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Las audiencias públicas para que las empresas de servicios públicos y los consumidores debatan aumentos de tarifas son “ilegales”, según lo consideró el Foro de Asociaciones de Usuarios y Consumidores, que agrupa a una docena de organizaciones, junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Las agrupaciones presentaron ante la Justicia una acción sumarísima para que se declare ilegal la convocatoria impulsada por el Ministerio de Economía.
De acuerdo con la presentación judicial, dicha ilegalidad reside en que la disposición viola la ley de emergencia económica, que dispone la renegociación de los contratos a raíz del cambio de las reglas económicas, y no un aumento tarifario como cuestión única e impostergable. De acuerdo con los demandantes, “las audiencias públicas, en este marco de ilegalidad, se transformarán en un instrumento de convalidación de los aumentos tarifarios que exigen las empresas privatizadas”. Los usuarios señalaron que la única pretensión es que “nuestra presencia convalide una farsa, cuyo único objetivo es el incremento de las tarifas”.
Las entidades que representan a los consumidores también consideraron que “las empresas y Gobierno ya tienen acordado aumentos insoportables para los usuarios”. Por ello, solicitaron una medida cautelar urgente, “para que se ordene la suspensión de la realización de las audiencias públicas (...), hasta tanto su convocatoria y su preparación se ajuste a derecho”. Siempre según las entidades de consumidores y usuarios, “el Estado persiste en una dinámica arbitraria y ajurídica en contra de los derechos constitucionales; ahora con un seudoaumento de urgencia dentro de la emergencia”.
La presentación fue realizada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el juzgado de la jueza Claudia Rodríguez Vidal. En el escrito, el Foro recordó que “la Comisión Renegociadora de los contratos de los servicios públicos creada al efecto debía proceder, en el plazo de 120 días, a elevar propuestas de renegociación de dichos contratos al Poder Ejecutivo y éste decidir la continuidad o la rescisión de los mismos”. Sin embargo, “por exclusiva decisión del Ministerio de Economía, tal como lo denunciara el representante de los usuarios, doctor Ariel Kaplan, dicha Comisión interrumpió su labor y, por lo tanto, no realizó ninguno de los dictámenes correspondientes”. “Hoy y sin fundamento técnico alguno que emane de dictámenes –continúa la presentación de los usuarios y la Defensoría porteña–, el Ministerio de Economía dispuso unilateralmente la convocatoria a Audiencias y Consultas Públicas con el único objeto de tratar la recomposición tarifaria de emergencia, dejando sin efecto la renegociación dispuesta por la Ley de emergencia.”
Asimismo, en su presentación las asociaciones de usuarios y consumidores impugnaron el procedimiento encarado por Economía para la convocatoria a audiencias ante la negativa de los entes reguladores de tomarlas a su cargo, ya que “también adolece de serias falencias”, indicaron. Entre éstas, se señala que “la documentación de consulta de las audiencias de Gas y Energía Eléctrica corresponde únicamente al pedido de aumento tarifario propuesto por las empresas, no habiendo dictamen u opinión alguna del Ministerio convocante”.