Desde París

El dinero corre como un torrente, fluye desde todas partes del mundo para mantener bajo respiración artificial un modelo asfixiado por sus propios abusos. Ayer, de nuevo, los mercados bursátiles de Europa volvieron a cerrar sus sesiones con alzas confortables. Sin embargo, al día siguiente de los anuncios de inyección masiva de fondos en el sistema bancario (casi dos billones de euros) y de la reacción ascendente de las Bolsas, ayer empezó a aparecer una pregunta recurrente: ¿quién pagará la factura de los planes de rescate? En Francia, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, aseguró que el contribuyente no pagará un céntimo de su bolsillo. El plan francés –360 mil millones de euros– será financiado a través del endeudamiento y no con aumentos de los impuestos. En Alemania –480 mil millones de euros– y en Gran Bretaña –380 mil millones–, el respaldo al sector bancario se hará esencialmente mediante empréstitos del Estado.

La operación es de una paradoja hilarante: el dinero necesario para las operaciones de rescate se obtiene gracias a la buena imagen del Estado. Es él quien, en lugar de los bancos, recurre al mercado de los capitales para conseguir lo que los bancos no pueden. A cambio de ello, el Estado recibe lo que la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, llamó “activos de buena calidad”. Todo un milagro. El Estado, ese viejo sacerdote disciplinado, moralista y paternal condenado a muerte por el liberalismo, se convierte así en garante de la salvación. Los antiintervencionistas se cambiaron de vereda y hoy esgriman la varita mágica de la intervención. Los economistas observan que, en lo que atañe a Francia, el Estado puede hacer un buen negocio con su esquema de recapitalización de los bancos, adonde prevé invertir 40 mil millones de euros –los 320 mil restantes están destinados a empujar la fluidez de los créditos interbancarios–.

Jean-Paul Fitoussi, presidente del Observatorio francés de coyunturas económicas (OFCE), comentó que dado que los valores bancarios están hoy por el piso, el Estado no corre muchos riesgos: “Tarde o temprano las acciones de los bancos van a subir y, en ese momento, sería interesante que el Estado venda sus participaciones. El Estado está casi seguro de que realizará una plusvalía consecuente”. En cuanto a la garantía dada por el Estado a los créditos interbancarios –los 320 mil millones de euros–, el presidente francés aclaró que esa garantía “habrá que pagarla”. Desde ya, en uno u otro caso, los establecimientos financieros que recurran a los fondos públicos tendrán que respetar una serie de “obligaciones éticas”, sobre todo en lo que toca el bolsillo de sus dirigentes: sueldos de los ejecutivos, bonos en forma de acciones, indemnizaciones, en suma, todo lo que entra bajo el “paracaídas de oro” que protege a los ejecutivos más allá de los resultados obtenidos. Los economistas destacan que los mecanismos activados para desahogar el sistema impiden que aumenten los déficits, pero no el endeudamiento del Estado. La inyección masiva de dinero hace crecer la deuda pública, y esa deuda hay que pagarla. Y quien reembolsa está, forzosamente, en déficit. En la actualidad, la deuda del Estado francés equivale al 65 por ciento del PIB, con lo cual cada francés con trabajo debe 47 mil euros, unos 73 mil dólares.

Los ministerios de Economía guardan hoy un religioso silencio sobre el tributo que pesará sobre las generaciones futuras. Se hace obvio que los Estados harán recortes drásticos sobre algunos segmentos de los presupuestos nacionales o recurrirán a artimañas para transferir a las provincias o regiones costos que antes asumían las cajas nacionales. Una sospecha ronda en los labios de analistas y economistas: ¿cuál será la sorpresa que aparecerá en el horizonte cuando las aguas se calmen y la serenidad permita sacar debidamente las cuentas? En este sentido, Xavier Timbaud, otro miembro del OFCE, recuerda lo que ocurrió en 1990 en Japón y los Estados Unidos. Timbaud señala que “las recapitalizaciones fueron muy costosas en efectos indirectos y también por los efectos indirectos que tuvieron sobre el crecimiento”. Uno de esos efectos es una realidad cuyas consecuencias recaen sobre las personas con menos recursos. Un hogar de cada cinco que el año pasado podía aspirar a obtener un crédito inmobiliario ya no puede hacerlo hoy a raíz del aumento de las tasas de interés. Este cálculo figura en un estudio publicado ayer en París por el corredor de préstamos Empruntis. Geoffroy Bragadir, fundador de Empruntis, observó que “el crédito sólo estará disponible para una categoría privilegiada de la población”. En resumen, lo que más temen los gobiernos y los economistas es un desborde de la crisis global del sistema sobre la realidad: ello se traduce por desempleo, inflación, cierre de empresas, recesión y empobrecimiento.