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El diputado porteño Gonzalo Ruanova, de Espacio Plural, se presentará hoy como querellante en la causa del espionaje telefónico junto a sus colegas Diana Maffía, de la Coalición Cívica, y Silvia La Ruffa, del Frente para la Victoria. En la Legislatura hacía varios meses que las habladurías sobre líneas pinchadas se repetían con cierta frecuencia. Por eso, la confirmación de que el comisario Osvaldo Chamorro juntaba información sobre los tres políticos opositores se transformó en una profecía autocumplida.

–¿En qué consistió el seguimiento sobre usted y las otras dos diputadas? –le preguntó este diario a Ruanova.

–Se solicitó desde la computadora del comisario Osvaldo Chamorro un entrecruzamiento de datos con el sistema Noxis donde iban a buscar datos de la actividad financiera y personal nuestra, números telefónicos y descripciones de nuestras casas, que serían el paso previo, tal como hicieron con Sergio Burstein, para después solicitar a la Justicia de Misiones esa suerte de exhorto o medida oficial para pinchar los teléfonos. Hasta hoy, lo que está comprobado en la causa, es que habían solicitado esa información.

–¿Por qué la de ustedes tres y no la de otros diputados?

–Lo que nos unifica a Maffía, La Ruffa y a mí es que, más allá de estar en diferentes espacios políticos, trabajamos activamente en la oposición a la designación del comisario Palacios. No sólo en la Legislatura, sino que acompañamos a Sergio Burstein en las actividades públicas, en cada lugar donde se dio el debate, tanto en el ámbito parlamentario como en la sociedad. Nos estábamos oponiendo a esta policía y cómo la iba armando Palacios.

–Cuando se alejó Palacios siguió Chamorro, ¿nada cambió?

–No puede ser que cuando se fue Palacios no se hayan ido Chamorro y los quince comisarios que siguen en la Metropolitana todavía hoy. Con ese cuerpo jerárquico y este plan de acción, la Policía Metropolitana no está en condiciones de salir a la calle. Debemos reformular su proyecto para dotarlo de legitimidad. Cuando lo designaron a Palacios ya lo habían imputado en la causa de la AMIA porque hacía pinchaduras de teléfonos, investigaciones fuera del marco de ley y apretaba testigos. O sea, Macri sabía que iba a designar a cargo de la policía al dueño de una empresa de seguridad privada que utilizaba estos métodos para investigar.