A once años de su sanción, se reglamentó la Ley Federal de Pesca. Luego de un extenso período de negociaciones con los distintos sectores involucrados, el Gobierno presentó el mecanismo de distribución para la captura de la especie de merluza más popular. Las cuotas que corresponderán a cada embarcación durarán quince años y serán transferibles. El objetivo del Ejecutivo es brindar un marco de previsibilidad a las empresas sobre los porcentajes que podrán pescar cada año y asegurar la sustentabilidad de la pesca nacional. Para acceder a cuotas, las firmas pesqueras deberán estar al día con AFIP, Anses y formalizar los convenios colectivos de trabajo. El sector emplea alrededor de cien mil trabajadores en forma directa e indirecta. Desde el Ministerio de Agricultura, las provincias involucradas y el sector privado reconocen que deberán reforzarse los controles para evitar que continúen profundizándose la concentración en el sector y la depredación de la biomasa.

La legislación de 1998 buscó terminar con la pesca olímpica, la pesca irrestricta y sin controles para frenar la destrucción de los recursos. No lo logró. Por su parte, los distintos intereses políticos y económicos demoraron su reglamentación definitiva. La erosión de las riquezas del sector tuvo como protagonista destacado a Felipe Solá. Sus gestiones para facilitar la sobreexplotación permitieron que la biomasa de merluza hubssi –la más importante– cayera desde medio millón hasta menos de 100 mil hace cinco años. Hoy se encuentra en 270 mil.

Desde el próximo año, cada barco obtendrá un porcentaje de las distintas especies –hubssi, polaca, negra y de cola– que puede pescar fijado en base a sus niveles históricos de captura. La traducción de la cuota en un volumen se realizará de acuerdo con el máximo permitido cada año por el Inidep. Ese organismo atraviesa hoy un conflicto gremial que puede poner en riesgo su capacidad para estimar los volúmenes de pesca máximos por especie. Según señaló durante la presentación de la medida la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “así las empresas saben cuánto pueden pescar y al fijar los permisos de captura máxima estamos preservando un recurso que debe tener sus ciclos reproductivos para asegurar la sustentabilidad”.

“Todavía tenemos que mejorar, pero con los nuevos controles ponemos fin a la depredación. Los empresarios tienen las concesiones por 15 años y se les exige que estén al día con AFIP, Anses y formalicen los convenios colectivos de trabajo”, explicó el subsecretario de Pesca, Norberto Yahuar. Las empresas que no cumplan con esos requisitos podrán ser sancionadas por el Consejo Federal Pesquero.

La Presidenta y el funcionario de Agricultura enfatizaron que la legislación fue consensuada con todas las partes. Por su parte, los representantes de Tierra del Fuego en el Consejo, Eduardo Bauducco y Nicolás Gutman, señalaron que “la lógica privada no es la preservación del recurso (...), la administración por parte del Estado a partir de la cuotificación y controles eficientes permite quebrar ese mecanismo”. En ese sentido, advirtieron la relevancia de asegurar fuertes controles para evitar que el sistema resulte en una continuidad de los mecanismos existentes hoy en día.

El 95 por ciento de la producción pesquera se exporta, principalmente a la Unión Europea, que concentra alrededor del 60 por ciento de las compras. En 2008, con el precio de la tonelada de merluza oscilando entre 2600 y 2700 dólares, el sector generó 1150 millones de dólares. Este año, con el valor de pescado en caída y una muy reducida captura de calamar, en Agricultura estiman que las ventas rondarán los 1100 millones de dólares. El estrecho vínculo con la UE está rodeado por un riguroso marco normativo que fácilmente puede terminar siendo utilizado por las autoridades de ese bloque como una barrera paraarancelaria.

Los expertos señalan que la medida no alterará significativamente la distribución de hecho que hoy poseen las cuotas, donde las firmas más poderosas concentran gran parte del rentable negocio. Sin embargo, permite avanzar en la preservación de la biomasa y limitar la depredación del recurso.