Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y es una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Trece años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, cuatro derrames tóxicos comprobados, una decena de denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de bienestar regional. Son algunas de las cifras del yacimiento, el caso testigo de la minería metalífera a gran escala, una industria extractiva millonaria que avanza en Argentina a lo largo de la cordillera. Pero el emblema de la minería nacional tuvo un pequeño freno: la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud.

“Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal (de tres a diez años de prisión), el que envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, señala el artículo 55 de la Ley 24.051, de Desechos Peligrosos. Es la legislación que destacaron los tres camaristas que decidieron el procesamiento –votó en disidencia Ricardo Sanjuan, quien hace un mes había denunciado a militantes ambientalistas por distribuir volantes en la puerta del juzgado–.

En 2005, el entonces juez federal Felipe Terán (destituido por supuesta defraudación al Tesoro Nacional) había dispuesto la falta de mérito a Rooney, pero fue apelado por el fiscal federal Carlos Brito. Con la nueva decisión de la Justicia, Rooney quedó procesado por contaminación en el canal de desagüe DP2, en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos, donde se vierten los efluentes de Alumbrera.

Con el fallo, todo fue sorpresa en Andalgalá y Santa María (los pueblos más cercanos al yacimiento), y también para Rooney, que se transformó en el primer alto directivo de una gran empresa en ser procesado por contaminación. También se le aplicará un embargo, aún no determinado.

“Es la primera vez que una empresa de esta magnitud tiene un revés de este tipo. Sabemos que es sólo un paso, con una gran burocracia judicial que no sabemos cómo terminará. Lo que sí sabemos es que cada día somos más en esta lucha, sabemos que la minería de este tipo produce contaminación, destrucción de pueblos y, por las escasas regalías y la enorme legislación favorable, un saqueo económico de enorme magnitud”, remarcó Javier Rodríguez Pardo, histórico militante ambiental y miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

Alumbrera es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala. Exporta 190 mil toneladas anuales de concentrados de cobre y 23 mil toneladas de oro. Para las asambleas ambientales es el paradigma del fiasco minero: aseguran que nada de lo que prometió (y suelen prometer las empresas mineras) se cumplió: no hubo desarrollo local (Andalgalá y Santa María son de las más pobres de la provincia), no hubo más trabajo (menos de 100 habitantes de Andalgalá se desempeñan en el yacimiento) y sí hubo casos de contaminación. La empresa acaba de extender la vida útil del yacimiento hasta el 2016, con 120.000 toneladas de cobre y 0,4 millones de onzas más de lo estipulado originariamente. “Es un medida injusta”, respondió Alumbrera, en su comunicado, sobre el procesamiento de su directivo.

Las familias de Juana Flores y de Manuel Casas opinan lo contrario. Vivían a dos kilómetros del dique de colas (una enorme olla que hace de basurero minero), a la vera del río Vis Vis. Tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua y están en juicio con la empresa. El defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la Justicia de Tucumán acusaron a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La Justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducuto. Son sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Alumbrera, propiedad de un consorcio integrado por la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold.

En octubre de 2005, un estudio de la Universidad de Córdoba reveló que la planta de filtrado de la empresa en Tucumán arroja al desagüe pluvial líquidos con alto índice de sulfuro, plomo, mercurio y arsénico. “Con Alumbrera se inicia el más atroz proceso de contaminación ambiental”, aseguró entonces la Defensoría provincial, impulsora de la denuncia.