesta que originalmente formulara Anne Krueger, subdirectora del FMI, y a la que ahora adhiriera O’Neill.
“También deseamos poner cláusulas en los instrumentos de deuda soberana y establecer límites claros de cuánto dinero puede dar en ayuda el FMI”, dijo O’Neill, quien añadió que la bancarrota “es una buena idea, pero sólo en combinación con estas dos”. El funcionario estadounidense también dijo que los países en desarrollo deben agregar cláusulas en sus contratos de deuda que permitan que la mayoría, y no todos los inversores, se puedan poner de acuerdo y renegociar la deuda. Según el proyecto original presentado por Krueger, la ventaja del nuevo mecanismo residiría en que todo el proceso contaría con el apoyo financiero del Fondo Monetario, quien intervendría supervisando la negociación.
Por supuesto, éste sería el máximo reaseguro para los acreedores de que el país en cuestión no violara nuevamente sus compromisos, ya que no podría existir “la quiebra” propiamente dicha de un país. De otro modo, a diferencia de las empresas, por ahora, a nadie se le ocurrió que un país pueda ser ejecutando por sus acreedores, cediendo a éstos una porción de su territorio o incluso su administración económica.
Hoy el proceso es bastante más caótico, como lo demuestra el caso argentino. El Gobierno se halla en cesación de pagos con los acreedores privados, pero no hay ni plazos legales ni condiciones pautadas de antemano para reanudar las negociaciones con los acreedores. Más aún, el ministro Roberto Lavagna ya dejó en claro que iniciará tales contactos una vez que cierre un acuerdo con el Fondo Monetario.
Sin embargo, tal acuerdo está cada vez más lejos y los vencimientos con el Banco Mundial –que legalmente no pueden prorrogarse– más cerca. Así, el país está a un paso de caer en el segundo default en menos de un año, esta vez con los organismos internacionales. El 15 de octubre próximo el Gobierno debe pagarle 800 millones de dólares al BM. Si no lo hace con las reservas del Banco Central, entonces podría ingresar en default. De hecho, hasta fin de año, con el Banco Mundial y del BID vencen más de 2000 millones de dólares.
La propia Krueger lanzó esta semana una advertencia al Gobierno, al sugerirle pagar con las reservar si no quería sufrir importantes “castigos económicos”. Pero la posición de casi todos los economistas, dirigentes políticos y los funcionarios del equipo de Lavagna es justamente la contraria. El argumento es que los dólares en el Banco Central son el único activo con que cuenta el Gobierno para estabilizar el tipo de cambio.
Ayer fue el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien ratificó que el Gobierno no tocará las reservas para efectuar tales pagos. “No hay intenciones de utilizar las reservas dada la cantidad de reservas que tenemos y la complicación que pueda traer”, aseguró, confirmando los dichos en el mismo sentido del canciller Carlos Ruckauf y del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof.