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En el Gobierno hay clima de preocupación por el cacerolazo de esta noche. Lejos de minimizar la protesta, en los despachos oficiales las palabras de comprensión sobre “el derecho de la gente a expresar su bronca” coexisten con un fuerte temor a que se produzcan desbordes de violencia. “Esto ya no es espontáneo, tiene algún grado de organización y eso implica que hay un riesgo extra”, definían ayer en el Ministerio de Seguridad. De cara a una noche que imaginan larga, el Gobierno trata de bajarle contenido político a la protesta (es decir, de la Corte Suprema ni hablemos) y extremó las medidas preventivas; puso en alerta a todas las fuerzas policiales, incluida la Gendarmería y la Prefectura, mientras encienden velas para que todo avance de manera pacífica. En la Rosada recuerdan a Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá. Piensan (¿saben?) que un día de furia en Plaza de Mayo es mucho más que un problema: puede llevarse puesto un gobierno.
“No le aconsejo venir acá mañana (por hoy), pero si viene hágalo con casco y antes de que anochezca”, sintetizó (mitad broma, mitad en serio) a Página/12 un funcionario con despacho en la Casa Rosada en alusión al cacerolazo.
Otro optó por enumerar episodios: “Al malestar por el corralito se van sumando maldiciones”, suspiró; “la gente ve lo de Junín (donde el hijo de la diputada Mirta Rubini repelió una manifestación a los tiros e hirió a un manifestante, ver página 5), ve lo del electrocutado por la caja de Edesur, va al banco y no puede hacer los trámites. Todo termina siendo una gran olla a presión. El cacerolazo no es reprimible, pero si aparecen los muchachos con capucha es otra historia”.
Como es claro, el peor fantasma de la administración duhaldista es quedar en el lugar de Fernando de la Rúa con la represión del 19 y 20 de diciembre. La consigna básica que manejan los responsables de seguridad es que la mejor forma de enfrentar el mal trago de un nuevo cacerolazo, esta vez anunciado, consiste en “dejar que la gente se desahogue”.
“La enseñanza que nos dejaron los otros cacerolazos es que el pueblo debe expresarse para que la situación se descomprima”, dicen los colaboradores del ministro de Seguridad Juan José Alvarez. “Cuando hubo represión, el único resultado fue empeorar las cosas.”
El ministro está convencido de que el piso de la protesta es muy alto en todo el país y puede estallar por cualquier motivo. Los reclamos de la semana que termina mostraron una curva ascendente, con crecientes niveles de violencia. Hoy desde temprano todo el sistema de vigilancia del radio céntrico será reforzado, y junto con ello se decidió contar con el máximo de personal disponible.
Ayer se ventilaban, además, otro tipo de temores. Entre los funcionarios cercanos a Eduardo Duhalde no son pocos los que advierten sobre “activistas de la izquierda dura dispuestos a acelerar el conflicto social”. La descripción de estos militantes moviéndose dentro de los grupos de vecinos autoconvocados era ayer una queja común entre los funcionarios que siguen el crecimiento de las asambleas barriales.
La queja se apoya en algunos episodios concretos, como los de los encapuchados que rompieron vidrieras de los bancos en las últimas marchas. Pero contienen a la vez un evidente mecanismo para descalificar el cacerolazo y de paso, vaciarlo de potencial político.
“Esta vez no es espontáneo”, repetía ayer uno de los funcionarios consultados, en una crítica que presupone que la organizarse es más cercano al delito que a la política.
El cacerolazo de las ocho de la noche fue decidido en una asamblea interbarrial de Parque Centenario, el domingo. Entre sus motivos hay dos que atraviesan la sociedad de punta a punta: la renuncia de la Corte Suprema y el fin del corralito. La receta oficial para atravesar el cacerolazo contenía ayer dos ingredientes: mayor prevención y una apelación a la ciudadanía a mantener la racionalidad. Por ahora, ningunode los reclamos que sostendrán el cacerolazo parece tener sin embargo una resolución cercana.
En el Gobierno no sólo están preocupados por lo que pase esta noche, sino también por la marcha de los desocupados de La Matanza que partirá el domingo a la noche.
A medida que pasan los días, la brecha que separa a caceroleros y piqueteros parece acortarse. Hay expresiones de solidaridad cruzadas y anticipos de confluencia en la protesta: los piqueteros anticiparon que hoy se sumaran al cacerolazo de las ocho de la noche, mientras que grupos de vecinos autoconvocados anticiparon que apoyarán la marcha que el lunes llegará a la Plaza de Mayo en reclamo de trabajo.
La situación en el conurbano, desde donde saldrá la movilización de los desocupados, está tan deteriorada que los piqueteros están en dificultades hasta para protestar.
Los de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) que encabeza Luis D’Elía ratificaron que empezarán a caminar a las nueve de la noche desde la ruta 3, pero los de la Corriente Clasista y Combativa todavía están tratando de juntar los fondos que insumirá la protesta. Sucede que aunque lleguen caminando hasta la puerta de la Casa Rosada, necesitan micros en qué volver, pero todavía no cobraron los planes de empleo y no tienen como pagar todos los que necesitan. Ayer habían garantizado micros para cuatro mil personas y otras tres mil estaban en veremos.
En varias zonas del conurbano esta semana hubo denuncias por la interrupción de la asistencia alimentaria. Para las organizaciones de desocupados y las ONG que siguen recibiendo asistencia, montar guardia cuidando la mercadería de primera necesidad se está convirtiendo en costumbre.
De Duhalde para abajo, en la administración nacional todos conocen estas situaciones (mucho mejor que en su momento pudo hacerlo De la Rúa). Por eso ayer desempolvaban los sucesos del 20 de enero, cuando se hizo un homenaje a los muertos de la represión de diciembre, como modelo de una “contención exitosa” : “una marcha masiva por el centro, una desconcentración relativamente tranquila, y finalmente sólo un pequeño grupo haciendo destrozos a su término. Ninguna vida perdida”. Tal es la ilusión que guardan para esta noche.