Enrique Martínez es presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y un incansable promotor de iniciativas para apuntalar el desarrollo nacional. En diálogo con Página/12 explica por qué el proyecto de ley que establece un “impuesto tecnológico” es insuficiente para incentivar la producción local de equipos electrónicos. Además, reconoce que Venezuela aprovecha al INTI más que la propia Argentina y destaca que la teoría de la especialización exportadora promovida por el Banco Mundial fracasó porque la industrialización no debe ser pensada sólo en pos del mercado mundial sino también con el objetivo de producir al menos los bienes básicos que se consumen localmente. “Un país sin producción de alimentos, de vestimenta y de medicamentos está absolutamente desguarnecido”, sostiene.

–Usted señaló que el proyecto de ley que fija un “impuesto tecnológico” es importante, pero insuficiente, ¿por qué?

–La industria que está protegida por el régimen de Tierra del Fuego se organizó alrededor del ensamblaje. En la mayoría de los casos, se importa el aparato desarmado y se lo arma integrando sólo algunos componentes básicos que no vale la pena transportar. Lo que hace falta es sumar integración nacional de piezas y eso requiere aporte tecnológico y apoyo económico. La provincia de Tierra del Fuego nos manifestó que tiene intención de ejercer una política de mayor integración de componentes nacionales porque eso tiene un efecto directo sobre la ocupación. Si se hace una acción de gobierno combinada con aporte de tecnología pueden aparecer nuevos actores que desarrollen esos componentes.

–¿La exigencia de una mayor integración nacional no se podría haber incluido en el proyecto que está por aprobarse?

–Cuando la Presidenta anunció el año pasado el crédito a General Motors dijo que ese desembolso estaba condicionado a que se aumentara el componente nacional para fortalecer a la red local de proveedores de autopartes. Me parece que en el caso de la ley se debería haber hecho lo mismo. Es conveniente poner todas las condiciones de entrada. En este caso no sucedió, pero nada impide que suceda en el futuro. Nosotros vamos a promover un trabajo orgánico con la cámara de productores y exigirles que tomen un compromiso de aumentar la integración nacional.

–Los países asiáticos fortalecieron su industria otorgando subsidios y créditos blandos a empresas, pero se les exigía el cumplimiento de metas y si no las lograban la ayuda se interrumpía. En Argentina, por lo general, los beneficios no se interrumpen si las metas no se cumplen.

–En realidad, el cambio en las políticas de promoción se produjo durante el gobierno de Carlos Menem. Hasta entonces, lo razonable era que todo régimen de promoción sectorial contemplara integración progresiva de componentes nacionales. Es por esa razón que los automóviles nacionales llegaron a tener en algún momento un 95 por ciento de componentes argentinos. Luego, al globalizarse la industria, las corporaciones multinacionales prefirieron los acuerdos regionales donde, por ejemplo, se suman componentes argentinos y brasileños. De ese modo, las multinacionales pasaron a controlar la integración y se perdió de vista la posibilidad de una integración nacional alta. La lógica anterior a los ’90 era mucho más válida que la lógica que se empezó a aplicar después.

–Pero antes de los ’90 no se monitoreaba a dónde iba el dinero público. De hecho, el Banade dio muchísimos préstamos que nunca pudo recuperar porque las empresas no invirtieron en producción.

–Eso fue en la última época del Banade, cuando ya había entrado en crisis. Yo participé como joven funcionario público de la Dirección de Industria en la década del ’70 y los controles automotrices eran muy rigurosos.

–Durante la discusión del “impuesto tecnológico” los importadores remarcaron que se perjudicará a millones de consumidores para terminar beneficiando a sólo unos pocos miles de trabajadores.

–Una sociedad sólo de consumidores y de prestadores de servicios es una entelequia absurda. Si la gente tiene dinero en el bolsillo es porque produce bienes y si produce bienes es porque alguien los compra. Yo escuché a la senadora Estenssoro decir que los sectores humildes no van a poder ver televisión digital en sus celulares porque van a ser caros. En realidad no lo van a poder ver porque esos celulares no se fabrican en la Argentina. Si se fabricaran ése y otro conjunto de bienes, se produciría un mecanismo acumulativo de riquezas que permitiría que hubiera pleno empleo y la gente tuviera en el bolsillo el dinero suficiente para comprar los bienes.

–También hay quienes afirman que los países deben aprovechar sus ventajas comparativas, lo que en el caso argentino significaría especializarse en la agroindustria.

