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La Argentina tiene un superávit comercial mensual promedio de unos 1200 millones de dólares, logrado como contrapartida de una fenomenal depresión de su consumo y su inversión. Se trata de un excedente de divisas muy superior al flujo de los vencimientos de la deuda con los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y BID) en los próximos meses. En detalle: durante octubre vencen u$s 834 millones; en noviembre, 229 millones; en diciembre, 790 millones; en enero de 2003, 1035 millones; en febrero, 100 millones; en marzo, 158 millones entre BM y BID, mientras que los 2914 millones que vencen con el Fondo son prorrogables por un año; en abril, 953 millones; en mayo, 113 millones de dólares. Esto significa que, en principio, al actual gobierno provisional deberían sobrarle los dólares para afrontar esas facturas sin necesidad de vaciar las reservas (hoy hay en ellas unos 9500 millones de dólares), evitándole al país el costo de convertirse en un clavo incobrable también para las sacrosantas IFI (instituciones financieras internacionales).
A pesar de lo que muestran estos números, la disyuntiva, en ausencia de un nuevo acuerdo con el FMI, sigue planteándose en términos de pagar con dólares de las reservas, o no pagar nada. Pero la verdadera cuestión es otra: es cómo utilizar el superávit comercial para atender la deuda, ya que hacerlo es fundamental si la Argentina no quiere verse expulsada del sistema global. Así planteado, el desafío conduce a otros dos asuntos. El primero de ellos es cómo garantizar que el país se apropie de su excedente comercial (exportaciones menos importaciones), evitando que se le filtre por los variados agujeros de la salida de capitales, que a veces es fuga lisa y llana, y otras –como el caso de algunos bancos o petroleras– cancelación acelerada de obligaciones con el exterior (quizá con sus matrices, ansiosas por reducir su exposición al riesgo argentino). Si hay algo obvio es que ningún país que declara un default deja entornada la puerta para que se vayan los capitales. Permitirlo es asegurar que no se podrá salir del impago. Y que, mientras tanto, el sacrificio implícito en el superávit sea transferido a cuentas privadas en el exterior, mientras el país aumenta su deuda.
El segundo asunto es fiscal: ¿con qué dinero va a comprar el Tesoro los dólares que necesitará para cancelar cada vencimiento externo? Porque el superávit comercial será “argentino”, pero privado. Si lo necesita como moneda de pago, el Estado deberá comprarlo, para luego poder hacer con él lo que crea más conveniente. En este caso, pagarle al Fondo, al Banco Mundial, al BID. Esa compra implica “monetizar” el superávit comercial. Vale decir, emitir pesos a cambio de los dólares ingresados; en otras palabras, convertir los dólares excedentes en pesos circulantes en la economía. Con la paridad actual, deduciéndole las retenciones, el Banco Central deberá entregar unos 3 pesos por cada dólar. La nueva pregunta que surge entonces es si los agentes económicos (empresarios, consumidores) “demandarán” todos esos pesos que expandirán la oferta monetaria. Es decir, si mostrarán voluntad de conservar mayores saldos en moneda local.
Aquí se ingresa en el terreno de lo conjetural. Es legítimo suponer, en todo caso, que se correrá el peligro de estar cebando una bomba: cualquier caída en la muy frágil confianza actual, que obró el milagro de casi tres meses de dólar contenido, desataría una corrida cambiaria, con veloz retorno al infierno de un dólar en alza y su traslado a precios internos, con su secuela de automático empobrecimiento masivo. Ante este dilema vuelven a desplegarse las alternativas, que en sustancia involucran trascendentales elecciones políticas, que sin embargo no figuran entre los temas que discuten públicamente los dirigentes.
Una opción es esterilizar o reabsorber la expansión monetaria a través de instrumentos como las letras del Banco Central (Lebac), al costo de la tasa de interés que sea preciso pagar. La experiencia de estos últimos meses es buena por el lado de las tasas, que se desplomaron, pero no tanbuena por el de los plazos, que siguen concentrados en 14 y 28 días. Esto significa que en muy poco tiempo, ante cualquier giro adverso, la masa de dinero colocada en Lebac (hoy unos 2500 millones de pesos) puede dirigirse al dólar. No obstante, hay otras ingenierías posibles, al menos en la emergencia, como la de un desdoblamiento del mercado cambiario para que el BCRA pueda ganar dinero con la diferencia entre un dólar comercial y otro financiero, más caro.
