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El mismo día en que se anunció la bancarrota de General Motors, el juez encargado de la quiebra de Chrysler aprobó el plan de reestructuración de la automotriz. La propuesta, apoyada por el gobierno de Barack Obama, estipula la creación de una “nueva” Chrysler fusionada con la compañía italiana Fiat. El consorcio que surgirá estará integrado en un 35 por ciento por Fiat, 55 por ciento por un fondo administrado por el sindicato de la industria automotriz estadounidense (UAW) y 10 por ciento por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Cuando todo parecía listo para relanzar al fabricante de autos, los acreedores de la empresa apelaron la medida y retrasaron la finalización del proceso judicial.

“El acuerdo con Fiat es la única opción viable actualmente, la alternativa es la liquidación inmediata del grupo”, sentenció el magistrado de Nueva York Arthur Gonzalez ante la oposición del grupo de acreedores. Pese a la apelación, Obama aseguró que la salida de Chrysler de la bancarrota es cuestión de días. El presidente indicó que la fusión con Fiat permitirá salvar “decenas de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos y abrirá la senda hacia una empresa más competitiva”.

Aunque Obama sostiene que la decisión permitirá preservar una gran cantidad de puestos de trabajo, la medida implica el cierre de ocho fábricas consideradas “no rentables” y de 789 concesionarios.

La aprobación de la fusión con Fiat es el último paso para que la empresa salga de la quiebra, declarada el pasado 30 de abril. Una vez solucionado el conflicto con el grupo de acreedores, nacerá el llamado Grupo Chrysler. La empresa automotriz se declaró en bancarrota después de que un grupo de acreedores rechazara cancelar 6900 millones de dólares de deuda asegurada a cambio 2000 millones de dólares en efectivo. Ineficientes fueron los 8000 millones de dólares que recibió del gobierno.

Pese a que el UAW, el poderoso sindicato del sector, controlará el 55 por ciento de la nueva empresa, acordó que no participará en la gestión de la nueva Chrysler. Esa tarea quedará totalmente en manos de Fiat. El gobierno de Estados Unidos tendrá el 8 por ciento y el de Canadá, un 2 por ciento. Los principales ejecutivos de Chrysler y General Motors deberán acudir a una audiencia en el Senado para dar explicaciones sobre la quiebra de ambas empresas y el cierre de centenares de sus concesionarios en el territorio norteamericano.