Los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace no asistirán hoy a la reunión convocada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para analizar el funcionamiento del nuevo Código de Trazabilidad de Granos y de las cartas de porte. El jueves le habían solicitado a la ministra de la Producción, Débora Giorgi, una audiencia “urgente” para tratar el tema, pero finalmente decidieron enviar dirigentes de segunda línea y técnicos, quitándole relevancia a la cita. “Yo voy a estar en Córdoba capital con los candidatos cordobeses. Van a ir Orsolini y un contador público que entiende de cosas burocráticas”, aseguró ayer el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dejando en claro cuáles son sus prioridades a un mes y medio de las elecciones.

El contador que acompañará a Pablo Orsolini, vicepresidente de los federados, es Fabián Tebaglia. La Sociedad Rural, por su parte, enviará a Eduardo Ramos, vicepresidente segundo; Daniel Pelegrina, director del Instituto de Estudios Económicos; Ernesto Ambrosetti, economista jefe, y Alicia Urricarret, otra economista de la entidad. Su presidente, Hugo Biolcati, rechazó el convite diciendo que “lo que queremos es solucionar el problema del campo, no tener una charla sobre cerebros electrónicos”, en referencia al nuevo sistema de control. Coninagro enviará a Daniel Assef, su asesor en temas económicos. Mientras que ayer por la noche en CRA afirmaron a este diario que no tenían definido a quién enviar.

“Fueron ellos los que le dieron el perfil técnico a la reunión”, respondieron desde una de las entidades rurales cuando Página/12 preguntó si el objetivo era ningunear la convocatoria. Aunque volvieron a remarcar que el sistema es “ineficiente” y en la práctica “paraliza el comercio”.

Efectivamente, fue Echegaray quien el viernes dejó en claro que la reunión iba a ser sólo para analizar cómo funciona el Código de Trazabilidad de Granos y el sistema de las cartas de porte y escuchar sugerencias. “Esperamos que vengan a trabajar, a arremangarse. No será una reunión de debates ni de largos cafés. Vamos a trabajar sobre este tema puntual”, remarcó. Lo llamativo es que justo un día antes los cuatro presidentes habían enviado una carta a Giorgi pidiendo un encuentro por ese tema y cuando Echegaray convocó decidieron no ir y enviar a funcionarios de segunda línea argumentando que es un tema “técnico”.

La primera medida que motivó el rechazo de las entidades rurales fue la decisión de quitarles a la Federación Agraria y a la Federación de Acopiadores de Cereales la facultad de emitir y comercializar las cartas de porte, un documento utilizado para el traslado de granos. Desde comienzos de febrero, la AFIP las otorga de manera gratuita a través de Internet. Ese cambio le provocó a Federación Agraria una fuerte caída de ingresos, a punto tal que Eduardo Buzzi denunció una “persecución política” del Gobierno. “Esta medida pretende castigarnos por habernos opuesto a un modelo de concentración económica”, afirmó el federado apenas se conoció la decisión. Luego, prefirió cuestionar las supuestas dificultades que generaba el nuevo sistema. Afirman, por ejemplo, que el productor debe pedir la carta de porte por celular o Internet al momento de cargar el camión y despachar el envío, pero en algunas zonas los celulares no captan la señal y tampoco hay Internet.

Luego el Gobierno decidió ir más allá y a partir del 1º de mayo implementó un nuevo esquema de comercialización de granos, que quitó como intermediarios a las bolsas de cereales. Antes para iniciar el proceso de compraventa de granos había que solicitar una oblea a las bolsas de cereales, que cobraban por ese servicio, recaudando aproximadamente 30 millones de pesos. Sin embargo, ahora esa tarea también quedó a cargo de la AFIP, que realiza el servicio gratuitamente, aunque exige tener clave fiscal para realizar el trámite.

El sistema contempla tres etapas: primero los productores deben registrar sus contratos en la web para obtener un número de registro y poder realizar el traslado. Luego se cruza la información de los contratos con la cantidad de hectáreas declaradas por cada productor y finalmente se vinculan los datos de los contratos y las declaraciones de los acopiadores y exportadores con las cartas de porte. Además, las cartas de porte se complementan con un código de trazabilidad para fiscalizar que dichas cartas no sean utilizadas dos veces por el mismo camión. Los productores dicen que el sistema es “burocrático” y “paraliza el comercio”; Echegaray les respondió el viernes que “no hay que confundir estar en regla con trabas burocráticas”.