Marsans promete presentar al Gobierno a primera hora de hoy la tasación realizada por el Crédit Suisse por la cual, según deja saber oficiosamente, Aerolíneas Argentinas podría valer entre “250 y 450 millones de dólares”, de acuerdo con los distintos escenarios posibles. El dato debería ser confrontado con el que resulte del trabajo realizado por el Tribunal de Tasación de la Nación que, tal como sostuvo el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sugiere que la compañía vale O. Con esta discordia irresoluble y una creciente tensión entre las partes hoy vence el acta acuerdo que desde el 17 de julio habilitó el gerenciamiento mixto de la empresa y fijó el marco para que las partes acordaran los términos de la recompra de acciones. Hasta anoche no había vestigios de que ese documento pudiera prorrogarse. Tampoco de que el Estado vaya a aprobar, en la asamblea de accionistas que se hace esta mañana, los últimos balances de la empresa, clave para formalizar cualquier reestatización.

Todo es críptico y oscuro, desde los números a la estrategia de cada uno. El acta acuerdo previó que las partes acordarían un precio para que el Estado se hiciera con las acciones en poder de Marsans, que tiene tantas ganas de ceder esos papeles como es firme la voluntad estatal de quedárselos. De no haber coincidencia, según el acta, debería convocarse a un tercero para que fije un precio inapelable, algo que contradice lo que establece la ley de reestatización, que le da al Congreso soberanía sobre este punto. Aquí una de las varias contradicciones no resueltas.

Jaime no hizo público ningún documento oficial, pero declaró públicamente que según aquel tribunal oficial el valor estaría “600 millones abajo”. El concepto no fue precisado pero la sugerencia oficial surge nítida: Aerolíneas tiene un valor negativo y, por consiguiente, el Estado no debería aportar nada. Este camino se perfila más claro aún si se considera que en los últimos meses se hicieron aportes desde la caja pública para sostener la operatividad de la compañía, que de otro modo hubiera dejado de funcionar.

Desde Transporte recuerdan que esa contribución desde julio hasta ahora roza los 300 millones de dólares. Pero, en rigor, habría que añadirle los otros desembolsos realizados por el Estado con anterioridad, en condiciones contables tan opacas como todos los movimientos que se dan en este terreno. Si el fisco decidiera capitalizar esos aportes, quizá no debería hacer muchos esfuerzos para comprar el casi 95 por ciento de acciones en poder de Marsans. Pero, según sugieren los españoles, ése tampoco sería un paso fácil: “Para eso deberían contar con el aval de la asamblea de accionistas (en la que Marsans tiene dominio) y con un precio estipulado”. A no ser que se les arrebate compulsivamente, vía expropiación, la propiedad que hoy ostenta, al menos desde el punto de vista formal.

Marsans sostiene a través de su vocero local que “no hay negociador oficial” con quien discutir estas cuestiones. El último que habría tomado contacto con ellos es Rafael Llorens, subsecretario Legal y Técnico de Planificación, para comunicarles informalmente que debían ir bajando su nivel de expectativas respecto de algún cobro. Para el accionista privado, irse sin más es algo que no está en su programa, al menos todavía, y por eso piensan defender el criterio de que Aerolíneas vale. En particular si se la cotiza con el método de flujo de fondos y en base al plan de negocios que elaboraron los gerentes de la empresa.

Según ese plan, la compañía logrará revertir su actual déficit operativo, que para Marsans “en septiembre llegó a 61 millones de dólares contra los 28 millones” de cuando era gerenciada por ellos mismos. Ayer ninguna voz oficial se avino a avalar o desmentir tal dato. Julio Alak, titular del Consejo de Transición que creó el acta acuerdo cuya vigencia expiraría hoy, está en una situación un poco incómoda. Ese cuerpo mixto y su propio papel de gerente –que se superpone con el de director por el 5 por ciento de acciones que hoy le corresponden al Estado– quedaría sin sustento legal formal si ese documento no es prorrogado.

La asamblea de accionistas tiene la misión de aprobar balances. El del año 2007 y el “de corte”, a julio del 2008, cuyos números muestran la dramática situación en la que se encuentra el grupo Aerolíneas en vías de reestatización: 80 millones de pesos de pérdidas en el balance del año pasado. Jaime ya anticipó que esos estados no serán aprobados por el Estado hasta que no se cumplan todas las formalidades, incluyendo la visión de la Auditoría General de la Nación y el aval escrito de la consultora Price Waterhouse. Marsans promete llevar hoy a la asamblea este último documento, que no estaba cuando esos estados contables fueron presentados en la última reunión de directorio, días atrás.

A esta altura, todos los protagonistas de esta historia prevén un final belicoso por el cual sea inevitable una gestión de gobierno a gobierno. La vicepresidente española María Teresa Fernández de la Vega ya habría estado hablando con Cristina Fernández de Kirchner sobre este tema.