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Después de que se alejó de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya asesora a universidades y municipios bonaerenses sobre cuestiones fiscales. Desde ese lugar de menos exposición, el ex titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires avala los puntos centrales de la reforma tributaria bonaerense, en particular la suba del impuesto Inmobiliario Rural sobre un núcleo de propietarios que identifica como “de los más ricos del mundo”.

–¿Cómo evalúa la suba del Inmobiliario Rural?

–Me parece importante que las provincias y municipios logren aumentar la presión fiscal sobre el sector agropecuario, que es uno de los más ricos del mundo y que paga monedas: solamente 14,80 pesos por hectárea por año.

De alguna manera, las retenciones son producto del lobby del campo para no tributar a nivel local, donde el campo casi no paga. De Ingresos Brutos, está directamente exento, por ejemplo. Si no se hubiesen definido retenciones sobre las exportaciones, el campo sería un sector con alta rentabilidad que no tributaría.

–Pero a usted las retenciones no le seducen mucho.

–La devaluación de 2002 las hizo necesarias. Pero después de 2004 se transformaron en un error político, porque no permiten distinguir entre el pequeño productor, con márgenes de rentabilidad exiguos, y los grandes negocios de empresas agropecuarias. Es un impuesto bobo porque mide a todos con la misma vara. El que sirve es Ganancias. Pero para cobrarlo el Estado tiene que estar bien preparado y gravar de acuerdo con la rentabilidad de la unidad.

–Las retenciones no se coparticipan.

–El Inmobiliario Rural ayuda al federalismo fiscal, que en Argentina no es verdadero. Las provincias cubren la mitad del gasto total, pero sólo se llevan un cuarto de los ingresos. Sólo si la Nación coparticipara Bienes Personales, Buenos Aires podría recaudar más del doble sin necesidad de subir ningún impuesto.

–En el marco de gravar las herencias superiores a tres millones de pesos, la ley provincial también prevé fiscalizar el contenido de las cajas de seguridad de los fallecidos. Desde ARBA usted impulsó ese control.

–Los argentinos somos tan evasores que transformamos las cajas en algo sobrenatural e intocable. Pero la Constitución y el derecho son claros: todos los bienes forman parte del patrimonio, incluidos las medias y calzoncillos. Acá hay resistencia para pagar el Inmobiliario o Patentes por una presión fiscal del 0,23 por ciento, cuando en el mundo ese gravamen sube al uno por ciento del valor de los bienes. Para compensar eso surgen impuestos disfrazados, como el de Sellos o a la herencia.

–¿Cree que la reforma tributaria tiene alguna omisión importante?

–Que no grava la renta financiera, como lo propone un proyecto provincial con media sanción. Siempre en el país triunfaron los lobbistas en contra, con el argumento de que ese gravamen provocaría una fuga de capitales. Nada más lejos de la realidad. Brasil y Chile lo tienen desde hace tiempo y no ocurrió nada. La fuga tiene que ver con las condiciones políticas y la inestabilidad económica de la Argentina. No la animaría un impuesto.