La Red de Personas con Discapacidad y otras organizaciones civiles exigieron que Mauricio Macri vete la ley, promovida por su propio bloque, que prorrogó por un año el plazo para que la administración porteña dé cumplimiento al cupo laboral para discapacitados, establecido por la Constitución y la legislación de la Ciudad. El proyecto inicial del PRO llevaba la prórroga a cinco años, con opción a cinco más, lo cual prácticamente hubiera implicado la supresión de ese derecho. El conflicto se enmarca en la permanente violación de las leyes que, en la Argentina, reservan plazas laborales para estas personas. En la ciudad de Buenos Aires, el cupo es del cinco por ciento, pero los empleados con discapacidad no superarían el uno por ciento, sostienen estas organizaciones –según el Ejecutivo porteño, la cifra llegaría al dos por ciento–. En la Nación, la ley manda un cupo del cuatro por ciento, pero el cumplimiento tampoco superaría el uno por ciento y ni siquiera existen las herramientas para gestionarlo, ya que el Poder Ejecutivo nacional nunca reglamentó la norma. Según una representante de la gente con discapacidad, una razón para todos estos incumplimientos sería que “en todas las jurisdicciones, los funcionarios prefieren reservar esos empleos para ‘acomodados’ y clientela política”.

“Es menester resaltar que el partido político PRO se vio beneficiado al identificarse, tanto en campañas políticas como en gestión ejecutiva, con personas con discapacidad, y éste es un acto ostensiblemente contradictorio con las propuestas de campaña”, sostuvo la Red Derechos y Discapacidad (REDI), en el documento que reclama el veto a la Ley 3230, que prorroga por un año el plazo otorgado para el cumplimiento del cupo laboral del 5 por ciento para personas con discapacidad.

Facundo Chávez Penillas, miembro del Comité Ejecutivo de REDI, recordó que “el cupo rige no sólo para los empleados de la administración, sino para los de las concesionarias o contratistas de servicios públicos: quedó establecido desde 1996 en la Constitución de la Ciudad, y reglamentado a partir de la Ley 1502, de 2004. Esta ley establecía un plazo de cinco años para la incorporación progresiva de trabajadores hasta cubrir el cupo: a los dos años se debía llegar al dos por ciento, a partir de lo cual la obligación era avanzar el uno por ciento cada año. Ninguna de las administraciones porteñas cumplió, y el pedido de prórroga es directamente inconstitucional”.

La REDI requirió que Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, vete la ley, y le solicitó una audiencia que hasta ayer no había sido concedida. En el Registro de Aspirantes, que depende de la Comisión para la Plena Capacitación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Copidis), hay más de 4600 inscriptos, con distintos grados de formación profesional y diversos tipos de discapacidad, esperando empleo.

Ante la consulta de este diario, la Copidis hizo llegar un informe según el cual “esta gestión, al momento de asumir, heredó el 0,36 por ciento del cupo establecido por la Ley 1502, en relación con el tres por ciento que debería haber estado cumplido a esa fecha. En la actualidad, el cumplimiento es de un dos por ciento”.

Isabel Ferreyra –quien, además de integrar la REDI, dirige la atención a personas con discapacidad en la Defensoría del Pueblo porteña– afirmó en cambio que “según nuestros datos, el cumplimiento actual del cupo en la ciudad no llega en absoluto a la proporción que el gobierno aduce: en realidad superaría apenas el uno por ciento”.

Así las cosas, se multiplican los pedidos de amparo judicial de personas con discapacidad para que, en cumplimiento del cupo establecido por ley, se les garantice trabajo en la administración porteña. “La respuesta de los jueces viene siendo adecuada, y varias personas lograron ser incorporadas por este procedimiento –contó Ferreyra–. Sin embargo, el actual Gobierno de la Ciudad parece convencido de que el incumplimiento no le traerá ninguna consecuencia; quizá cuenta con la dificultad que tienen las personas con discapacidad, por problemas de accesibilidad y falta de recursos, para hacer uso de su derecho de acudir a la Justicia”.

En cuanto a la administración pública nacional, la Ley 25.689, promulgada el 2 de enero de 2003, estableció un cupo del cuatro por ciento (que en rigor ya estaba dispuesto desde hacía más de 20 años por la Ley 22.431), pero “el cumplimiento en la Nación no supera el que existe en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Ferreyra, y agregó que “transcurridos casi siete años, el Poder Ejecutivo todavía no reglamentó la Ley 25.689”.

Ante la consulta de este diario, la Secretaría de la Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, respondió que “con la cooperación del Ministerio de Trabajo de la Nación, esta secretaría se halla trabajando en el decreto reglamentario de la Ley 25.689”.

Ferreyra sostuvo que “en todas las jurisdicciones, los funcionarios se resisten a que las personas con discapacidad puedan compartir el porcentaje de empleos públicos reservados para ‘acomodados’ y clientes políticos; por eso el cupo nunca se cumplió”.