La otra opción, claramente preferida por los economistas ortodoxos, es que el Estado alcance en sus cuentas un amplio superávit fiscal primario (es decir, antes de atender la deuda), que le permita al Tesoro comprar los dólares con su propia plata, sin pedírsela previamente al Central. En tal caso no habría expansión monetaria: Hacienda tomaría los recursos del sector privado vía impuestos, y con ellos le compraría las divisas a Aldo Pignanelli. En tiempos no lejanos, el Tesoro, carente de ese superávit, hubiese contraído nueva deuda, probablemente de los propios organismos, para pagar la vieja.
Algo de esto ha seguido ocurriendo hasta estos días. Con parte del paquete que consiguió Domingo Cavallo en septiembre de 2001, Hacienda colocó 4000 millones de dólares en una cuenta en el BCRA, con el propósito de reforzar las reservas en aquellas vísperas tormentosas. Lo que ha hecho el Tesoro en los últimos meses fue ir girando contra esa cuenta, en la que ya queda muy poco saldo. En adelante, si quiere dólares tendrá que comprarlos a toca teja, ya que nadie le fía a un quebrado. En este sentido, el ajuste va a continuar, aunque cueste más que nunca exprimir recursos de una economía achicada.
En su último informe, la Fundación Capital imagina escenarios diversos, a propósito del esfuerzo que le demandará a la Argentina afrontar una deuda que al finalizar 2002, cuando se declaró el default, sumaba casi 148 mil millones de dólares, una cifra que actualmente, tras la abrupta devaluación, equivale al Producto Bruto que genera el país durante un año y medio de afanes. Suponiendo que se logre una quita del 70 por ciento en la deuda con los tenedores extranjeros de bonos, un descuento del 20 por ciento sobre los títulos pesificados y ninguno sobre la contraída con los organismos internacionales, el superávit primario requerido será del 4,5 por ciento del PBI si la economía creciera a un ritmo del 2 por ciento real anual. Si creciera al 4 por ciento, el superávit necesario caería al 2,2 por ciento. La relación es clara: cuanto más se crece, más fácil se paga, siempre que la deuda no ahogue el crecimiento.
A la luz de la historia fiscal argentina, estos objetivos fiscales serán muy difíciles de alcanzar. Entre 1975 y 1990, no hubo superávit sino déficit, y a un promedio de 3,5 por ciento del Producto, mientras que en los liberales años ‘90 el superávit medio logrado fue igual a cero. Mientras el establishment financiero internacional dude de que la Argentina efectivamente vaya a generar ese excedente para transferírselo a sus acreedores, los organismos no mostrarán interés en facilitarle la salida del default. Por el contrario, utilizarán el default generalizado como medio de presión para imponer sus políticas predilectas. Sin embargo, las alternativas para los próximos meses no son necesariamente extremas.
Salvo que sobrevenga una escalada de acusaciones mutuas, es posible que la relación entre la Argentina y el Fondo siga en la cuerda floja, sin convertirse en una franca ruptura. Algo parecido a lo que vino sucediendo hasta ahora: se negocia por la negociación misma, sobre la base de que el país manifiesta su voluntad de pagar. En todo caso, por los mecanismos previstos en los estatutos de los organismos, ningún país cae de golpe en la cesación de pagos. Habrá atrasos, reclamos, dilaciones, pagos aislados, fintas, que podrán cubrir cómodamente los meses que le restan a Eduardo Duhalde.
No obstante, Martín Anidjar, de JPMorgan, cerraba dos meses atrás un informe sobre la Argentina con esta advertencia: “Aunque las consecuencias formales de caer en mora con los IFI (organismos multilaterales decrédito) se limitan a las relaciones del país con esas instituciones, la percepción es muy diferente. La comunidad financiera internacional pericibiría el default con los IFI como la violación del último conjunto de reglas e incentivos financieros internacionales, convirtiendo a la Argentina en uno de los países parias del mundo”. ¿Por qué había de exponerse a algo tan desagradable, teniendo los dólares para pagar?