El paso del vendaval provocado por la Mesa de Enlace rural dejó algo más que la caída de la Resolución 125, de retenciones móviles a las exportaciones de granos. Además de cambios de funcionarios, dejó como experiencia la exhibición de los obstáculos que debe enfrentar la política económica cuando se mete con determinados intereses. Y profundizando el análisis, podría hablarse de las restricciones impuestas por una estructura económica altamente concentrada, que ni la salida de la convertibilidad en 2002 ni el proceso de recuperación económica interna del lustro posterior han logrado revertir. Esa concentración de poder en manos de un puñado de grupos económicos se hace sentir cuando se plantean políticas de redistribución del ingreso. No es que estén en contra de la redistribución: el problema es que quieren que se haga a favor de ellos.

El único cambio que se produjo hasta ahora en las piezas relacionadas directamente con la actividad económica fue el reemplazo de Javier De Urquiza por Carlos Cheppi al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por las diferencias de características políticas entre ambos, este cambio resultó más trascendente que el reemplazo de ministro de Economía (Carlos Fernández por Lousteau) producido en abril. El actual titular del Palacio de Hacienda cultiva el muy bajo perfil y prefiere desempeñar la tarea de prolijo administrador de las cuentas y regímenes públicos, con la menor intervención posible en la elaboración de políticas. Cheppi, en cambio, trae un diagnóstico y propuestas propios que lo diferencian de su antecesor. Además, sostiene la urgencia de ponerlas en práctica. Y un punto fundamental: mientras De Urquiza mantenía lazos históricos que lo unían a las entidades del campo (ex dirigente patagónico de CRA), Cheppi tiene antecedentes más bien conflictivos con esa misma dirigencia. Particularmente, con Carbap, y más precisamente con Mario Llambías.

Militante peronista bonaerense (Mar del Plata), Cheppi defiende a ultranza la diversificación de la producción (lo contrario del monocultivo de soja) y la protección del suelo y conservación o reposición de nutrientes para tener una agricultura sustentable en el largo plazo (lo contrario a una explotación ultraintensiva como la que representan los pools de siembra). Bajo esa mirada, cuestionó los argumentos de las entidades durante el conflicto y hasta los descalifica: sostuvo que el pequeño productor que necesita apoyo oficial es el que cultiva cinco o diez hectáreas, no el que explota 200. Y que la queja por el encarecimiento de los fertilizantes no es atendible en productores que explotan grandes extensiones de la Pampa Húmeda sin utilizar fertilizantes, porque con el alto rendimiento natural de los campos, sacrificando “un poco” de producción igual obtienen enormes ganancias. También cuestionó, apuntándole al corazón del reclamo “chacarero”, el “doble piso” de renta agraria, conformado por el dueño del campo que lo alquila y el arrendatario que lo explota. Se disputan renta entre ellos, pero para no perder, ambos se unen para pelear contra el Estado.

En sus primeras declaraciones públicas tras asumir, este jueves, Cheppi envió un mensaje a las entidades. La Mesa de Enlace, dijo, perdió “institucionalidad” una vez agotado el debate por las retenciones móviles. Si los recibe, lo hará con cada entidad en particular. Y avisó que a la Exposición Rural no irá. Doble estocada al centro de poder del bloque opositor rural, que tras el voto de Julio Cobos se cree con más derecho que nunca de discutirle de igual a igual al Gobierno la formulación de la política agropecuaria.

La postura de Cheppi podría traducirse como un buen reflejo de los conflictos principales que le quedan por delante al gobierno de Cristina Kirchner en el plano económico: enfrentarse a un poder económico altamente concentrado; y a la presión que vienen ejerciendo y ejercerán estos mismos sectores, sobre la estructura de precios para obtener ventajas relativas. Esto es: más presión inflacionaria.

