La creación de un registro nacional de condenados por violación y otros delitos contra la integridad sexual quedó a un paso de discutirse en el recinto de la Cámara de Diputados. En los últimos días obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia. Sólo falta la aprobación en Presupuesto y Hacienda, donde ya empezó a discutirse entre los asesores de los legisladores. “Es un proyecto muy bueno”, destacó a PáginaI12 la presidenta de la Asociación de Víctimas de Violación (Avivi), María Elena Leuzzi, aunque objetó que la inscripción en el registro no sea de por vida y caduque después de algunos años: todavía no está definido si será a los diez o 20 años. Ese es un aspecto que, según se acordó, se debatirá en el recinto. El proyecto tiene el respaldo de todos los bloques y es el resultado del consenso entre iniciativas de legisladores de diversos partidos.

Sus puntos centrales son los siguientes:

- Incluirá los datos personales de todos las personas con condena firme de cualquier jurisdicción del país por delitos contra la integridad sexual. Se incluirá además de nombre y apellido y DNI, lugar de residencia, fotografías actualizadas de rostro y cuerpo entero, profesión y domicilio donde se desempeña, huellas dactiloscópicas y una muestra de su ADN, entre otra información.

- El registro no será de acceso público.

- Funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Y toda la información que contenga será reservada y sólo podrá ser requerida por jueces, fiscales y tribunales de todo el país que intervengan en causas por delitos contra la integridad sexual o conexas.

“Me parece muy bueno que no sea público. En el país no estamos preparados para confiar en la Justicia y se corre el riesgo de que se busque justicia por mano propia. No sabemos de qué manera puede reaccionar una persona que se entera de que cerca de su casa vive el violador de su hijita, por ejemplo”, observó Leuzzi.

Leuzzi fue convocada a la Comisión de Legislación Penal, para dar su opinión del proyecto el 16 de septiembre. Su hija, Candela, quien sufrió una violación en 2001, dio su testimonio: “Quiero que sepan –les dijo a los legisladores presentes– que un violador corta tus sueños, tus alas, tus proyectos, tus ganas de vivir, te viola y te asesina la vida”. Candela pidió a los diputados que “pensaran en las víctimas” al avanzar en la discusión del registro. Representantes de otras organizaciones de víctimas también expresaron su apoyo a la iniciativa, entre ellas Vivian Perrone, presidenta de la Asociación Madres del Dolor, e Isabel Yaconis, de la misma entidad y madre de Lucila, la adolescente asesinada el 23 de abril de 2003 en el barrio porteño de Núñez, al defenderse de un intento de violación. Su agresor nunca fue identificado. “Hace cinco años que camino con un ADN en mis manos y nadie me da una respuesta porque no existe un registro donde estén registrados los condenados o los autores desconocidos, como en este caso”, dijo Yaconis en la comisión. Alejandra Vila, de la Asociación Limay, de Protección contra Delitos de Agresión Sexual, también adhirió al proyecto.

El 30 de septiembre obtuvo dictamen en Legislación Penal. Lo firmaron la presidenta de la comisión, la kirchnerista Nora César, y sus compañeros de bancada Diana Conti, Carlos Kunkel, Felipe Solá, Beatriz Halak, Oscar Massei, Hugo Perié y Héctor Recalde; los radicales Pedro Azcoiti y Rubén Lanceta; Eugenio Burzaco del PRO, Nora Ginzburg, del Frente de los Derechos Ciudadanos; Paula Spátola de Guardia Peronista y María Angélica Torrontegui, del Frente Justicia Unión y Libertad.

En la Comisión de Justicia se firmó el dictamen la semana pasada. Lo suscribieron Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, Adriana Tomaz, de Paufe, María Inés Diez, del Partido Renovador de Salta, además de legisladores kirchneristas y radicales. En ese ámbito se propuso hacer algunas modificaciones al dictamen de Legislación Penal, pero se acordó incorporarlas cuando se discuta en el recinto: entre ellas, no incluir en el registro los datos de los padres y del cónyuge del condenado. No hubo acuerdo con respecto al plazo que mantendrán la inscripción. Las posiciones son diversas: desde 10 o 20 años, hasta que fallezca. Para la titular de Avivi, debería quedar hasta su muerte.

Otro aspecto que reclama Leuzzi es que la ley sea retroactiva: es decir, que se incluyan los condenados por delitos contra la integridad sexual con sentencia firme y en prisión al momento de la sanción. “En la provincia de Buenos Aires hay actualmente unos 1600 en prisión condenados. Todos ellos quedarían afuera del registro”, observó.