–El Banco Mundial promovió esa teoría de la especialización exportadora, según la cual, a países como los nuestros les corresponde exportar harina de soja y minerales e importar los bienes de consumo. Esa teoría fracasó en todo el mundo porque no se construye un tejido industrial lo suficientemente denso, se genera alta desocupación y bajan los salarios reales.

–¿Por qué ocurre eso?

–Se fracasa porque Argentina debería tener suficiente acumulación de conocimiento para integrar las cadenas que parten de una ventaja competitiva e industrializar, por ejemplo, toda la harina de soja, pero resulta que hemos sido inducidos a especializarnos en la producción de soja sin un paquete tecnológico nacional. El modelo de siembra, la aplicación de fertilizantes, el acopio, el transporte y la venta al exterior está en manos de multinacionales que no tienen interés en transformar la harina de soja en pollos, cerdos, adhesivos, tintas y otros productos. La cadena podría seguir hacia adelante y en ese caso sí, podríamos decir que hemos utilizado nuestra ventaja competitiva de manera integral para lograr plena ocupación y competir en el mundo.

–Algún economista le podría responder que entonces el desafío es agregar valor a la producción agropecuaria y dejar de lado otros sectores industriales.

–Establecer las industrias en base a la competitividad mundial es una lógica más, pero no la única. Otra lógica indica que un país debe producir al menos todos los bienes básicos que consume porque sin producción de alimentos, de vestimenta y de medicamentos está absolutamente desguarnecido.

–Después de lo ocurrido el año pasado con la derrota de la resolución 125 parece difícil aplicar subsidios cruzados del agro a la industria para fortalecer modelo con mayor valor agregado.

–Se puede lograr. Hacen falta actores generados desde el Estado para construir tejido industrial donde no lo hay y mejorar la eficiencia de las cadenas de valor. Eso no requiere inmensos recursos. No requiere modificar sustancialmente la estructura impositiva vinculada con las retenciones al agro. Lo que se necesita es una mirada de largo plazo que tenga en cuenta la integración del tejido y pautadamente ir construyendo industria en algunos espacios donde hoy ni siquiera hay producción primaria. En el INTI tenemos una propuesta que fue elevada a la Presidenta y que está en avanzado estudio, para avanzar en decenas de pequeñas y medianas industrias construyendo tejido industrial y nos parece factible.

–Lo llamativo es que algunos industriales descreen del modelo industrial.

–Es paradójico. Es producto de una mirada microeconómica que apunta a conservar la posición de mercado y la ganancia sin mirar el mediano y largo plazo. Ese discurso ignora que si no se modifica la lógica de mercado la situación productiva se deteriora. El mercado debe ser usado como un instrumento para satisfacer las necesidades comunitarias. Por ejemplo, la industria del calzado sobrevive discutiendo cuotas con los brasileños, cuando en realidad la cuota es un hecho anecdótico de la coyuntura. La cuestión de fondo es estudiar cuál es la mejor manera de producir calzado en el país, consiguiendo a la vez que los obreros tengan un salario digno y que todos los argentinos tengan zapatos. Esas tres cuestiones consolidarían un esquema virtuoso donde los empresarios ganan. Si sólo se apunta a bloquear el ingreso de zapatos brasileños en algún momento la mitad de la Argentina va a terminar caminando en patas.

–Da la sensación de que Venezuela aprovecha mejor el potencial del INTI.

–Es parcialmente cierto porque Venezuela necesita el apoyo de organismos como el INTI de manera más notoria y evidente. En Argentina hay un sector empresario con autonomía y capacidad de construir que por momentos imagina que no necesita la institución. Sin embargo, una vez que se de- sarrolla la experiencia venezolana comienza a quedar claro que en las regiones pobres del país el INTI podría cumplir un papel similar o superior al que se está llevando adelante en Venezuela. Además, los convenios con Venezuela benefician a muchas pymes argentinas.

–Lo llamativo es que para mostrar el potencial del INTI haya que asesorar a Venezuela.

–Lo que pasa es que en Argentina todavía tiene vigencia la idea de que la solución para todos los problemas pasa por crear un clima de negocios favorable y que los inversores luego lo aprovechan. La acción del Estado como tutor, o hasta como reemplazo temporario de un emprendedor para construir unidades productivas que luego sean trasladadas a la actividad privada, todavía no se ve como necesaria. Es paradójico, pero es así.

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