Las entidades agropecuarias lograron interceder en la promulgación de la reforma impositiva que fue sancionada la semana pasada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Después de una intensa reunión con el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), Rafael Perelmiter, dirigentes agropecuarios y funcionarios acordaron una serie de reformas al Impuesto Inmobiliario Rural y la suspensión del gravamen sobre la actividad portuaria. Para el primero, se establecerá un tope del 39 por ciento en los aumentos y habrá diferenciación de la alícuota a aplicar según la zona geográfica. También se hizo lugar a un reclamo de los productores de que el impuesto recaiga sobre la valuación fiscal del 2003 y no la del 2005, la primera de ellas de menor monto. Desde la dirigencia agropecuaria hubo reacciones a favor y en contra del acuerdo.

El titular de Arba dio más precisiones sobre el encuentro: “A este acuerdo no llegamos sin esfuerzos, hubo opiniones fuertes de un lado y otro y ahora resta someterlo a consideración del gobernador y enviarlo a las cámaras legislativas”. Por la tarde (posterior a la reunión), Perelmiter le comunicó personalmente las novedades a Scioli, quien deberá ratificar (o no) los cambios para enviarlo nuevamente a las cámaras legislativas y que la ley se modifique.

El impuesto inmobiliario y portuario tendrá, al menos parcialmente, un revés. Según el titular de Arba, “la provincia, con esta modificación, ha resignado recaudación: de 170 millones de pesos bajamos a 155 millones en el inmobiliario”. Se consensuó distinguir en el aumento de la alícuota según una subdivisión de la provincia en 5 zonas. Los porcentajes irán desde un 20 a un 39 por ciento, con un promedio del 35. La aplicación diferencial es en función de zonas “agroecológicamente uniformes”. Además, se estableció la eximición de 12 partidos del sudoeste de la provincia afectados por la sequía.

Otra modificación acordada fue que los inmuebles que funcionan como instalaciones productivas que no superen los 100 mil pesos no deberán tributar. También fijaron un tope en el aumento del 20 por ciento para la Cuenca del Salado, un área dedicada a la ganadería, actividad muy castigada por la sequía y por la menor rentabilidad relativa frente a la agricultura. Los dirigentes agropecuarios lograron imponerse en la forma de valuación de los inmuebles a gravar. La base imponible será la del 2003, con precios hasta cinco veces menores a los del 2005, que era la que preveía en un principio la ley. “Valoramos el diálogo pero el impuesto no es equitativo”, se quejó ante Página/12 Jorge Solmi, director de FAA y diputado provincial electo por el PRO.

Con respecto al cuestionado artículo 26, dedicado al gravamen de la actividad portuaria, se consensuó la suspensión por 90 días. “Se va a estudiar una alternativa”, confiaron desde Arba a este diario.