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Este domingo, muy temprano por la mañana, fuerzas de la Policía Nacional actuando bajo las órdenes de un juez rompieron con mazos y barras las puertas del pequeño edificio que aloja las oficinas de la Fundación Cinco que preside el periodista Carlos Fernando Chamorro como si se tratara de entrar al cuartel de unos traficantes de drogas y, ya allanado el local, el fiscal que encabezaba el operativo procedió a requisar, con el auxilio de burócratas y de detectives, los archivos de la Fundación.

Una operación parecida se había consumado la noche anterior en las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), y otras quince organizaciones de mujeres, de derechos humanos, promoción del voto y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos están en la lista de las que serán igualmente intervenidas.

Un amplio perímetro alrededor de la sede de la Fundación Cinco fue rodeado por destacamentos policiales mientras duró el operativo, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, impidiendo el ingreso de personas y el tráfico de vehículos, y las calles de acceso fueron cerradas con cintas amarillas en las que se leía la escena del crimen.

¿Cuál es el crimen cometido, que merece semejante despliegue y el secuestro de los archivos de organizaciones como la Fundación Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres? Adversar al régimen de Daniel Ortega, la corrupción y los abusos de poder.

La Fundación Cinco, que preside Carlos Fernando, se dedica a promover estudios e investigaciones sobre la comunicación y sobre problemas sociales y ciudadanos, y lo hace con recursos donados por organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam, que a su vez recibe fondos de diversos países europeos, Bélgica, Suiza, Inglaterra; y algunas veces esas investigaciones se realizan en colaboración con otras organizaciones, como el Movimiento Autónomo de Mujeres. Son actividades normales en cualquier país normal. No en Nicaragua.

Los medios oficiales de propaganda, a cargo de la primera dama Rosario Murillo, empezaron a acusar hace algunas semanas a Carlos Fernando Chamorro de triangular ilícitamente fondos y lo declararon de antemano culpable del delito de lavado de dinero, como parte de una feroz campaña de descrédito; y a esta campaña siguió la acción de la Fiscalía General, que ya había citado a declarar a Chamorro, un interrogatorio que duró cinco horas sin que en ningún momento se le señalara el delito por el cual se le investiga, algo violatorio de las garantías del proceso penal justo que manda la Constitución.

El fiscal adjunto que consumó el allanamiento y el secuestro de los archivos de la Fundación Cinco tampoco explicó cuáles eran los delitos investigados, y se llevó un total de 15.000 folios, entre estudios, proyectos, correspondencia, estados contables, de los que ni siquiera permitió dejar fotocopia, además de cinco computadoras, cuyos datos no fueron sometidos a comprobación en el acto del secuestro, y podrán ser falseados. ¿Por qué todos estos atropellos?

Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el legendario director del diario La Prensa asesinado por la dictadura de la familia Somoza en enero de 1978, es el conductor de Esta Semana, el programa de televisión de información y análisis político que tiene el mayor rating de audiencia, transmitido los domingos por la noche. Dirige también el semanario Confidencial y la Fundación Cinco. Y en su trabajo de periodista es culpable del delito, que ahora le están cobrando, de exponer, a través de rigurosos trabajos de investigación periodística, negocios ilícitos que se consuman al amparo del gobierno.

Uno de estos casos fue la formación de una compañía fantasma, con gente del círculo de Ortega como verdaderos dueños, organizada para explotar plantas térmicas de producción de energía eléctrica, que sería vendida al Estado a precios sobrevalorados. El otro, el chantaje ejercido, también por gente del círculo de Ortega, sobre empresarios de una compañía de desarrollo turístico en las playas del Pacífico, para obligarlos a darles una tajada en el negocio, un chanchullo que Chamorro expuso con grabaciones de las conversaciones entre los implicados.

¿Y el delito de las dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres? Su campaña constante y sostenida en contra de la prohibición del aborto terapéutico, una prohibición medieval impuesta por el régimen de los esposos Ortega.

La represión contra Carlos Fernando Chamorro no termina con el allanamiento violento y el secuestro de los archivos y computadoras de la Fundación Cinco. No hay duda de que en la Fiscalía General se está preparando ya la acusación criminal en su contra, si no es que está ya redactada y lista para ser presentada a los jueces penales, en su inmensa mayoría fieles a los mandatos de Ortega, tan fieles como los fiscales.

No importa que no haya bases jurídicas, no importa que se violenten las leyes, no importa que no se respeten las garantías procesales. El objetivo es convertir a Carlos Fernando en rehén, para buscar cómo acallar el ejercicio de su periodismo crítico con la amenaza de la cárcel, o meterlo en la cárcel para escarmiento suyo y de los demás que se atrevan a denunciar la corrupción y la ilegalidad.

Asunto que tampoco termina allí, ya que Ortega pretende quedarse en el poder reformando la Constitución Política que prohíbe la reelección, necesita silencio y sumisión, y las voces que disienten y critican resultan contrarias a su proyecto de control, que no se extiende sólo a las instituciones públicas, control que ya tiene, sino también a las entidades de la sociedad civil, empezando por los medios independientes de comunicación.

Pronto veremos a toda Nicaragua rodeada por la cinta amarilla en la que se leerá la escena del crimen.

* Escritor, ex vicepresidente de Nicaragua (1984-1990).