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El decreto por el cual el Gobierno aumentó hasta 400 por ciento las facturas de gas de los usuarios con altos consumos recibió un duro golpe en la Justicia. Un tribunal de Rosario declaró ayer que ese cargo es inconstitucional, en lo que constituye el primer fallo sobre el fondo de la cuestión, más allá de la docena de acciones de amparo dictadas anteriormente en distintas provincias que habían frenado su aplicación. La sentencia tiene impacto en toda la provincia de Santa Fe y obliga a la distribuidora local, Litoral Gas, a facturar sin el incremento. Sin embargo, esto recién ocurrirá cuando el fallo quede firme, tras la probable apelación del Ejecutivo nacional.

La resolución fue dictada por el juez federal Héctor Zucchi, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, en respuesta a una demanda de la Unión de Usuarios y Consumidores. Horacio Bersten, uno de sus directivos, remarcó ante este diario que el fallo “no es una medida cautelar, sino una sentencia de fondo”. “Es el primero en el país y establece que el cargo específico destinado a solventar los costos de la importación de gas, que se impuso a través del decreto 2067/08, es inconstitucional”, puntualizó. El argumento del magistrado es que el aumento implica en los hechos una carga tributaria y eso sólo puede hacerse por ley.

En ese sentido, el juez aceptó el planteo que hicieron Valeria Vaccaro y Patricia Ferrareto, las apoderadas de la entidad de consumidores que formularon la presentación. El fallo podría ser el primero de una serie de sentencias similares en distintos puntos del país. De acuerdo con los tiempos judiciales y con el plazo transcurrido desde que se resolvieron las acciones cautelares también en favor de los usuarios, fuentes de Tribunales estimaron ante Página/12 que es probable que en los próximos treinta días se sucedan resoluciones similares a las de Santa Fe. Es decir, que los jueces fallen sobre el fondo de la cuestión. Las entidades de consumidores se muestran confiadas en que los pronunciamientos también serán contrarios al decreto del gobierno nacional.

El Ministerio de Planificación tiene previsto volver a cobrar el cargo en su totalidad a partir del 1º de octubre. Sin embargo, en caso de reproducirse los fallos como el de Santa Fe, se iría quedando sin margen para seguir con su plan y debería reemplazar ese mecanismo de aumento por otro, o bien continuar con los subsidios.

En el Congreso, en tanto, distintos partidos de la oposición ejercen presión contra el cargo tarifario. La jefa del bloque de diputados socialistas, Silvia Augsburger, señaló ayer que el próximo miércoles se reunirá con sus pares de otras bancadas para “impulsar la derogación del decreto 2067/08”. En Santa Fe, el camino lo inició la Justicia.