Ecuador suspendió ayer formalmente el pago de 30,5 millones de dólares correspondiente a los intereses de los bonos Global 2015. El dato no causó sorpresa, pues esos títulos forman parte de la deuda comercial que el gobierno de Rafael Correa anunció que no pagará por considerarla “ilegítima” e “inmoral”. El pasivo comercial está representado por los bonos 2012, 2015 y 2030 y suma 3800 millones de dólares, que equivalen al 39 por ciento de una deuda total de 9937 millones de dólares acumulada hasta octubre.

El gobierno había suspendido el viernes el desembolso de otros 30,6 millones de dólares correspondientes a los intereses también de los Global pero con vencimiento en 2012. Ese día anunció que el default incluiría 3800 millones de dólares y lo que está haciendo ahora es efectivizando la cesación de pagos a medida que se suceden los vencimientos. Ayer la encargada de dar la noticia fue la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, en una breve conferencia de prensa en la que se limitó a informar que su país se acogió a la moratoria técnica de 30 días contemplada en el pago de esos bonos, una formalidad previa al default.

El sábado el presidente Correa reafirmó su propósito de reestructurar los préstamos comerciales y anticipó que presentará un plan para los tenedores de los pagarés, pero con una reducción “muy grande” en su valor nominal. “Queremos presentar una propuesta donde en algo se reconozca el valor de la deuda, pero a un precio mucho menor a esos 3800 millones de dólares que dicen que debemos cuando hemos pagado muchísimo más que eso”, señaló Correa en su programa semanal de radio y televisión. El presidente afirmó que con esa propuesta se busca evitar “complicados, engorrosos y tal vez dolorosos litigios”. Luego reconoció que no todos los Global 2012 son “ilegítimos” y por eso buscará llegar a un acuerdo con los acreedores. El gobierno ecuatoriano decidió el default por recomendación de una comisión investigadora que empezó a trabajar en junio del año pasado y revisó los pasivos del país de 1976 a 2006. Es la primera vez que un gobierno de la región declara una cesación de pagos argumentando la “ilegitimidad” de la deuda.