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El Senado sancionó en la madrugada de ayer el proyecto modificatorio de la ley de Quiebras, cuyo articulado fue reformulado en detalle a fuerza de sucesivos conciliábulos dentro y fuera del recinto. En el camino quedaron algunos párrafos que prometían amparar al Correo Argentino, entre otras empresas privatizadas, impidiendo a los bancos acreedores hacerse con la facturación, puesta en garantía de los préstamos otorgados. Aun así, el texto votado crea hasta el 2003 un paraguas importante para las firmas concursadas o con importantes deudas externas: sobrevivió indemne un artículo que bloquea el pago de obligaciones en dólares contraídas por particulares con entidades del exterior.
Fue una sesión compleja, donde al propio bloque oficialista le costó sumar voluntades a favor de un proyecto que tuvo una génesis muy singular. El 28 de noviembre pasado, Diputados aprobó la propuesta para modificar la Ley de Quiebras del por entonces diputado Oscar Lamberto, cuyo texto era mucho más sencillo y acotado. Ya a principios de este año, surgió un nuevo texto en la bancada del PJ, que se discutió bajo la consigna “así lo quiere Duhalde”. Era mucho más amplio y generoso con las concursadas.
La versión definitiva de lo votado en la cálida madrugada del jueves anoche aún no estaba lista, y muchos senadores del interior tuvieron que viajar a sus provincias con dudas acerca de lo que finalmente se había sancionado. Sí hay certezas acerca de que hasta el 10 de diciembre del 2003, mientras dure “la emergencia productiva y crediticia”, ningún acreedor podrá apropiarse de una firma en concurso. No sólo porque el Senado resignó introducir la capitalización forzosa –que podía ser ordenada por un juez– sino porque también se suspendió el crown down, figura que la ley actual utiliza para formalizar aquella apropiación.
El texto votado suspende expresamente las garantías que permitan “la transferencia del control” de la empresa endeudada, aunque no avanza sobre aquellas que le permitan a los bancos ejecutar sus créditos pero sin conseguir aquel dominio. El proyecto que los legisladores debatieron como una propuesta del propio Presidente estaba plagado de cláusulas que fundaban la sospecha de que se trataba de un proyecto diseñado para el salvataje de algunas grandes empresas y resultaba por ello políticamente inconveniente.
Entre esos párrafos sospechosos, el que pretendía impedir la ejecución de contratos por los cuales una empresa prendó sus acciones o cedió su facturación como garantía de los préstamos otorgados. Este es el caso del Correo Argentino, adjudicado al Grupo Macri, o de algunas de las operadoras de trenes urbanos, que pusieron la recaudación tarifaria como respaldo por préstamos, entre otras.
“No quiero decir que se haya diseñado para beneficiar sólo a algunos. Pero la realidad es que no beneficia a muchos de los que la necesitan”, se lamentaba ayer ante Página/12 la senadora justicialista Malvina Seguí, quien se abstuvo de votar la ley.
Tampoco inspira mucha simpatía, aún dentro de la bancada, el artículo que inhibe la transferencia de divisas al exterior, salvo para exportaciones ligadas al comercio exterior o pagos a organismos multilaterales. Quedará al arbitrio del Central disponer en cada caso qué giros se autorizan y cuáles no. Pero ninguna empresa que haya tomado préstamos externos deberá responder por ellos, al menos hasta que el Estado haya renegociado su propia deuda externa: una ley impedirá así a particulares honrar sus obligaciones, aún a costa de que los acreedores decidan luego demandar un resarcimiento al fisco argentino.
La ley vuelve a Diputados, que fue cámara iniciadora, aunque sin muchas chances de ser modificada: a esta cámara sólo le queda avalar lo que los senadores aprobaron con dos tercios o modificarlo con la misma y difícil proporción.