Con 10 años de anticipación, el gobierno de Neuquén anunció que renegociará los contratos con las empresas petroleras. Las condiciones que busca poner la provincia a las compañías son: un aumento de las regalías, del 12 al 15 por ciento, y el pago de un canon inicial. Mientras que el gobernador Jorge Sapag afirma que la renegociación le permitirá a la provincia percibir una mayor parte de la renta petrolera, diferentes movimientos sociales como el Grupo Moreno, sostienen que la renovación de los contratos significa la profundización de un modelo de explotación que en el corto plazo puede convertir al país en un importador neto de petróleo.

Neuquén es el primer productor de gas y se ubica en el segundo puesto en petróleo. Históricamente fue el principal productor de crudo, pero fue superado recientemente por Chubut que cuenta con el Cerro Dragón, donde se encuentran el 23 por ciento de las reservas del país. Las concesiones de las compañías vencen entre el 2015 y el 2017 y el argumento con el que hacen presión las empresas para la renovación de los contratos es que necesitan perspectivas de futuro y reglas claras para invertir. Como la exploración y subsiguiente explotación de crudo es un proceso de largo plazo y muy costoso afirman que no tiene sentido realizarlas si dentro de 10 años finalizan sus contratos. Visto así, el razonamiento y pedido de las petroleras parece lógico. El problema es que desde el momento en el que las empresas obtuvieron las concesiones, tras la desregulación y privatización de YPF en 1992, con 25 años para trabajar sus áreas tampoco invirtieron. “Desapareció la inversión de riesgo, la capacidad instalada de transporte y refinamiento es la misma y surgieron problemas ambientales. Mientras tanto, obtuvieron importantes ganancias al apropiarse de gran parte de la renta petrolera nacional” explicó a este diario Diego Mansilla, economista del Centro Cultural de la Cooperación.

La extracción a nivel nacional cae y se calcula que el petróleo que hay alcanza para ocho años: “Esto no se debe al fin del petróleo en Argentina sino a la falta de búsqueda por parte de las empresas privadas” sostuvo Mansilla. Además del canon y el aumento en las regalías, que no convencen a las poderosas petroleras, el gobierno provincial anunció que las empresas deberán presentar un programa de inversiones, asumir el compromiso de emplear mano de obra provincial y adquirir servicios y productos en la provincia como también aceptar nuevas condiciones para el pago impuestos.

Para Víctor Bronstein, director de Ceepys, “uno de los grandes errores de la reforma constitucional fue el paso de los recursos hidrocarburíferos a las provincias en lugar de crear una agencia nacional de petróleo como hizo Brasil”. Al momento de negociar los gigantes petroleros como British Petroleum, Pan American Energy o Repsol, tienen mucho más poder que las provincias en donde estas empresas representan gran parte de los ingresos y del empleo. La falta de leyes provinciales de hidrocarburos crea un peligroso vacío legal: en Neuquén las petroleras no parecen estar dispuestas a aceptar las condiciones de la provincia y pretenden pagar las regalías en especies.

Desde Neuquén, Guillermo Sánchez, miembro del Grupo Moreno, explicó a este diario que “no se deben prorrogar los contratos porque violan la constitución de la provincia que dice que el petróleo, gas y el uranio deben ser explotados por una empresa estatal de energía”. El artículo 95 indica que las fuentes energéticas son de propiedad provincial exclusiva y no pueden ser enajenadas ni concedidas en explotación a entidades o empresas que no sean regidas por el Estado. Sánchez señaló también que “como Sobisch entregó el gobierno con un importante déficit de presupuesto ahora Sapag necesita caja. Pero renegociando los contratos va a solucionar su problema económico por 4 años, hipotecando el futuro de la provincia”. Según señaló Sánchez, “nosotros ya vimos lo que pasó con la prórroga anticipada de Loma de la Lata –el mayor yacimiento de gas natural del país–, Repsol prometió inversiones y miles de puestos de trabajo que nunca se generaron”.