El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, es hasta ahora el único de los invocados por las entidades ruralistas que accedió a evaluar una mediación entre el campo y el Gobierno. Su cita con los dirigentes de los cuatro gremios patronales en conflicto está prevista para las 10 de la mañana del martes y la apuesta es que para entonces el funcionario haya recibido algún guiño de que el gobierno estaría dispuesto a recomponer el canal de diálogo. Oficiosamente, los ruralistas ya le ponen números a una eventual fórmula de consenso.

Mondino tuvo varios contactos informales con los dirigentes del agro, quienes lo habían testeado para una eventual intermediación, algo a lo que está facultado en función de atribuciones que le reconoce la Constitución. Pero el Defensor sólo accedió luego de que le llegara un pedido escrito y formal, el mismo que las entidades distribuyeron entre otros posibles nexos: gobernadores, la Iglesia y la Corte Suprema. Ninguno de ellos aceptó el convite.

“Hay que despejar el cuco de discutir la renta”, sostiene el titular de la Defensoría, para quien no hay ninguna duda acerca de la justicia en el sistema de retenciones. “Es el mecanismo que el Gobierno tiene para capturar ganancias excesivas que, en este caso, está obteniendo el campo”. Sin embargo, para este político cordobés de cuño justicialista el gobierno falló en su “modo de comunicar” los términos de la resolución.

Lejos de ser un bloque homogéneo, y a pesar de la cohesión que intentaron mostrar en el lockout, la dirigencia agraria empieza a acusar el desgaste de un conflicto prolongado. Todavía hay quienes sostienen la posición extrema de retroraer la situación al 11 de marzo. Pero la mayoría se aviene a discutir los términos de la norma dictada ese día para atenuar su alcance y le pone números a esa pretensión.

Según Silvio Corti, director de Federación Agraria, con una reducción de 6 ó 7 puntos en las retenciones la situación podría encarrilarse. Con esa baja, asegura, se podría garantizar la misma superficie sembrada y con el mismo nivel de tecnología actual. “En la Argentina, un productor de 600 hectáreas es mediano y se lo necesita. Motoriza la redistribución y la inversión y hay que defenderlo”, reclama Corti.