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Logrado el acuerdo con los bancos para frenar las ejecuciones judiciales hasta el próximo 1º de febrero, la primera plana del Gobierno lanzó una ofensiva para impedir que el Congreso sancionara hoy una ley sobre el tema. El argumento del Ejecutivo fue que si esto último ocurría, peligraba el acuerdo con el Fondo Monetario. Anoche, el bloque de diputados justicialistas debatía, en medio de una dura pulseada, si le hacían caso al Gobierno o insistían con una ley que dé amparo formalmente tanto a los deudores bancarios como también a quienes tienen deudas con escribanías y prestamistas particulares. Voceros del bloque dijeron a este diario que lo más probable es que hoy se vea un alineamiento con el pedido del Gobierno. El radicalismo, por su parte, pronosticó “una lluvia de remates” en caso de que no se sancione una ley.
Ayer por la mañana, el propio Eduardo Duhalde admitió que el Gobierno no ofrecería “una solución de conjunto” para todos los deudores. Aquellos que tienen deudas con bancos contarán con la protección que da el acuerdo rubricado anteayer entre los funcionarios y los banqueros. En cambio, quedarían desprotegidos quienes se hayan endeudado por fuera del sistema financiero. La idea de algunos legisladores del PJ y de la bancada del radicalismo era sesionar esta tarde y asegurarles también una prórroga hasta febrero a los deudores morosos no bancarizados. De hecho, para hoy fue convocada una sesión especial para tratar el tema. Se sabe que la UCR y las bancadas menores, como el Frepaso, quieren sacar la prórroga por ley, pero la mayoría de los justicialistas atendería el pedido oficial de evitar la discusión.
En sus encuentros con legisladores, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el ministro del Interior, Jorge Matzkin, argumentaron que el acuerdo con los banqueros daba seguridad plena a los deudores bancarios. Sobre los deudores con escribanías y prestamistas particulares ofrecieron algunas garantías más sui generis. El titular de la AFIP, Alberto Abad, aseguró que el organismo investigará el origen de los fondos prestados a aquellos capitalistas que intenten ejecutar el bien de su deudor. En la reunión en el Congreso, Abad mencionó que se supone que gran parte de ese dinero no se encuentra declarado ante la AFIP.
Además de esta advertencia, que funcionaría como un método disuasivo para quien intente ejecutar al deudor en mora, el Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso, dentro de tres a cuatro días, un proyecto de ley para obligar a las partes a una mediación. De esta manera, razonan en la Casa Rosada, se extenderían los plazos de la eventual ejecución judicial hasta el año que viene, igualando en los hechos la situación con los deudores con el sistema financiero.
Los funcionarios les aseguraron a los legisladores que estos mecanismos tendrán éxito. Y argumentaron que, en caso de insistir con la sanción de una ley, correrían peligro las negociaciones con el FMI. “Por eso no sacamos un decreto y firmamos un acuerdo de caballeros con los bancos”, señaló Atanasof. Mario Vicens y Carlos Heller, máximos representantes del sistema bancario, dieron aval a ese argumento.
Incluso, los banqueros desplegaron cifras que dan cuenta de que las ejecuciones en trámite son menores a las estimadas en un primer momento. En total serían unos 23.000 casos. En cabeza de los bancos nacionales habría 13.000, la mayoría repartidos entre los bancos Hipotecario, Nación y Provincia de Buenos Aires. En los bancos extranjeros existen otros 6000 casos. Y otros 4000 serían las ejecuciones pendientes extrabancarias, aquellos procesos que quedan más desguarnecidos ante la posición adoptada por el Gobierno.
La férrea posición del Gobierno generó un áspero debate con los legisladores, incluso con los justicialistas. A última hora de anoche, Atanasof, Matzkin y Abad mantenían la última reunión con los senadores de la bancada oficialista. De todas formas, los funcionarios guardan un as en la manga: si el Congreso insistiese con votar una ley frenando las ejecuciones, el Ejecutivo la vetaría y los legisladores no dispondrían del plazo necesario para insistir con esa sanción antes de que finalicen las sesiones ordinarias.
La Asociación de Deudores Argentinos (ADA) fijó su posición frente al tema. Su presidente, Hilda Gumprich, aseguró que el acuerdo con los bancos “no alcanza para solucionar el tema” y confirmó que los deudores se concentrarán esta tarde frente al Congreso para exigir la sanción de una ley. Horacio Pernase- tti, titular de la bancada de la UCR en Diputados, también fue terminante. “Debe haber una solución integral”, dijo, adelantando la posición activa que hoy tendrá su bloque en el Parlamento.