El origen de la concentración económica no es reciente. La economía lleva más de tres décadas sometida periódicamente a brutales planes de ajuste y crisis que, en cada episodio, barren con los jugadores más débiles y dejan indemnes a los más grandes. Basta repasar la estrategia seguida por grandes empresas que operan en mercados masivos que, alternativamente, se aprovechan de las ventajas que otorgan las políticas oficiales a la producción (tipo de cambio alto, desgravaciones a la importación de insumos, ventajas para colocación de productos en el exterior, etc.) o se convierten en importadores de los mismos artículos cuando los vientos soplan en ese sentido (apertura externa, dólar barato, etc.). En un caso o en otro, no pierden el control del mercado interno.

Los casos de alimentos y bebidas, o las automotrices, son los que más transparentan este comportamiento. Pero ocurre en una gran cantidad de rubros industriales, en diversos insumos básicos. Cemento, petroquímica, vidrio, envases (PET, cartón, aluminio u hojalata) y muchos más renglones intermedios presentan una oferta concentrada en dos o tres empresas, a lo sumo.

Los sectores industriales más concentrados fueron los primeros en reaccionar al estímulo de un tipo de cambio elevado (año 2002), primero volcándose a la exportación y rápidamente ganando terreno en el mercado interno. Gozaron de un golpe inflacionario a favor, porque salarios y otros costos internos se ajustaron con mucho retraso. Siguieron ganando después con el proceso de expansión del consumo en forma continua, en mercados en los que ya ocupaban una posición dominante. Y hasta la mitad de la gestión de Néstor Kirchner no necesitaron presionar con subas de precios para mejorar sus resultados.

Pero a partir de la segunda mitad de 2006, y más declaradamente en 2007, se desató nuevamente en el país la histórica puja distributiva. Pero fue entre bloques empresarios antes que entre clases sociales. El empuje de la suba internacional de las materias primas (agrícolas, metales, petróleo) fue a la vez causa y excusa. Quienes se vieron afectados pretendieron reflejar las subas en sus precios para el mercado interno. Quienes no se vieron afectados directamente no quisieron perder la batalla de precios relativos y pretendieron subir los suyos. Esa puja se tradujo en una escalada que primero tuvo reflejo en los precios mayoristas y recién después en los que paga el consumidor.

El Gobierno eligió (año 2007) la peor manera de enfrentar un conflicto, que es negar el conflicto (Claudio Scaletta dixit en una reciente nota). Negó la inflación, quizás errando el diagnóstico y suponiendo que era un fenómeno pasajero o coyuntural, y que no valía la pena agitar el avispero para que otros le pudieran sacar provecho político. No resultó así, y la negación del problema tuvo el efecto de encubrir la responsabilidad de los grupos formadores de precios en la disputa por apropiarse de ganancias crecientes, en un terreno propicio por la expansiva conducta del consumo.

Las únicas políticas de contención de precios que intentó el Gobierno fueron por vía de acuerdos parciales (listas cortas de productos) o compensaciones a fabricantes intermedios (harinas, usinas lácteas, aceiteros). Pero el error, otra vez, de diagnosticar como fenómeno coyuntural lo que era una conducta tendencial terminó inutilizando el instrumento.

El error le estalló en la cara al flamante gobierno de Cristina Fernández, cuando la disparada internacional de las materias primas ya se había exacerbado y la puja interna por los márgenes de ganancias entre grupos estaba desatada. En este sentido, el conflicto del campo puede interpretarse como una expresión, más grotesca que en otros sectores, de un fenómeno general.

La citación del Consejo del Salario para este lunes es una tardía respuesta para evitar un desfasaje mayor de las remuneraciones mínimas, de 980 pesos desde diciembre último. Formas de compensación a parte del sector laboral por un desfasaje que continuará ensanchándose.

Bajo estas condiciones, la pretensión de una redistribución del ingreso hacia condiciones más justas seguirá chocando contra la enorme pared de concreto del control sobre la estructura y formación de precios de los grupos monopólicos. Para avanzar, se derriba la pared o –en términos más realistas– se abren grietas. Quizá sea el momento de recurrir a políticas que busquen resquebrajar esas estructuras o, al menos, las prácticas boqueteras que abran el paso hacia las metas planteadas.