La Cámara Nacional Electoral dio ayer luz verde, por unanimidad, a la candidatura de Néstor Kirchner y aprobó también las postulaciones de tres de las cuatro postulantes de Unión-PRO. En esos casos, la objeción estaba referida a si tenían los dos años de residencia en la provincia de Buenos Aires. Respecto de las impugnaciones a Daniel Scioli y Sergio Massa, en que se cuestionaba el presunto carácter de candidaturas “testimoniales”, la Cámara también falló a favor, pero dividida: votaron a favor los camaristas Santiago Corcuera y Rodolfo Munné, mientras que Alberto Dalla Via se pronunció en contra.

La objeción a la candidatura de Kirchner la hizo la Unión Cívica Radical: señalaba que el ex presidente vive en Olivos, que es parte de la provincia de Buenos Aires, pero que lo hace por ser esposo de la Presidenta, no por vocación de instalarse en el territorio provincial.

A este argumento, los tres jueces respondieron que “es de público conocimiento, y no se discute, que el señor Néstor Kirchner convive con su cónyuge, la señora presidente de la Nación, en la quinta presidencial ubicada en territorio bonaerense. Para verificar el cumplimiento del requisito constitucional no interesan las razones que pudo haber tenido un ciudadano para establecerse en una provincia determinada, sino el conocimiento y compromiso con los intereses del pueblo que la habita, adquiridos por el hecho de encontrarse efectivamente radicado en ella”.

Los jueces agregaron que “aunque la quinta de Olivos sea propiedad del Estado Nacional y esté destinada a la residencia del titular del Poder Ejecutivo y de su familia, lo cierto es que ello no altera el hecho de que se encuentra materialmente ubicada en la provincia de Buenos Aires”. Con cierta ironía, Corcuera, Dalla Via y Munné sostienen que, si decidieran de otra manera, se estaría ante la paradoja de que Kirchner, para ser considerado residente bonaerense, debería vivir en un domicilio distinto al de Cristina, “lo cual contraría la lógica más elemental”.

En el mismo terreno de la objeción a la residencia en territorio bonaerense estaban las cuatro legisladoras de Unión-PRO, Claudia Rucci, Silvia Majdalani, Natalia Gambado y Silvia Lospennato. Esas postulaciones habían sido rechazadas por el juez electoral bonaerense, Manuel Blanco. Ayer, la Cámara avaló a las tres primeras y confirmó el rechazo a la candidatura de Lospennato. Lo que exige el artículo de la Constitución no es que uno acredite dos años de domicilio en el distrito, sino de residencia. Esto último se puede demostrar con recibos de luz, alquiler, o cualquier otra prueba documental, no testimonios. En el caso de Lospennato, en la Cámara comentaban que presentó una dirección en provincia, pero que las facturas de luz y teléfono, por ejemplo, eran remitidas a un domicilio en Capital Federal. La Cámara sostuvo: “Los elementos acompañados para acreditar su residencia no superan el más mínimo examen crítico que permita tener por probado el requisito”.

En cuanto a las candidaturas llamadas testimoniales, Corcuera y Munné rechazaron las impugnaciones de la UCR, el ARI y el GEN. El argumento de ambos camaristas es que “si se configurase un supuesto de lo que vulgarmente se ha dado en llamar candidatura testimonial, ésta no podría ser oficializada porque habría candidatos que no pretenden ser representantes, defraudando al elector”.

Es por eso que la decisión de los dos jueces se basa en que Scioli y Massa manifestaron tres veces su disposición a asumir: la primera, cuando se presentaron como candidatos; la segunda, cuando los apoderados del Frente para la Victoria señalaron que “todos los candidatos registrados están dispuestos a asumir los cargos, dando fe de ello” y la tercera oportunidad fue cuando tanto Scioli como Massa presentaron escritos diciendo que refrendaban los dichos de los apoderados.

En función de ello, Corcuera y Munné afirman que “no puede exigírsele a la Justicia desentrañar las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado requiriéndoles el voto. Tal especie de control preventivo es inimaginable en un Estado de Derecho. Escapa a las atribuciones del Poder Judicial resolver sobre la base de hipótesis, conjeturas, suspicacias o sospechas”.

El párrafo más llamativo del fallo es una especie de condena para el caso de que Scioli o Massa no asuman sus cargos de legisladores: “si la ciudadanía resulta traicionada, si por acciones futuras llegase luego a comprobarse que los candidatos no fueron honestos al manifestar su disposición a asumir, ello significaría una inaceptable manipulación de las instituciones de la República, a la vez que una grave lesión al proyecto de Nación al que todos, electores y candidatos, deben tributar”.

El punto es refutado desde el oficialismo, donde consideran que la ciudadanía no resultaría traicionada, porque quien vota a Scioli o Massa no lo hace para verlos sentados en las bancas del Congreso, sino para respaldar un proyecto político.

El voto a favor de la impugnación de Scioli y Massa provino del tercer camarista, Alberto Dalla Via. Lo que sostiene el magistrado es que la Constitución dice que no se puede ser gobernador y diputado por un mismo distrito, y que eso “invalida que se presenten como candidatos a cargos legislativos en los distritos que los eligió previamente para ejercer la más alta función ejecutiva provincial. Además, si resulta reprochable el incumplimiento de una oferta electoral expresada en una plataforma, tanto más reprochable resulta la postulación a una candidatura que no se está dispuesto a asumir”.

El próximo paso estará en la Corte. Sin embargo, son muchos los que creen que es difícil que el tribunal intervenga, existiendo dos fallos que van en el mismo sentido, el del juez electoral y el de la Cámara. El juez de la Corte Carlos Fayt dijo de entrada que no hay tiempo, aunque después relativizó sus palabras. El presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, manifestó luego que si es necesario la Corte intervendrá.