El Senado intentará el miércoles convertir en ley los cambios en el régimen de Monotributo, que contemplan aumentos de hasta un 90 por ciento, y la prórroga de la Emergencia Económica hasta 2011. Ambos proyectos obtuvieron media sanción en diputados el pasado 11 de noviembre por amplia mayoría y ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta.

El nuevo régimen del monotributo prevé dos cambios claves: la recategorización y el aumento en el componente previsional y de obras sociales. En el primer caso, el proyecto del Ejecutivo eleva de 72 mil a 200 mil pesos el máximo de facturación anual por locación de servicios y de 144 mil a 300 mil pesos para el resto de las actividades, mientras que elimina la categoría A unificando a los que facturan hasta 12 mil por año con los que facturan hasta 24 mil. Por el otro lado, aumentan las sumas fijas del aporte jubilatorio (de 35 a 110 pesos) y de la obra social (sube de 46,75 a 70 pesos).

El aumento de la sumas fijas tiene un fuerte impacto en las categorías más bajas. Por ejemplo, los que hoy declaran facturar hasta 12 mil pesos pasaran de pagar 114,75 a 219 pesos por mes, lo que representa un aumento de 90,8 por ciento. Para los que facturan hasta 24 mil, el monto va de 120,75 a 219, una suba del 81,3 por ciento. En esas dos categorías, que ahora serán una sola, están inscriptos 700 mil personas del 1,1 millón inscripto en el régimen. Los que trabajan en relación de dependencia sólo pagan el componente impositivo porque ya aportan a la obra social y al sistema jubilatorio. Por lo tanto, no deberán afrontar aumentos.

Además el proyecto aprobado en Diputados establece para las escalas que van de 200 mil a 235 mil pesos anuales la condición adicional de contar como mínimo con un empleado en relación de dependencia, mientras que las de 235 mil a 270 mil deberán tener dos empleados y las más altas, al menos tres.

En lo que respecta a la prórroga de la Emergencia Económica, lo que busca el oficialismo es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda llegar al final de su mandato bajo el amparo de esa norma, ya que en el texto se pide prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2011, y así no tener que negociar durante los últimos meses de su gestión con un Congreso donde no contará con mayoría propia. Esa ley faculta al Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar los contratos de los servicios públicos privatizados, regular precios de la canasta básica, y reordenar el sistema financiero. En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo fundamentó que “pese a la positiva recuperación económica y social, el escenario del mundo se ha transformado sustancialmente”. La prórroga de emergencia fue votada por primera vez en 2002, tras la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa y el estallido de la crisis económica, y desde entonces ha sido prorrogada todos los años.